España

Una decisión controvertida

El Gobierno avisa al TC de que no puede tumbar a sus dos candidatos: "Son absolutamente idóneos"

El ministro de la Presidencia señala que el Constitucional se ha de limitar a "verificar" que Campo y Díez cumplen los requisitos formales, exigencia que ambos superan | El tribunal de garantías debe decidir si los admite ya o frena su toma de posesión hasta que el CGPJ designe a los otros dos magistrados

MADRID, 29/11/2022.- Los ministros de Política Territorial y portavoz del Gobierno; Isabel Rodríguez (c); Justicia, Pilar Llop (i) y Presidencia, Félix Bolaños (d), durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de La Moncloa. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, junto a los titulares de Justicia, Pilar Llop, y Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 29 de noviembre de 2022, en la Moncloa. EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

El Gobierno defiende a capa y espada sus dos nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC), el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez—, y lo hace no solo ante sus propios socios y la oposición, sino ante los propios magistrados. Sus dos candidatos son «absolutamente idóneos» y lo único que debe y puede hacer el TC, cuando reciba la comunicación de la Moncloa, es «verificar» que cumplen los requisitos formales que impone la Carta Magna, exigencia que ambos superan.

Fue el recado que dejó el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, mano derecha del presidente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, reunión que aprobó las designaciones de Campo y Díez. Ambos son nombrados para el TC por un periodo de nueve años, y relevarán a Pedro González-Trevijano, actual presidente de la institución, y Antonio Narváez, los dos aupados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero no está tan claro que el trámite de incorporación de Campo y Díez sea inmediato. El TC debe reunirse en pleno para comprobar que reúnen los requisitos, pero el problema radica en que la Carta Magna impone, en su artículo 159, una renovación del órgano por tercios, y el tercio que corresponde renovar lo componen dos candidatos propuestos por el Gobierno y otros dos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces no ha dado sus dos nombres por el bloqueo de los vocales conservadores, y de hecho no tiene previsto reunirse en pleno hasta el próximo 22 de diciembre.

Desde el Gobierno, no tenemos duda de que el TC va a validar las candidaturas y que tanto Campo como Díez serán magistrados en breve»

FÉLIX BOLAÑOS, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

En definitiva, ahora el TC debe decidir qué hacer: si admite a Campo y Díez y les permite tomar posesión, si les deja a la espera de que el CGPJ designe a los dos suyos o bien si los tumba. «Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos», defendió Bolaños, quien se mostró «convencido» de que harán su labor «con rigor» y «con vocación de servicio público».

El ministro señaló que ahora el Gobierno remitirá su decisión al TC para que «verifique que estos dos candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad«: ser español, jurista, con una trayectoria de más de 15 años de ejercicio profesional y de «reconocida competencia». Requisitos, reiteró, que Campo y Díez «cumplen sobradamente». Es a lo que los magistrados del TC, dijo, se tienen que «limitar«. Bolaños admitió que la Carta Magna impone dos obligaciones: una renovación por tercios y que el Gobierno proponga a sus dos magistrados cuando transcurren nueve años del nombramiento anterior, y por tanto «ahí se podrá interpretar cómo casar esas dos obligaciones».

El ministro de la Presidencia se amparó en una sentencia del propio TC, la 191/2016, de 15 de noviembre, que no veía tacha de inconstitucionalidad a que se produjera una renovación parcial del CGPJ, «por los motivos que sean». Además, recordó que la propia ley orgánica del TC contempla, en su artículo 16.5, que cuando hay retrasos en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos miembros «se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación». «Desde el Gobierno —concluyó Bolaños—, no tenemos duda de que el TC va a validar las candidaturas y que tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez serán magistrados en breve«.

El «derecho y el deber» del Gobierno de tomar la decisión

El Ejecutivo entiende que con el paso dado este martes se recupera la normalidad institucional y cumple además con su deber constitucional. «El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión«, justificó el ministro, para quien «la situación de bloqueo» en el CGPJ «no puede conllevar que el Gobierno incumpla sus obligaciones constitucionales». En todo momento, Bolaños endosó la culpa a los «ocho vocales conservadores» del Poder Judicial que han vetado en todo momento que se pactasen los nombramientos, que han decidido «no cumplir con la Constitución ni con la ley» aprobada el pasado julio y que devolvía al órgano de los jueces la potestad de elegir a sus dos candidatos para el tribunal de garantías. «La paciencia tiene un límite«, adujeron posteriormente fuentes de la Moncloa. Es decir, que el Gobierno esperó a que el CGPJ formalizase su propuesta, pero tras constatar que el sector conservador «no tiene ninguna voluntad» de consensuar las dos designaciones, tuvo que actuar.

En el Ejecutivo alegan que la paciencia se rebosó y que el ala conservadora del CGPJ no tenía voluntad de pactar los dos nombres

El titular de la Presidencia admitió que al Gabinete le habría gustado que sus dos nombramientos fueran a la vez que los del CGPJ y que hubiera sido de manera inmediata, dado que el plazo legal para la cobertura de las cuatro vacantes concluyó el 13 de septiembre. Alegó que el Gobierno ha mantenido la «prudencia absoluta» con la «esperanza» de que cuajaran los nombramientos. Pero no fue posible. Y encima, agregó, intentó con el PP renovar el CGPJ, pero su líder, Alberto Núñez Feijóo, no fue capaz de «aguantar» las presiones y se echó atrás.

Ante las críticas por la politización de la Justicia, Bolaños defendió la trayectoria profesional de Campo, jurista con más de 35 años de carrera, doctor en Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, servidor público «desde distintos roles«. Es una persona, continuó, «absolutamente idónea, muy reconocida y valorada tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha, dialogante, de consenso, equilibrada, profundo conocedor del mundo del Derecho». Así que «cuando el PP habla de despolitizar la Justicia, me parece que es un lapsus, es como reconocer que la tienen politizada y bloqueada», agregó.

Fotos de archivo de Juan Carlos Campo y Laura Díez, propuestos por el Consejo de Ministros de este 29 de noviembre como magistrados del Tribunal Constitucional en sustitución de los dos magistrados conservadores Pedro González-Trevijano, actual presidente, y Antonio Narváez. EFE/ PEDRO PUENTE HOYOS / QUIQUE GARCÍA

Bolaños se escudó en que el Constitucional no es un órgano jurisdiccional, sino el máximo intérprete de la Carta Magna, a cuyos miembros los nombran órganos de «naturaleza política»: Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ. «Conviene que esto también lo tengamos claro, porque es el máximo intérprete de la Constitución, no tiene una función judicial y lo que tiene que hacer es interpretar la Constitución desde distintos ámbitos», señaló.

El Ejecutivo subraya que sus dos elegidos tienen «la misma idoneidad» que los que Rajoy promovió para el cargo

También el ministro precisó que Unidas Podemos sí tenía «información precisa» de los nombramientos que este martes adoptó el Consejo —por la noche, en la SER, aclaró que su interlocutora fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz— y respondió, a quienes cuestionan la imparcialidad de los elegidos, que «poner en duda la imparcialidad de los magistrados que nombra el Gobierno es demasiado decir». Campo y Díez, añadió, tienen «la misma idoneidad» que sus antecesores, los dos nombrados por el Ejecutivo de Rajoy, Pedro González-Trevijano y Enrique López —este abandonó el tribunal en 2014 y fue reemplazado entonces por Antonio Narváez—. La Moncloa se ha apoyado precisamente en López, consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso, para subrayar que el nombramiento del exministro Campo, de carácter marcadamente político, no difiere de aquellos que ha hecho históricamente el PP. Pero hasta ahora solo había un antecedente de un exministro que llegara al TC: fue Manuel Jiménez de Parga, presidente entre 2001 y 2004. Pero fue titular de Trabajo con la UCD, entre 1977 y 1978, y quien le promovió para el tribunal de garantías casi 20 años más tarde fue el Gobierno de Felipe González, en 1995. Campo sí será el primer exministro de Justicia que aterriza en el Constitucional.

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