Antes incluso de que José Luis Ábalos fuera fulminado por Ferraz por su responsabilidad política en el caso Koldo, el PP ya lo daba por amortizado. Apuntó a Pedro Sánchez —"Usted lo sabía y lo tapó", le dijo Alberto Núñez Feijóo en la sesión control del pasado miércoles en el Congreso— y también al sucesor del exministro en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero en los últimos días, en las últimas horas, Génova ha afinado su objetivo: es Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares. De ella pidió su dimisión este viernes por su papel en la contratación de mascarillas de inferior calidad a la presunta trama corrupta. Pero la dirigente de las islas no piensa renunciar y cuenta con el apoyo de Ferraz y del Gobierno. Los socialistas son conscientes de que ella es "la pieza a batir" por el PP, y en absoluto van a sacrificarla porque sobre ella, recuerdan, no pesa ninguna acusación ni se le puede exigir responsabilidad política porque fue su Govern el que reclamó a la trama la devolución del dinero, mientras que fue el Ejecutivo autonómico actual, el que lidera la popular Marga Prohens, el que "dejó morir" el expediente administrativo. Es Prohens, responden, la que "debe dar explicaciones y dimitir". El fuego cruzado entre los dos grandes partidos demuestra, no obstante, que el cortafuegos que los socialistas buscaron levantar con la caída de Ábalos se ha demostrado insuficiente.

En el Gobierno y en la cúpula del PSOE señalan que, al menos de momento, no preocupa la derivada política que está tomando el caso Koldo en lo que afecta a la presidenta del Congreso. Creen que no dará más de sí, que "no irá a ningún lado" y defienden la legalidad de las contrataciones hechas por el Govern balear en la etapa socialista, antes de la llegada de Prohens. Armengol, señalan desde su entorno, ha hablado con Ferraz y con la Moncloa y le han manifestado "su confianza" y trasladado el mensaje de que puede estar "tranquila", porque el sumario "ni habla de ella, ni ataca en absoluto su gestión".

Para el PP, Armengol no debería "llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno". Si el PP afila su espada es por el certificado de agosto de 2020 por el que el Govern asegura que la empresa de la trama suministró los tapabocas "de manera satisfactoria"

La jefa de la Cámara baja, reconocen desde su núcleo más cercano de colaboradores, está "pasándolo muy mal" estos días, no entiende la "agresividad" hacia ella, está "afectada", siente que la "quieren matar". El PP ha centrado el foco en ella y no prevé soltar la presa. A primera hora de este viernes ya pedía su dimisión y después compareció en la sede de Génova el portavoz del partido, Borja Sémper, para solemnizar esa exigencia, ya que el partido considera que las sospechas que pesan sobre Armengol son "más que fundadas" y su situación "es insostenible", por lo que no debería "llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno", en la segunda semana de marzo. "La tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles", agregó.

Si el PP ha afilado su espada es porque en el sumario figura un certificado, de 12 de agosto de 2020, firmado por el subdirector de Compras y Logística del Servei de Salut de les Illes Balears, Antonio Mascaró, en el que aseguraba que la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, realizó los suministros de mascarillas "de manera satisfactoria". Dos meses antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección verificó que las mascarillas compradas a la empresa de la trama, por un importe de 3,7 millones de euros, no eran FFP2, como había contratado el Govern, sino quirúrgicas, así que se retiraron los tapabocas y se almacenaron. En el PSIB-PSOE recalcan que los certificados, que luego las empresas utilizan para conseguir más licitaciones, se expiden de oficio por los funcionarios, "por sistema", y que ese documento del 12 de agosto simplemente hacía constar la "recepción del material, que no era fake, sino de inferior calidad", y no prejuzga si se hará una reclamación posterior.

Reclamación de 2,6 millones

Fue tres años después, en marzo de 2023, cuando el Govern de Armengol apercibió a la empresa y le avisó de que adoptaría las medidas oportunas ante el incumplimiento del contrato. El 6 de julio, con el Ejecutivo socialista en funciones —y un día antes de la toma de posesión de Prohens como presidenta de las islas—, firma la resolución por la que formaliza la reclamación de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión.

El entorno de la expresidenta balear insiste en que no se trata de "mascarillas 'fake' o inútiles" y explica que si tardó tres años en cursar la reclamación fue porque era la media de tramitación de los expedientes y, en todo caso, estaba en plazo

En el equipo de Armengol defienden que, si se inició ese expediente fue porque, al recibirse el material, en 2020, se mandó analizar y se descubrió que una parte de las mascarillas no tenía la calidad por la que se pagó —es decir, no alcanzaban los estándares FFP2, "pero sí eran válidas como quirúrgicas—. Subrayan, por tanto, que no se trata de "mascarillas fake" o "inútiles", como esgrime el PP, sino "de una calidad inferior" a la contratada y "por eso se reclamó la diferencia de precio entre una calidad y otra, y no el total". "Y por eso se almacenaron para ser reclamadas. Pero el hecho de que se lleven a revisar y de que se inicie la reclamación demuestra que no se forma parte de ninguna trama". Para los socialistas, el error de base del que parte el PP, y por el que fundamenta su petición de dimisión de Armengol, es que los tapabocas estaban defectuosos, eran fake, y entonces "todo el proceso posterior de la Administración pública sería irregular", pero "es que no lo eran".

El PP denuncia que el Govern socialista tardó tres años en pedir el reintegro del dinero. El entorno de Armengol reconoce que hubo esa demora, pero que es la media de tramitación de "todos los expedientes administrativos de pandemia", y en todo caso, "dentro de plazo". El problema, insisten las mismas fuentes, no radicaba en el contrato, que estaba "bien hecho", y que se ajustaba a los parámetros de la contratación de emergencia que permitió el Gobierno durante la pandemia para agilizar la adquisición de material sanitario. El contrato fue "fiscalizado dos veces positivamente". Se trataba, añaden, de una adjudicación muy pequeña: "En los tres meses centrales de la pandemia, en 2020, el Ib-Salut compró 90 millones en material sanitario de todo tipo en China".

El Gobierno de Armengol", dicen los suyos, "era un problema para esta trama. Tanto es así que, según el auto judicial, la trama maniobró con el nuevo Gobierno, ya del PP, para que caducara el expediente"

La reclamación se tramita, pues, por la mercancía. Pero, ¿qué ocurre después? Que la trama intentó que el expediente de reintegro decayese. Intentó mediar Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. Este acudió al exministro para que ejerciera de "intermediario" y supuestamente también contactó con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, aunque este ha negado que se reuniera con él. Uno de los empresarios de la red corrupta, Juan Carlos Cueto, llegó a afirmar que "el problema es la señora", que "en su día era presidenta de aquí", una mención que parece apuntar a Armengol. "La realidad es que las conversaciones y el sumario demuestran", señalan en el círculo de la presidenta del Congreso, "que el Gobierno de Armengol era un problema para esta trama. Tanto es así que, según el auto judicial, la trama maniobró con el nuevo Gobierno, ya del PP, para que caducara el expediente, cosa que ocurre con Prohens y el PP en el Gobierno este año".

Los populares defienden que no quieren seguir con la reclamación por la vía administrativa, sino que prefiere acudir por la vía penal, con el objetivo de solicitar la devolución de los 3,7 millones de euros pagados porque "todo el contrato es fraudulento".

Buscar "la sensación de connivencia"

"El problema", sentencian en Ferraz, "es de Marga Prohens, y por eso están tan nerviosos". "Y también si desde Génova, ya sea Tellado u otras personas, medió para que se dejase correr la reclamación". La dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en que si García cita al portavoz parlamentario del PP era porque desde el pasado noviembre los implicados en el caso Koldo sabían que había una investigación policial en marcha. Es decir, que la mención a Tellado o a "Alberto" —por el que el PSOE deduce que la red se refiere al propio Feijóo— pretendía despistar a los investigadores. En la cúpula socialista responden que solo hay dos diputados que aparecen en el sumario, Tellado y Ábalos, y que por lógica han de ser creíbles todas las escuchas, "no solo las que convienen al PP".

Todo el mundo tiene claro que cargarse a Francina es como cargarse la legislatura. Es ir a por la legislatura, a por el propio Sánchez", advierten los socialistas

"Se trata de buscarle las vueltas a un expediente administrativo para que cale la sensación de connivencia. Pero es que el sumario nada dice eso. ¿Y cómo va a ser connivente si justo el Govern mandó verificar el material comprado y luego formaliza la reclamación? Lo que ocurre es que ella es la pieza a batir", abundan en el entorno de Armengol.

Y ahí, coinciden también en Ferraz y en el PSIB-PSOE, está la clave: "Todo el mundo tiene claro que cargarse a Francina es como cargarse la legislatura. Es ir a por la legislatura, a por el propio Sánchez". Armengol es la tercera autoridad del Estado, y si renunciara —ella, obviamente, no puede ser cesada por el jefe del Ejecutivo—, la Cámara tendría que elegir un nuevo presidente. Sería "iniciar de cero", "con un PP envalentonado" y una mayoría parlamentaria, la que apoya al Gobierno, muy precaria. Hasta ahora, desde la Transición, nunca ha caído un presidente de la Cámara baja, y menos aún tumbado por la oposición. "Con un peligro evidente", alertan desde el equipo de la expresidenta balear, "si se forzasen elecciones generales, los barones autonómicos del PP que pueden adelantar sus comicios los convocarían para deshacerse de Vox en sus gobiernos".

En Ferraz y en el PSIB-PSOE remarcan que están "plenamente coordinados" en la estrategia. Tanto a nivel comunicativo como a nivel orgánico —entre los respectivos secretarios de Organización, Santos Cerdán y Cosme Bonet—. Y eso explica, argumentan, el apoyo cerrado del Gobierno a Armengol. Lo visibilizó este viernes la vicepresidenta primera del Ejecutivo y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero: el Govern siguió "escrupulosamente el procedimiento", porque pidió el reintegro de las mascarillas compradas "por creer que la calidad no se correspondía con la adjudicación", algo que fue "común" durante la crisis sanitaria.

"¿Quién es Alberto?"

"No sé muy bien cuál es la petición de responsabilidad que pide el PP: es durante su mandato cuando no se han producido las actuaciones que se habían intentado instar en la administración anterior", apuntó durante su visita a la Zona Franca de Barcelona, informa EFE. Para el Ejecutivo, quien está "sobreactuando" es el PP. Montero preguntó a continuación de nuevo "quién es Alberto", la persona que aparece citada por la trama. "Hay muchas preguntas en el aire que el PP debe responder".

Que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague", sentencia Bolaños, cuyo entorno precisa que hablaba "en general"

Más frías parecían, sin embargo, las palabras del titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este viernes desde Palencia. Preguntado por la situación de Armengol, el ministro pidió dar tiempo a la investigación judicial en curso y, tras incidir en que el PSOE está siendo "muy contundente" en su respuesta al caso Koldo, reiteró que la voluntad del Gobierno es "que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague". Desde el entorno de Bolaños precisaban que no se estaba refiriendo "en absoluto a Francina", sino que hablaba "en general". El ministro es uno de los dirigentes que ha tenido contacto con Armengol en estos últimos días.

Ferraz y la Moncloa esperaban que, con la decisión drástica de apartar a Ábalos —la cúpula le exigió que entregara el acta, pero el exministro se negó y se pasó al Mixto—, podría contener el fuego del caso Koldo. Pero no ha sido así. El PP apunta a la presidenta del Congreso porque sabe, afirman en su entorno, "caza mayor". Precisamente por eso, Sánchez no la dejará caer. Sobre todo porque "no se le acusa de nada".