El acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor de Borbón ha exhibido las fisuras políticas presentes en el Congreso de los Diputados en este momento previo al arranque 'oficioso' de la legislatura si consigue consagrarse la investidura de Pedro Sánchez para su reelección como presidente del Gobierno. Algo que podría acontecer la próxima semana. Fuentes parlamentarias apuntan al martes 7 de noviembre como fecha, aunque lo hacen con prudencia en base al calendario y compromisos como la participación del presidente en el congreso de los Socialistas Europeos (PES) celebran el 10 y 11 de noviembre en Málaga. En esa jornada, el PP ha convocado la primera sesión de control al Gobierno en el Senado.

Lejos de dar una respuesta institucional -pese a las críticas y las posturas individuales- como sí sucedió en el único precedente de la democracia, protagonizado por Felipe VI en su etapa como heredero a la Corona, el acontecimiento ha servido de escusa para que todos los grupos marquen posición política. Desde el soberanismo a la derecha pasando por la izquierda; poniendo sobre relieve el rechazo a la monarquía, a las negociaciones con los grupos independentistas y la gestión de los tiempos, o al tratamiento institucional.

Por un lado, el independentismo ha resaltado con su ausencia la negativa a la monarquía parlamentaria y su preferencia por una república para sus territorios y el Estado. Es el caso de ERC, Junts, BNG y EH Bildu. La competencia directa los abertzale ha hecho que el PNV, que sí ha mostrado cierta complicidad con la Casa Real acudiendo a las dos rondas de consultas previas para las investiduras de Alberto Núñez Feijóo, del PP, o la venidera de Sánchez, haya decidido seguir ese camino. El ala izquierda de ese soberanismo, emitía por la mañana, horas antes a la jura de la princesa, un comunicado en el que justificaba su ausencia por considerar el régimen monárquico "heredero de la dictadura y un cerrojo a las aspiraciones nacionales y sociales". También una institución "máxima expresión de la desigualdad, de los privilegios y la impunidad" que ha "amparado sistemáticamente la corrupción". La conclusión es que trabajarán para que Leonor "nunca reine".

En la anterior jura, la de Felipe VI, solo se ausentaron el diputado de ERC Francesc Vicens, y los dos representantes de Herri Batasuna"

Ese 'efecto arrastre' ha llevado a Sumar y a los partidos integrados en su aparato parlamentario, ampliamente reconocidos como republicanos, a no participar en la jura. Solo Yolanda Díaz y Esther Gil lo han hecho. La primera en calidad de vicepresidenta del Gobierno, más tras la firma del acuerdo de coalición con el PSOE y para no desentonar en un momento ya complicado por la coyuntura de pactos; la segunda por ser representante de la Mesa del Congreso. Dentro de ese régimen de institucionalidad, de mínimos, al que apuntaban fuentes de Sumar la semana pasada, ha sido roto por los ministros designados por la cuota de Podemos e IU: Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. Gerardo Pisarello, de los comunes, se ha ausentado en tribuna pese a ser secretario tercero. Joan Subirats, el ministro de Universidades, sí ha acudido, con todo.

A la jura anterior, de Felipe VI, si acudieron partidos como CiU, PNV o el propio PCE, con la única ausencia de Francesc Vicens, de ERC y los dos cargos electos de Herri Batasuna. En ella también estuvo el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, quien achacó su asistencia al protocolo y al acatamiento de la Constitución por parte de la Monarquía. Por parte del Gobierno solo se ausentó José Barrionuevo, pero por un viaje oficial a Latinoamérica, y todos los presidentes autonómicos, incluido Jordi Pujol y José Antonio Ardanza. Por entonces, la democracia novel contaba con apoyo común y altura de miras ideológica. Ahora, con el rodaje ya superado, y otro tipo de problemas sobre el tablero, la crítica a la institución se hace más fácil.

Este tipo de actuaciones han servido a la derecha para confrontar con el PSOE, a quien se le ha criticado el sostenimiento del actual Ejecutivo con estos socios y la intencionalidad de continuismo que marcan las negociaciones de Moncloa y Ferraz con sus distintas cúpulas. Desde el PP no se han protagonizado hechos llamativos durante la jornada, al menos in situ. Feijóo ha calificado de "anomalía democrática" las ausencias, y los populares han cuestionado en fuentes que los socialistas, en cambio, "utilicen" la previa del acto para ultimar su pacto de investidura con Junts, el eje que ha hecho -y aún hace al no estar cerrado un acuerdo a falta de flecos sueltos- al trámite uno de los más complicados de la democracia. Por los múltiples actores, y de diversas familias ideológicas, de los que dependen. Y rebajar, dice el PP, en definitiva, la importancia de la foto entre el número 'tres' del PSOE y Carles Puigdemont. Más cuando ayer fue el sexto aniversario de su fuga para evitar la judicialización del procés.

El polo opuesto a Sumar y el soberanismo lo ha marcado Vox. El partido presidido por Santiago Abascal, comprometido con la monarquía y la unidad territorial, y pese a todo allí presente, ha declinado aplaudir al discurso de la presidenta del Gobierno, Francina Armengol. Una intervención en la que la socialista ha dado prioridad a destacar la afinidad de Leonor, por su juventud, con las nuevas generaciones, así de con los retos presentes y están por venir. La negativa de Vox a contribuir con su aplauso ha sido justificada por "el contenido". Armengol ha introducido el uso de las lenguas cooficiales aprobado en septiembre en la cámara. Igualmente ha hablado de profundizar en la lucha contra la violencia de género o contra el cambio climático, dos cuestiones que cuentan con el rechazo de los de Bambú.

Armengol ha hecho precisamente mención en su discurso a la necesidad de trabajar conjuntamente "respetando" la "diversidad". Una alocución destinada a resaltar las distintas posturas que en esta legislatura siguen dominando en el arco parlamentario. Unas diferencias que, no obstante, se han agravado y atomizan el Congreso aún más que en la etapa anterior. Algo que dificultará más notablemente la gobernabilidad. El PP y Vox, pese al acercamiento de septiembre vuelven a las tiranteces para controlar mayoritariamente el bloque de la derecha. El soberanismo se ve envalentonado ante la dependencia de los socialistas y ya agudizan sus peticiones con conceptos como la amnistía, que el PSOE se plantea registrar con sus socios en las Cortes antes de la investidura. Y la aglutinación de marcas en torno a Díaz para fortalecer el espacio no deja sino margen a una división interna más fuerte con grupos como Podemos, que aspiran a tener mayor capacidad de decisión futura y pueden dar inestabilidad a una asociación de partidos ya poco sólida.

Sánchez requiere 176 votos positivos en primera votación y más 'síes' que 'noes'. El apoyo favorable de Junts se lo garantiza. El futuro gobierno de PSOE y Sumar, de producirse una investidura exitosa, estará sostenido por ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Enfrente estará el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Estos se posicionan abiertos a acuerdos puntuales.