Aliados y competidores al mismo tiempo. En ese momento político se encuentran las relaciones entre el Partido Popular y Vox: tienen dependencia mutua a nivel regional para mantener seis gobiernos -descartadas ya las opciones nacionales para un cambio de ciclo-, pero al mismo tiempo pugnan para que el actual equilibro de cifras se amplíe, en el caso de Génova, o dé un vuelco, según las pretensiones de Bambú. La amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, sustentada en ella tras los pactos con partidos como ERC o Junts, se han convertido en el nuevo marco de confrontación con fines electoralistas. Ello después de las generales, de defenderse como única opción útil frente al otro, y tras una tregua en septiembre para no poner más trabas a una investidura muy difícil del PP que no resultó exitosa. Aunque de momento, Vox no se está viendo beneficiado: sigue por debajo de los 30 escaños en el cómputo de encuestas.

El grado de competencia entre PP y Vox se mide por los distintos despliegues en la calle. Desde la opción matinal y de fin de semana del PP con actos en las principales plazas del país como en Málaga o Valencia recientemente; a la "movilización permanente" y más dura ante las sedes del PSOE, como la de Ferraz, por la que insisten los cuadros de Vox. También por la reivindicación de las siglas para ello, desde un marcado perfil del convocante, como ha hecho hasta el domingo el PP, en los actos previos a las manifestaciones en la Puerta del Sol y el resto de capitales de provincia del país; a la defensa de subordinar los partidos, como defiende Vox. Ello pese a la participación en actos como el de la Fundación DENAES a finales de octubre en la Plaza de Colón, uno de sus satélites sociales. Las últimas del PP fueron abiertas al público. Vox rechazó intervenir en Madrid y tras ello sus dirigentes, entre ellos Abascal, se dirigieron a Ferraz, su foco de protagonismo mediático.

Pero a la competencia urbana se añade ahora la judicial, más personalista. Vox es el primer partido que mueve ficha contra la amnistía de manera oficial, materializando una querella contra Sánchez "por tres delitos" -no concretados públicamente- anunciada hace una semana: al menos se recoge la prevaricación y el cohecho, según han trasladado fuentes de la agrupación. Y lo hace como gesto reivindicativo dentro de la derecha a la par que por convicción. No es cosa menor, dado que Vox arrancó esta XV Legislatura sin la capacidad, por bajar de los cincuenta escaños, de seguir explotando los recursos al Tribunal Constitucional; dejando vía libre al PP para encarnar en solitario cualquier actividad en ese ámbito judicial. El propio Abascal, tras volver anoche a Ferraz, capitaneará esta mañana, a partir de las 11:00 horas, la presentación de la querella ante el Tribunal Supremo. Tras la cita atenderá a los medios de comunicación.

Desde Bambú, y de acuerdo a las posibilidades con las que cuenta el partido, la idea es la de seguir dando la batalla en todos los ámbitos: desde la calle a los tribunales. Acorde a esa posición firme, fuentes de la formación reivindican la necesidad de "actuar" contra lo que califican de "golpe de Estado". Y pese a estar presentes el domingo en Sol y otras capitales provinciales junto al PP, les critican una posición que no creen efectiva. "No te van a conceder elecciones porque las pidas", determinan, aludiendo al discurso de Alberto Núñez Feijóo pidiendo a Sánchez que someta de nuevo en las urnas su enésimo 'cambio de posición'.

Tras la querella de Vox, que pide paralizar la investidura de mañana, el Supremo debe estudiar este martes si aplica o no medidas cautelares para ello"

Desde el centro de la plaza, el popular insistió en reiteradas ocasiones en que el PP había sido el ganador de los comicios, afeando a Sánchez la suma de distintos actores opuestos entre sí para superponerse a la demanda social "de cambio"; y haber rechazado la amnistía en campaña para luego pactarla. Por ello justifican la necesidad de que "haya elecciones" como termómetro de la situación real política. Feijóo dijo que no pararán de pedirlas hasta que se produzcan, algo que de prosperar la investidura de Sánchez el jueves no podrá acontecer en un año como mínimo por ley. De ahí que Vox vea insuficiente las reclamaciones del PP. La querella contra Sánchez incluye a su vez una solicitud para paralizar la investidura, por lo que el Supremo deberá estudiar si aplica o no, a lo largo del día, medidas cautelares.

El compromiso del PP es también de usar todos los medios disponibles, desde el propio TC a su mayoría absoluta en el Senado, aunque la postura mantenida ha sido más por la contemplación de estos dos escenarios hasta tener disponible el texto íntegro de la amnistía para su estudio como ha sucedido hace menos de 24 horas. Se ha propuesto -hoy podría aprobarse- la modificación del Reglamento del Senado para prolongar dos meses la tramitación de la proposición de ley una vez llegue del Congreso -la ha registrado en solitario el PSOE-, y ya se empezó a explorar los posibles resquicios legales a principios de octubre. Se apuesta, no obstante, por una actitud más serena que la que defiende Vox.

Los populares han rechazado introducir, como proponía Vox, la paralización de todo texto procedente de la Cámara Baja que no incluya informes preceptivos, caso en el que se encontrará la amnistía. Y ello, impide contar con una herramienta que mantener temporalmente bloqueada la propuesta hasta que haya un pronunciamiento legal de figuras como el CGPJ, cuyo estudio, pese a que ya se ha mostrado contrario, podría prolongarse de uno a más años. El PP solo podrá retrasar la valoración de la amnistía ocho semanas tras entrar hoy, previsiblemente, en vigor la reforma reglamentaria. Tras ello, la ley deberá regresar al Congreso con las respectivas enmiendas o no introducidas, y se aprobará definitivamente.

Vox amenaza con extender las querellas al Senado

Pese al rango mayor del Parlamento frente a la Cámara Alta, y la incapacidad de bloqueo comentada, en Vox insisten en que el PP debe hacerlo, negándose a tramitar la norma cuando llegue. Lo que sería una dejación de funciones. Es más, los de Abascal no dudan en pronosticar que si no se hace, la calle empezará también a movilizarse contra el PP. Algo que más que una advertencia de lo que puede suceder, parece un preludio de la construcción de un nuevo relato estratégico, dado que el departamento judicial de Vox, ahora coordinado por Jorge Buxadé, conoce los márgenes legales de actuación en el Senado.

El mismo bloqueo, mediante inadmisión de la proposición de ley, lo ha solicitado Vox a la Mesa del Congreso este lunes "por tercera vez", por ser algo "inconstitucional". En el escrito, que se muestra a continuación, se recoge "la preocupación de decenas de asociaciones de todos los ámbitos por la posible tramitación" y las "consecuencias detalladas por el CGPJ: crea una clase política impune, ataca a la independencia de los Tribunales y acaba con el marco de convivencia de los españoles".

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no obstante, y durante el anuncio de las fechas de investidura, afirmaba que la amnistía seguirá los cauces cotidianos. Se descarta esa inadmisión a trámite, por tanto, y la formalización de nuevas querellas por parte de Vox. Al menos para ella y para el todavía vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, ahora presidente del Senado, Pedro Rollán. La alternativa para acudir al TC en el caso de que el Congreso acuerde debatir el texto, son recursos de amparo individuales al TC, solicitando medidas cautelares.

El último movimiento del PP, en ese pulso de acciones frente a Vox contra la amnistía, ha sido el de recurrir a la vía europea junto a Ciudadanos. Algo que se produce después de la solicitud de explicaciones por parte del Comisario de Justicia Didier Reynders la semana pasada. No es descartable que si la ley supera el filtro del TC, el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España, creen desde el grupo del PPE, puede entrar en una deriva similar a la de Hungría o la polaca, por quedar tocada con la amnistía la separación de poderes.