El caso del espionaje evidencia las discrepancias de fondo entre Robles y Bolaños

El caso del supuesto espionaje masivo al independentismo así como el ataque a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la titular de Defensa, Margarita Robles, han evidenciado las discrepancias de fondo entre la responsable del CNI y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El hecho de que Moncloa apunte directamente a la responsable de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, como la responsable última de la brecha de seguridad, se entiende desde el departamento de Robles como una cesión a ERC para contentar a un socio parlamentario que compromete la estabilidad de la legislatura.

El principal motivo de discordia reside en sobre quién recae la responsabilidad de supervisar la seguridad de las comunicaciones de los miembros del Gobierno, empezando por el jefe del Ejecutivo. Robles no quiso ahondar en este asunto durante su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso, pero interrogada al respecto antes de acceder a la sala, apuntó a Félix Bolaños.

"¿De quién depende la seguridad de los móviles del presidente?", le preguntaron. "Todo está en las normas, todo está en la ley, eso es lo que pasa en democracia, dediquen un minuto de tiempo a leerlo", replicó a los periodistas. Menos explícita fue ante la pregunta directa de si Paz Esteban debe dimitir, que respondió con el silencio a sabiendas de que responsable de la inteligencia española está en la cuerda floja.

La responsabilidad sobre la seguridad de los móviles del Gobierno divide a los dos ministros

El Independiente adelantó hace dos días que Moncloa es la que controla directamente la seguridad del presidente y de sus ministros a través de su departamento de seguridad, que depende de Bolaños, y con implicación también del director de gabinete de Sánchez, Óscar López, a la hora de adscribir los efectivos policiales necesarios. También está bajo el mando orgánico de López el Departamento de Seguridad Nacional, ,dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros, quien Moncloa quiso en su momento al frente del CNI hasta que impuso su criterio Robles.

Sin embargo, el decreto que regula las funciones del Departamento de Seguridad de Moncloa deja una zona de sombra. Eso permite que Presidencia y Defensa se pasen la pelota uno a otro sobre a quién corresponde las cuestiones que afectan a la ciberseguridad, que el decreto no especifica más allá de "la protección del personal, edificios e instalaciones" del complejo de la Moncloa, aunque sea este departamento el encargado de entregar los móviles encriptados a los miembros del consejo de Ministros.

En el Gobierno no dudan en apuntar al CNI y al Centro Criptográfico Nacional (CCN). Defensa sugiere, por contra, que es Moncloa a la que le corresponden los protocolos de seguridad de los móviles y ordenadores de los ministros, aunque la comprobación técnica sea realizada por el CCN.

Pero aquí vuelve a haber otra importante laguna. No hay protocolo que obligue a revisar, presencialmente, las terminales de los miembros del Gobierno acorde con unos plazos establecidos ni ante determinadas circunstancias como puede ser una crisis diplomática. El Centro Criptográfico incorpora en remoto las actualizaciones de seguridad y recomienda a los ministros que se dirijan a ellos si notan algo raro en sus aparatos. Nada más.

En resumen, las relaciones entre Bolaños y Robles no pasan por el mejor de sus momentos, y eso tensiona las relaciones en el Ejecutivo.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, explicó cómo el móvil del presidente "se examina periódicamente, pero los protocolos mejoran cada día. Está claro que se han producido errores, el ataque existe y estamos trabajando para mejorarlo y que no vuelva a suceder". Hasta por dos veces repitió lo de "se han producido errores" y Moncloa busca un chivo expiatorio para intentar enderezar la legislatura. Robles replica: "Errores puede haber, pero fisuras en la seguridad del Estado, no".

Y todo ello en un Gobierno que hace mes y medio presumía de ser puntero en ciberseguridad. Los diputados del PP Pablo Hispán y Valentina Martínez formularon el pasado marzo una pregunta por escrito al Ejecutivo para interesarse sobre las condiciones de España en ciberseguridad y si estamos realmente preparados para repeler ataques cibernéticos.

España "se encuentra a la vanguardia europea e internacional de ciberseguridad", dice el Gobierno

Y la respuesta nos colocaba casi en la Champion, que diría José Luis Rodríguez Zapatero, de los países más avanzados. España "se encuentra a la vanguardia europea e internacional en todo lo que concierne a la ciberseguridad, tanto en términos regulatorios, como tecnológicos e institucionales. España cuenta con una amplia red nacional de Centros de Respuesta Rápida a Incidentes Cibernéticos (CERT) y con tres instancias de coordinación de respuesta a incidentes que afecten al sector privado (INCIBE), a la Administración Pública (Centro Criptológico Nacional-CCN) y a la defensa (Mando Conjunto de Ciberseguridad)".

Además, "está en vigor una Estrategia Nacional de Ciberseguridad; y el Consejo de Ministros acaba de aprobar un Plan Nacional de Ciberseguridad, que recogen sistemáticamente las medidas, actuaciones, mecanismos y protocolos de protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los sistemas de telecomunicaciones e información, públicos y privados". En definitiva, "nuestro país está en condiciones de anticipar y prevenir ciberataques, y de mitigar sus efectos, recuperar las funciones afectadas y responder debidamente en caso de que estos se produjesen".