El marido de la exdirectora de la Guardia Civil está investigado por tres delitos en una rama de los ERE

El caso de corrupción en el que está implicado el marido de María Gámez -exdirectora de la Guardia Civil-, Juan Carlos Martínez, y por el que ella acaba de presentar su dimisión, llevaba atascado desde hace un año en un Juzgado de Sevilla en la fase inmediatamente previa a su imputación. Había sospechas de que incurrió en delitos de prevaricación, malversación y blanqueo. El pasado 16 de marzo, el juez Ignacio Vilaplana, del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, decidió citarle como investigado finalmente.

En la providencia en la que lo acordó, consultada por El Independiente, se daba un paso adelante en la investigación que hasta ahora había impulsado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, como adelantó este diario.

La investigación se encuadra en una pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía. En un informe que la unidad investigadora de la Policía Nacional entregó al Juzgado sevillano, se apuntó a que la consultora administrada por la pareja de María Gámez, Job Management Liberty SL, recibió ingresos de empresas, clientes suyos, que previamente habían percibido "cuantiosos" fondos, ayudas, de la Junta de Andalucía. Él había ejercido previamente de asesor de los consejeros de Obras Públicas y Transporte e Innovación, Ciencia y Empresa del Gobierno andaluz, de ahí que los investigadores interpretaran los pagos como un posible «mecanismo de retribución» irregular posterior a la concesión de dichas ayudas.

Su cuñado también está investigado

El hermano del marido de Gámez, Bienvenido Martínez, también resultó imputado en la providencia del pasado 16 de marzo. Éste, quien fue presidente de la empresa Santana Motor de Linares (Jaén), participada por la Junta, habría desviado fondos de ésta a otra compañía suya, Experience Management Group.

El juez Vilaplana no ve indicios claros de los delitos de corrupción contra los hermanos Martínez, pero después de haber esperado un año a recibir información de la Agencia Tributaria y de la Policía que permita avanzar en la investigación, ha decidido citarles como investigados.

"Efectivamente, ante la posibilidad de que Manuel M.M. y Juan Carlos M.M. pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado, este Juzgador estima pertinente que, para la mejor salvaguarda de sus derechos constitucionales -entre otros, derecho a no declarar contra sí mismo y a un proceso con todas las garantías, art. 24 CE-, Manuel M.M. y Juan Carlos M.M., sean llamados al presente proceso en calidad de investigados, con instrucción de sus derechos, ex artículos 118 y 775 de la LECrim. En todo caso, se estima procedente que su declaración como investigados se practique una vez obren en autos los informes y diligencias acordadas recabar de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que puedan personarse y solicitar prestar declaración cuando consideren oportuno", se puede leer en la providencia del Juzgado del pasado 16 de marzo.