El pacto de investidura entre el PSOE y ERC, que ya está rubricado por ambas formaciones tras semanas de intensas negociaciones y tiranteces, ha omitido cualquier tipo de alusión al caso de espionaje mediante Pegasus; una herramienta diseñada por la empresa israelí NSO Group y que solo se comercializa a entidades públicas y gobiernos. Ésta fue empleada para vigilar a al menos 65 líderes y exdirigentes independentistas de ERC, Junts y la CUP, así como de entidades cívicas como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), y copó parte de la actividad política de la segunda mitad de la pasada legislatura. Especialmente por las críticas de los republicanos, socios del Gobierno, y de Junts, integrados en la oposición.

El documento íntegro trasladado [que se puede consultar aquí] tras la firma del ministro de Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños -integrado en la comisión negociadora-, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dado prioridad a cuestiones políticas y económicas. Asuntos como la futura ley amnistía, incondicional para el independentismo en esta nueva etapa de relaciones con el PSOE, y cesiones como la gestión de Rodalies, que se constituirá como empresa autónoma a Renfe, o la condonación parcial de la deuda catalana en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El beneficio para la región y el Govern será de 15.000 millones más otros 1.300 millones de interés.

Pese a esta ausencia, el asunto está lejos de quedar caduco o diluido. En conversaciones con El Independiente, fuentes de ERC en el Congreso de los Diputados aseguran que una vez eche a andar el nuevo mandato del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, se retomará la exigencia de abrir una comisión de investigación sobre Pegasus. Sin embargo, las mismas fuentes declinan establecer una fecha concreta sobre el calendario. "Cuando haya investidura", se limitan a apuntar. El PSOE, con todo, quiere limitarse al escenario actual: finalizar el diálogo con Junts, el último actor que impide el trámite, y dar salida a la investidura. Aún esta no cuenta con fecha.

Con el foco puesto en la ley de amnistía y en la propia investidura, la cuestión de Pegasus ha estado fuera del marco negociador entre socialistas y republicanos. Hay que remontarse a agosto de este año, en las reuniones previas a la apertura de Cortes y el inicio de la XV Legislatura para encontrar alusiones por partes de ERC. De cara al acuerdo con el PSOE para la designación de su candidata Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, así como el voto positivo para que socialistas y Sumar contasen con la mayoría actual que ostentan en la Mesa de la cámara baja.

Se desconoce si Junts introducirá esta cuestión en el acuerdo de investidura que negocian con los socialistas, aún con flecos sueltos"

Ese consenso previo, según anunció el portavoz republicano, Gabriel Rufián, estaba sujeto a seguir avanzando en "desjudializar" la etapa posterior al procés y al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. También dar al catalán carácter de "lengua plenamente en todas las instituciones del Estado", incluido en la Justicia y en lugares como el Congreso de los Diputados o la Unión Europea. Y a poner en marcha la mencionada comisión de investigación. Por el momento, las dos primeras exigencias ya se han plasmado en el documento, y el uso del catalán y el resto de lenguas cooficiales en el Parlamento ya es un hecho tras la proposición de ley aprobada en septiembre. Más complicado es la inclusión de la lengua en la UE. Países como Francia no se oponen como sí hacen Lituania o Letonia. El debate seguirá abierto a nivel técnico pero dando prioridad a otros asuntos.

A la petición de investigar Pegasus vía comisión para dar luz verde a la elección de Armengol se unió también Junts, quién desde la oposición los últimos cuatro años ejerció una postura más dura que ERC en este sentido. Ante la necesidad de Ferraz para la reelección de Sánchez, ven una oportunidad de esclarecer el asunto mediante "una investigación exhaustiva" que "aclare quien compró el programa y ordenó utilizarlo contra el independentismo". Al margen del asunto, Junts, incluyó otra para dar claridad a los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Está por ver, si a diferencia de ERC, el acuerdo con los exconvergentes si recoge estos dos elementos.

La del Congreso: tercera comisión

De procederse en el Congreso, la nueva comisión sería la tercera parlamentaria en ponerse en marcha tras las del Parlament y la propuesta en mayo, vía informe, desde el Parlamento Europeo para aportar una "investigación completa y justa" sobre el espionaje. A principios del mes, en las Cortes, ya hubo un nuevo intento, sumado a otros anteriores, por parte de los socios independentistas y Unidas Podemos de esclarecer el asunto bajo petición de esa comisión, pero el PSOE unió sus votos otra vez a PP, Vox y Ciudadanos para denegarla. Eso llevó a enfocarla en la cámara catalana.

El PSOE se ha opuesto reiteradamente, junto a PP, Vox y Ciudadanos a investigar Pegasus en lo que a Cataluña respecta. Los populares si lo exigen en lo que a Marruecos compete"

Con ella se demanda ir un paso más allá de las explicaciones dadas por la ya exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales, y por Sánchez en pleno, en mayo de 2022. Por un lado, Esteban admitió que el CNI vigiló con autorización del Tribunal Supremo a dieciocho líderes independentistas, entre ellos el del actual president Pere Aragonès, lo que le ha valido una querella del político que ha sido admitida por un juez de Barcelona y llevará a Esteban a comparecer el 13 de diciembre como investigada. También de las diputadas de ERC María Jové y Diana Riba, bajo la justificación de que habían contactado con los Comité de Defensa de la República (CDR). La inteligencia española investigaba las actividades del grupo.

Por el otro, Sánchez negó estar al tanto de las "decisiones operativas", pero entendía la operación por el "problema de seguridad" existente tras el procés. Posteriormente enlazó el espionaje con el propio y el que sufrieron con Pegasus Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tras el que se sospecha que está Marruecos. Ambas acciones ocurrieron en las mismas semanas.

Ésta última la investigó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien, tras meses, archivó las pesquisas por la ausencia de cooperación de Israel este mes de julio. En uno de los ataques, producidos entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, hasta 2,57 GB de datos fueron robados del teléfono presidencial. Por "fallos claros de seguridad en las comunicaciones", el Gobierno decidió el cese de Esteban y la entrada de Esperanza Casteleiro, pero no se dio ningún paso más, lo que dejó mal sabor de boca en los independentistas. En todo caso, una comisión chocará con la ley reguladora de la actividad del CNI, que blinda determinada información reservada. Solo la voluntad del nuevo Ejecutivo para desclasificar datos puede ayudar a esa comisión, lo que augura un frente entre Moncloa y sus socios.