"Quiero destacar la madurez de ERC a la hora de tomar decisiones complejas. Gobernar no es fácil. Agradecemos la empatía, complicidad y comprensión de los compañeros de viaje". Pere Aragonès abría este sábado el 29º Congreso de ERC con una apelación a la unidad en el partido para afrontar las cesiones a las que les está obligando la negociación presupuestaria con el PSC.

Después vendría la defensa del referéndum y la independencia, pero lo primero ahora es la Generalitat. La batalla jurídica en la que se ha convertido la aplicación de la reforma del Código Penal aprobada hace apenas un mes apenas tuvo trascendencia en su discurso.

"Nosotros solo podemos condicionar el ámbito legislativo, en el judicial ya sabemos quién manda", apuntan desde ERC para desmentir, como cree Junts, que el pacto con el PSOE ha sido un fiasco"

Para Esquerra, la prioridad ahora es aprobar unos presupuestos que son la garantía de conservar el Govern de la Generalitat. Aunque el acuerdo con el PSC se cierre a costa de asumir contradicciones con sus postulados, como reconocía el propio Aragonès el jueves.

Respecto a la agenda independentista, que los llevó a condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 a la derogación de la sedición, apuntan que han logrado sus objetivos y relativizan la interpretación tanto del juez instructor, Pablo Llarena, como de la Fiscalía. "Nosotros solo podemos condicionar el ámbito legislativo, en el judicial ya sabemos quién manda", apuntan desde el partido para desmentir, como defiende Junts, que el pacto con el PSOE haya sido un fiasco.

Presiones a la Moncloa

La prioridad ahora es conservar el Govern. Cualquier cálculo de rehabilitación de Oriol Junqueras para que pueda volver a liderar la lista republicana —el efecto esperado de la reforma del Código Penal— pasa por que las elecciones no se produzcan este año. Sin presupuestos y con 33 diputados en el Parlament, eso se antoja casi imposible.

Contra las decisiones judiciales hay poco que hacer", señala un ministro. El PSOE respira más tranquilo porque no se han visto por ahora efectos adversos de la rebaja de la malversación

Por eso en las últimas semanas ERC sigue intentando explotar su condición de socio prioritario del PSOE. Pero no para cambiar políticas del Gobierno, sino para doblegar la resistencia del PSC a votar las cuentas elaboradas por el Govern. El problema de los republicanos es que Pedro Sánchez ya tiene Presupuestos asegurados, el combustible que le hará posible llegar hasta final de legislatura sin sobresaltos. Y ahora mismo es más importante para el PSOE un buen resultado del socialismo catalán en las municipales, donde aspira a reconquistar Barcelona, que la agenda legislativa en el Congreso.

No porque vaya a ser este un año vacío en las Cortes, sino porque las grandes reformas legislativas quedaron aprobadas a finales del año pasado, a falta de la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza, y en ambas el concurso de ERC sí es imprescindible. La primera sí está algo más encarrilada y en la segunda perviven algunos escollos —como el uso de las pelotas de goma, a las que los socialistas no quieren renunciar—, pero su aprobación no es del todo segura. El Ejecutivo pretende centrar este año en la explicación de su gestión y en la economía, propósitos que de hecho emergieron con nitidez en el primer pleno del año en el Congreso, el pasado martes, y que seguramente se repita en el duelo de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo este martes en el Senado.

El plan que la Moncloa había diseñado para los políticos independentistas no está saliendo según el guion previsto, al inclinarse Llarena y los fiscales del procés por la malversación agravada. La Sala de lo Penal del Supremo tendrá la última palabra, y deberá decidir si mantiene la condena por malversación intacta al entender que sí hubo lucro y si los hechos ocurridos en 2017 castigados como sedición pueden ser subsumidos por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados o, como cree Llarena, por desobediencia, no penada con cárcel.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (c), a su llegada a la manifestación contra la XXVII Cumbre Hispanofrancesa, el pasado 19 de enero de 2023 en Barcelona. EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Pero en el Gobierno y en Ferraz se desentienden de lo que ocurra a partir de ahora. "Contra las decisiones judiciales hay poco que hacer", señala a este diario un ministro del núcleo duro. En el núcleo duro del presidente insisten en que la reforma ya se aprobó, y con los votos de ERC, y ahora son los jueces los que han de aplicarla. Es decir, que el Ejecutivo defiende que ya ha "cumplido" con los republicanos y no hará más cesiones. No consentirá el referéndum, como han repetido una y mil veces Sánchez y sus ministros, pero tampoco está en agenda ninguna nueva reunión de la mesa de diálogo.

Gobierno y Ferraz no esperan ahora que haya grandes manifestaciones ni algaradas en la calle. "Exhibir impotencia nunca beneficia. Y ellos han mostrado debilidad y división", esgrimen en el Ejecutivo

El líder socialista defenderá la distensión con Cataluña como un activo electoral, pero tampoco será un eje total de la campaña socialista, porque todos son conscientes del uso que hace la derecha de ello. El partido respira más tranquilo porque no se han visto, al menos por ahora, efectos negativos de la rebaja de la malversación, como podría haber sido un goteo de reducciones de pena, y de hecho inquieta mucho más el impacto de la ley del sí es sí, que finalmente se cambiará.

En el PSOE y en la Moncloa no esperan que ERC pueda sobreexcitarse si la reforma penal se prueba prácticamente inocua para los dirigentes independentistas. La protesta soberanista del 19 de enero en Barcelona, coincidiendo con la XXVII Cumbre Hispanofrancesa, es para el Gobierno la prueba palmaria de que la política desplegada ha liquidado la unidad del secesionismo y herido profundamente su capacidad de movilización social, dos de los pilares del procés. Así que confían en que no haya grandes manifestaciones ni algaradas en la calle, como ocurrió en 2019, tras la sentencia condenatoria del Supremo. "Exhibir impotencia nunca beneficia. Y ellos han mostrado debilidad y división", observa un integrante del Consejo de Ministros muy próximo a Sánchez. En suma, el Ejecutivo cree que se le ha despejado el frente catalán, carpeta muy importante.

La hora del PSC

En el PSC aseguran en público y en privado que sí quieren cuentas catalanas, pero también dejan claro que no a cualquier precio. "Este presupuesto tiene precio político, porque si no el precio lo pagamos nosotros", apunta una fuente socialista.

Se lamentan además de que la negociación con Esquerra en Cataluña ha sido "dramática". Especialmente por las maniobras de ERC para que Sánchez forzara el acuerdo desde la Moncloa. La imagen del encuentro entre el presidente del Gobierno y Salvador Illa en una cafetería de Barcelona tras cerrarse la Cumbre Hispanofrancesa del pasado 19 de enero no era gratuita.

El acuerdo presupuestario no está cerrado aún. "Hay más probabilidades, pero lo que queda no son flecos. Aún tienen que asumir algunas píldoras más", subrayan en la cúpula de Salvador Illa

Fuentes próximas a Illa no querían revelar el contenido de la conversación de ambos, ni si Sánchez le presionó para cerrar el acuerdo con ERC, pero en su dirección aseguran que "no se lo pidió, y ese es uno de los errores de los republicanos", pensar que podían puentear al primer secretario recurriendo al presidente. En la Moncloa, por su parte, advierten a los independentistas que la negociación con el PSC corre "autónoma", así que la ventanilla para debatir los presupuestos de la Generalitat "es otra", la del partido hermano, y no Madrid. En el círculo de Illa no dan en absoluto el pacto por cerrado. "Paso a paso", sostienen. "Hay más probabilidades —asegura un miembro de la cúpula del PSC—, pero lo que queda no son flecos. Aún tienen que asumir algunas píldoras más".

Los socialistas catalanes han hecho no pocos sacrificios en el último año para garantizar el apoyo de Esquerra al Gobierno. Entre los más destacados, el pacto del catalán, que supuso un giro de 180 grados respecto a lo prometido por Illa en la campaña.

Ahora el PSC cree llegado el momento cobrarse la factura y mostrarse como un partido útil desde la oposición, para conservar así el espacio electoral recuperado en 2021. Es decir, demostrar que es el partido dispuesto a salvar grandes infraestructuras como la ampliación del aeropuerto de El Prat, inversiones tan esperadas en clave territorial como el complejo turístico Hard Rock de Tarragona. O la construcción del Cuarto Cinturón, que le permite aparecer como ganador del envite frente a ERC en una comarca clave del cinturón metropolitano, en el que republicanos y socialistas batallan por la victoria en las próximas municipales.

El PSC quiere mostrarse como un partido útil desde la oposición para conservar su botín electoral de 2021, y dispuesto a salvar grandes infraestructuras

"Que haya pacto ERC-PSC es inocuo para Pedro a estas alturas —opina un veterano integrante de la dirección de Illa—, ya la agenda legislativa es importante, pero no determinante para el futuro inmediato práctico. Nosotros hemos de recorrer un camino propio que permita de forma serena al PSOE poner en valor lo realizado, y marcar con ERC distancia nos conviene. En Cataluña es ERC quien necesita estabilidad. Ellos están pendientes de las municipales y de la inhabilitación de Junqueras". "Nosotros no necesitamos ya a ERC —indica tajante un alto cargo del Gobierno de Sánchez—. Esa es la clave. La partida ya no la lleva ERC".