El Congreso de los Diputados avala en pleno este jueves definitivamente la implementación de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria, una reforma del reglamento de la institución que se adopta por vía urgente y por lectura única, dado que la Comisión de Reglamento aún no está constituida y esperar hasta entonces retrasaría el trámite. Fue una de las demandas de las fuerzas nacionalistas para dotar de mayoría en la Mesa del Congreso al PSOE y Sumar. En el primer pleno de esta nueva legislatura, del martes, debatió esta iniciativa adoptando ya -no sin la denuncia de grupos como PP y Vox y el desplante de los segundos en dos ocasiones- el uso de las lenguas cooficiales, aplicándose, por lo tanto, el mecanismo de traducción simultánea del catalán, el euskera y el gallego al castellano. Sin ningún tipo de problemática.

Ahora bien, el cuerpo de letrados de las Cortes, apunta a la "difícil aplicación" de esa ley de reforma [puede consultarse aquí], al menos en un corto plazo [el texto de la iniciativa lo aplaza hasta no más de seis meses y bajo el criterio de la Mesa del Congreso]. Y considera que "obliga a replantear los procedimientos parlamentarios". Así lo detalló recientemente en un informe. Porque, entre otros aspectos, afecta al "principio de inmediatez" que rige el funcionamiento del Parlamento al tener que traducirse cuando no se presente así, toda la documentación al castellano. Hay "unos plazos tasados y generalmente breves" para la presentación de propuestas y hasta llegar, o no, a su aplicación, añadían en la nota.

Desde el ámbito independentista, la idea que se extiende es que el uso lingüístico se centrará más a la tribuna o las comisiones, en todo lo que tenga una transmisión que pueda llegar al público. Ello con el objetivo de que su mensaje cale más entre el votante nacionalista. Aun así, y aunque es algo que prevén dentro de los grupos nacionales, la preocupación sectores parlamentarios es notable, especialmente a la derecha. Se hace alusión, en conversaciones con El Independiente, al carácter de inconstitucionalidad. "Las lenguas cooficiales lo son en sus territorios, no en el conjunto de la nación", señalan. Desde el PP, por ejemplo, no se descartan recursos. Vox, en palabras de su líder Santiago Abascal, ya anunció que se estudiarán las medidas pertinentes. Pero de querer presentarse un recurso, este deberá ir de la mano con el PP: requieren al menos medio centenar de escaños para ello, y tras el 23-J solo cuentan con 33.

Los problemas operativos del día a día

Fuentes vinculadas al cuerpo de letrados de las Cortes, establecen dos problemas en el horizonte vinculados a la interpretación y la tramitación, y no tanto a los medios físicos o monetarios destinados. Aunque entienden que "al final se tomarán medidas razonables" para paliarlo. Consideran que la iniciativa tiene "falta de profundidad técnico-jurídica".

El primer inconveniente que se resalta es que no hay una "definición" expresa de los "ámbitos" en los que se aplica la norma dentro del Parlamento; si se limitará al pleno y otros lugares de foco político, o todo al cómputo de encajes de la cámara baja "más allá de lo que se ve en la tele". La modificación del artículo 6 del Reglamento, que añade un tercer apartado nuevo, da el derecho a los parlamentarios a usar las lenguas cooficiales "en toda la actividad parlamentaria, incluida en las intervenciones orales y en la presentación de escritos". En el escrito se alude a la actividad "ordinaria", incluyéndose plenos, Comisiones y en la Diputación Permanente. Pero la duda que expresan las fuentes consultadas es si podrá darse "en ponencias, en comisiones a puerta cerrada, en los órganos de gobierno como la Mesa del Congreso o la Junta de Portavoces, o en la Mesa de una comisión".

"En una jornada, un miércoles cualquiera, se puede dar lugar a seis comisiones, otras seis reuniones de la Mesa de una comisión, ponencias. ¿Se puede emplear también en las citas pequeñas?", dudan fuentes letradas. Que aunque creen que se apostará por limitar el uso con el tiempo, creen que es necesario "por sensatez, un debate profundo al respecto" sobre algo que "no está en el papel".

El segundo inconveniente al que se alude, más importante aún, se resalta, es el de "los procedimientos", que "ha sido objeto de informes" de los letrados. Se distingue de lo "vistoso", de lo puramente político, que es uno de los usos que los partidos dan al Congreso para la imagen y la estrategia programática, como pueden ser las sesiones de control al Gobierno o un debate del estado de la Nación, de las legislaciones o los "debates muy técnicos" que se desarrollan en la Carrera de San Jerónimo.

Hay que tener garantías jurídicas de lo que se está aplicando y se persigue. Una ley con error de traducciones puede tener consecuencias"

La reforma del Reglamento, modifica también el artículo 92.1, permitiéndose así el registro de iniciativas parlamentarias, caso de proposiciones de ley, entre otras, en todas las lenguas cooficiales. Y se añade que puede aportarse una traducción al castellano de manera opcional, lo que agilizaría el proceso en lo que a interpretación se refiere. Si se puede usar las lenguas en el proceso legislativo, se advierte, esto es "sustancialmente importante", porque una traducción correcta es crucial. "Hay que regular bien cuál es el texto válido sobre el que se delibera y qué se vota, la versión oficial del mismo. Eso en la Unión Europea y en el Parlamento es complicadísimo", dicen las fuentes consultadas.

Prosiguen explicando que a veces "hay matices jurídicos muy sensibles entre la versión de una directiva en inglés y en español, y allí ha habido muchos problemas". "¿Qué texto va a ser válido y cuál se votará aquí? Hay que tener garantías jurídicas de lo que se está aplicando y se persigue. Una ley con error de traducciones puede tener consecuencias, desde leves, si regula cosas simples, hasta importantes si regula delitos gravísimos", añaden. Se ejemplifica con una norma que condicione una exención fiscal: "alguien afectado puede sacar un papel y decir que se tradujo mal". Otra duda que se deja caer es si se pueden presentar enmiendas en idiomas diferentes.

El Senado, donde Vox ha lanzado un órdago al PP para suprimir ese uso, se destaca como ejemplo de una buena aplicación. "Se buscó una solución razonable: el empleo solo en pleno y en mociones, dejando al margen los procedimientos jurídicos y legislativos".

Se extiende al diario de sesiones y el boletín

Las fuentes parlamentarias contactadas extienden ese problema de traducción que puede darse en la operatividad interna de la cámara, a los diarios de sesiones y a la labor del cómputo de taquígrafas. El proceso de recopilación de discursos e intervenciones se verá entorpecido, en lo que al tiempo de actuación se refiere, y puede darse el caso de que lleve a reducciones o simplificación de lo esbozado. Derivando ello en inexactitudes, que pueden agravar la de la propia traducción simultánea. Esto se intentará paliar con la contratación de una empresa externa que de pie a las traducciones definitivas. Pero cualquier traducción puede ser calificada de inexacta por un diputado.

"El boletín de las Cortes Generales es importante", se determina, y es que queda la duda de si deberá publicarse todo su contenido, de las normas iniciadas a proceso de tramitación y aprobadas o denegadas, deberá traducirse en las cuatro lenguas también. "Ocurre en Europa, y es sinónimo de ralentización", destacan fuentes expertas.

Preguntados por estos interrogantes [y antes del cierre de esta edición y la celebración del debate de este jueves], fuentes de Presidencia del Congreso aseguran que "estamos en fase de enmiendas". "No estamos haciendo valoraciones hasta que la reforma del reglamento se efectúe". Tampoco consideran adecuado hacer una lectura fuentes oficiales de la cámara, que creen que no les corresponde: "debemos mantener una posición neutra".

PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad a la norma. Por su parte, el PNV lo ha hecho parcialmente para que las traducciones que se hagan del catalán, el euskera y el gallego sean igual de válidas jurídicamente que en castellano.