El papel clave del venezolano Rodolfo Reyes y los otros nombres de Plus Ultra

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra ha terminado dibujando un entramado de una treintena de nombres entre empresarios, directivos de la aerolínea, intermediarios y personas del entorno más próximo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el centro de ese mapa aparece el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, considerado por los investigadores el máximo accionista de facto de la compañía aérea y uno de los principales impulsores de las gestiones para obtener ayudas públicas durante la pandemia. De las conversaciones extraídas de su teléfono móvil —intervenido en el marco de una investigación de Homeland Security Investigations (HSI) en Estados Unidos— salen algunas de las principales líneas de investigación que hoy sostienen la causa.

Tres informes policiales incorporados a la causa instruida en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso El Independiente sitúan a más de una treintena de personas en distintos niveles de participación dentro de la estructura investigada. Desde directivos de la aerolínea hasta intermediarios y colaboradores externos, la UDEF describe una operativa jerarquizada en la que se habrían articulado contactos institucionales, gestiones para el rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, el presunto líder

Los informes de la UDEF sitúan a Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red "estable y jerarquizada" de tráfico de influencias. Se le atribuye la dirección estratégica del entramado, el acceso a contactos institucionales de alto nivel y la condición de principal beneficiario de los fondos. Según el auto judicial, su oficina en Ferraz funcionaría como centro de coordinación de la estructura investigada.

La Audiencia Nacional considera que la trama presuntamente liderada por el exdirigente socialista no se conformó para conseguir el rescate a la aerolínea Plus Ultra, sino que ya había sido constituida con anterioridad. "El contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero no fue casual, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura".

Julio Martínez Martínez, "ejecutor" de órdenes de ZP

Considerado el presunto lugarteniente y "lacayo" de Zapatero, aparece como pieza clave en la operativa societaria y en la interlocución con terceros. Según la investigación, habría actuado como ejecutor de instrucciones y canalizador de fondos a través de sociedades vinculadas al entorno del expresidente, siendo descrito en algunas conversaciones como el "banco del jefe".

El juez Calama describe a Martínez Martínez como una figura clave en el funcionamiento operativo del entramado, actuando tanto como "interlocutor habitual" con clientes como "responsable" de canalizar y gestionar los fondos vinculados a la actividad investigada. Es amigo personal de Zapatero y administrador único de la sociedad Análisis Relevante. Según los informes policiales incorporados a la causa, esta mercantil habría abonado entre 2020 y 2025 cerca de 661.000 euros al expresidente y a sociedades vinculadas a sus hijas.

En concreto, la investigación apunta a que Análisis Relevante habría canalizado más de 490.000 euros a Zapatero y cerca de 240.000 a la empresa de sus hijas, Whathefav. En paralelo, Gate Center habría enviado casi 353.000 euros al exdirigente y más de 171.000 a la empresa de sus hijas, mientras que sociedades del entorno de Thinking Heads habrían remitido más de 681.000 euros al socialista y unos 13.000 a Whathefav. En total, más de un millón y medio de euros para Zapatero y unos 424.000 para su entorno.

Manuel Aarón Fajardo, 'nexo' con Venezuela

Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador del PSOE por Lanzarote Manuel Fajardo Palarea, fue el primer enlace entre la cúpula de Plus Ultra y el entorno del expresidente durante las gestiones para lograr ayudas públicas en plena pandemia. Rodolfo Reyes, accionista de la compañía, pidió al empresario y político Ramón Gordils ayuda para llegar a Zapatero y explorar vías de financiación pública para la aerolínea. Gordils respondió entonces que intentaría "llegarle a ZP". Un mes después, el 28 de abril de 2020, Reyes comunicó a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, que ya habían conseguido abrir esa vía de contacto. "Acaba de hacerse el puente con ZP", le escribió. A continuación, le indicó quién sería el enlace: "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils".

Al día siguiente, Martínez Sola escribió directamente a Fajardo. "Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils", le trasladó el directivo de la aerolínea, según recoge la UDEF. Horas después, Martínez Sola informó a Reyes de que ya había hablado con él y añadió un mensaje revelador: "Que me llama Zapatero". La Policía considera estas conversaciones como el arranque de la denominada "vía Zapatero"

Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano, los secretarios

Gertrudis Alcázar es la secretaria de la oficina de Zapatero en Ferraz 35 y los investigadores la consideran una pieza operativa esencial para la presunta trama. Por su parte, Cristóbal Cano ostentaría un rol equivalente al de Gertrudis, en su caso, como gestor del día a día del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez. Los investigadores recogen que había un contacto fluido entre ambos y, según la UDEF, eran los encargados de coordinar y dotar de cobertura formal la documentación que sustenta las actuaciones de la red organizada, esto es, los pagos emitidos y recibidos.

También Judith Laure Wells Sutton figura como una de las trabajadoras administrativas del entorno Rodríguez Zapatero. Según la investigación, junto a Gertrudis se encargaba de dar cobertura documental, siguiendo directrices directas del expresidente.

Alba y Laura, las hijas de Zapatero

Alba y Laura Rodríguez Espinosa son las hijas de Zapatero. Son administradoras solidarias de Whathefav, una empresa dedicada al marketing señalada como instrumental para la emisión de facturas y redistribución de fondos dentro del esquema investigado.

La UDEF ha puesto el foco en Whathefav al considerarla un "elemento finalista" y "centro de redistribución de flujos económicos" dentro de la presunta trama. La investigación policial sugiere que esta sociedad jugó un papel crucial en la canalización de fondos de la red organizada liderada por Zapatero. Whathefav no solo percibía fondos directamente de los clientes de la red de influencias, sino también de la propia estructura societaria, y es descrita como un "canal de soporte logístico y documental" capaz de generar "facturación ad hoc" para dar una apariencia de legalidad a movimientos financieros y mercantiles.

Por el momento, las hijas de Zapatero no figuran como investigadas en la causa, aunque una de las acusaciones populares —la asociación Hazte Oír— ya ha pedido al juez su imputación, así como la de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente y madre de ambas.

Julio Martínez Solá, la cúspide de Plus Ultra

Julio Martínez Sola es el presidente de Plus Ultra, compañía aérea fundada en 2011 que inició sus operaciones en 2015 con rutas desde Madrid hacia Tenerife, Caracas y Lima. La aerolínea cuenta con una estructura accionarial en la que aproximadamente un 56% está vinculado a capital venezolano, a través de distintos inversores como Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, entre otros.

En el contexto de la pandemia de 2020, la empresa solicitó al Gobierno español el rescate público que fue finalmente aprobado en marzo de 2021 por un importe de 53 millones de euros con cargo al fondo gestionado por la SEPI, al ser considerada una compañía estratégica para el sector.

En el marco de la investigación, Julio Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 dentro de la misma operación en la que también fue arrestado Julio Martínez Martínez, vinculado al entorno de Zapatero, por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela; así como Roselli y el abogado Miguel Palomero. Todos los detenidos quedaron en libertad al día siguiente, aunque con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Roberto Roselli, el CEO

Roberto Roselli es el CEO de Plus Ultra. En el marco de la investigación abierta por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculados a la aerolínea, Roselli fue detenido en diciembre de 2025 en una de las primeras fases de la operación policial. Posteriormente quedó en libertad provisional, al igual que otros directivos de la compañía, tras su comparecencia ante el juzgado instructor, dentro de una causa que sigue abierta y bajo secreto de sumario.

Entre algunas de sus conversaciones intervenidas por la UDEF destaca un intercambio de mensajes en el que traslada al empresario Rodolfo Reyes que existía "un problema" con el accionista Antonio Caldeiro, administrador único de la sociedad ALVA Skies and Wings SL, titular de un 9,46% del capital de Plus Ultra. Caldeiro se mostró inicialmente reticente a firmar la documentación y a respaldar el plan de viabilidad necesario para el rescate. "Dice que no firmará nada, que no tiene información ni del plan de viabilidad ni nada". Reyes le responde: "Dale una hostia". Poco después, el directivo de Plus Ultra añade en un audio que otro accionista iba a intervenir directamente para Caldeiro "se calle la boca y diga a todo que sí

Rodolfo Reyes, el accionista venezolano

El juez sostiene que el empresario venezolano Rodolfo Reyes sería el verdadero accionista de control de Plus Ultra, pese a no figurar formalmente en el accionariado. Según el instructor, ese control se ejercería de manera indirecta a través de su esposa, María Aurora López, quien sí aparece vinculada a la estructura societaria de la aerolínea.

Uno de los elementos centrales de la causa es el contenido de un teléfono móvil intervenido al empresario en 2021, cuyos datos fueron enviados a las autoridades españolas desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU y que ha servido de base para reconstruir contactos y gestiones vinculadas al rescate de la aerolínea. La información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI).

En concreto, el departamento solicitaba colaboración conjunta para investigar una organización trasnacional dedicada al blanqueo de capitales y a la corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.

De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. 

Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra

Santiago Fernández Lena es uno de los abogados investigados en el marco del caso Plus Ultra. Está considerado por los investigadores como el gestor de facto de la sociedad Caletón Consultores SL, pese a no figurar formalmente en su estructura, y mantiene además actividad como socio director de TDE Consultores SL.

Según la investigación, su papel habría sido relevante en la operativa societaria vinculada a la presunta red, con participación en la canalización de fondos a través de estructuras instrumentales y en la elaboración de documentación y facturación destinada a justificar determinados movimientos económicos. En el registro practicado en su domicilio en Madrid en diciembre de 2025, los agentes intervinieron documentación y soportes digitales, incluido un disco duro con información relacionada con Caletón Consultores y diversas facturas.

Ramón Gordils

Ramón Gordils es un diplomático venezolano cuyo nombre aparece en los informes de la UDEF en el contexto de los contactos exploratorios para facilitar el acceso a ayudas públicas en favor de Plus Ultra. En una conversación intervenida, el empresario Rodolfo Reyes le plantea la posibilidad de "pedir ayuda a Zapatero" en el marco de gestiones de lobby político, a lo que Gordils responde recomendando seguir la vía formal y asegurando que trataría de buscar un acercamiento con el expresidente.

Alejandro Delgado

Alejandro Delgado, investigado en la pieza separada del caso Plus Ultra, fue director financiero de la aerolínea y anteriormente presidente de la compañía venezolana Santa Bárbara Airlines. Su domicilio en Madrid fue registrado por orden judicial en diciembre de 2025, en el marco de las diligencias abiertas por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias vinculados al rescate público concedido a la compañía aérea.

Según la investigación, Delgado participó en distintas conversaciones relacionadas con las gestiones para lograr las ayudas públicas de la SEPI. En uno de los chats intervenidos por la UDEF, mantenido junto a Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Raif El Arigie, habló de un pago de 60.000 euros asociado a un contrato de asesoramiento y deslizó que se abonaría una cantidad mayor “cuando caiga el dinero”, en aparente referencia a la aprobación del rescate estatal.

Los investigadores también sitúan a Delgado en conversaciones sobre los contratos vinculados a Julio Martínez Martínez y en estrategias de comunicación para evitar menciones directas a determinados nombres. En un mensaje del grupo interno 'Sala Situacional PULA', aseguró haber mantenido contactos con medios de comunicación sin mencionar "ni J ni Z", iniciales que la UDEF interpreta como referencias a Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Camilo Ibrahim, socio de Plus Ultra

Camilo Ibrahim Issa es un empresario venezolano y uno de los socios históricos del entorno accionarial de Plus Ultra. Según la investigación, entró en la aerolínea en 2017 junto a Rodolfo Reyes a través de la sociedad SNIP Aviation, desde la que ambos habrían controlado gran parte del capital de la compañía antes de la reorganización accionarial de 2025. Además, su entorno familiar controlaba el banco panameño Panacorp, entidad que concedió un préstamo clave a la aerolínea antes del rescate público aprobado por la SEPI.

Los investigadores sitúan a Ibrahim Issa dentro de la denominada "vía Zapatero" activada para impulsar las gestiones del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021. La UDEF recoge conversaciones en las que Rodolfo Reyes explica que el empresario venezolano había mantenido encuentros con Zapatero para abordar la evolución de la ayuda pública. En otra conversación, incluso se plantea la conveniencia de que Camilo Ibrahim llamara directamente al expresidente para "presionar" al expediente de la SEPI.

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es que Camilo Ibrahim recibió una felicitación de Julio Martínez Martínez el 26 de febrero de 2021 por la concesión de la ayuda pública antes incluso de que el fondo de rescate la aprobara formalmente. Según el sumario, ese mensaje demostraría un conocimiento anticipado y extraprocedimental de la decisión. Ibrahim agradeció entonces "la asesoría y guía" prestada al equipo gestor de la aerolínea.

Raif El Arigie, consejero

Raif El Arigie Harbie figura como uno de los consejeros de Plus Ultra y aparece en varias de las conversaciones incorporadas por la UDEF sobre las gestiones para lograr el rescate público de la aerolínea. El empresario mantenía una estrecha relación con Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Camilo Ibrahim Issa, con quienes compartía participaciones en distintas sociedades vinculadas al entorno de Plus Ultra y SNIP Aviation.

Los investigadores destacan especialmente un mensaje enviado en julio de 2020 sobre una reunión mantenida con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Tras reenviar el contenido a Rodolfo Reyes, éste respondió: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”, en alusión al supuesto respaldo del expresidente socialista en las gestiones para acceder a las ayudas de la SEPI.

Miguel Palomero, abogado

Miguel Palomero aparece en la investigación como uno de los intermediarios que habría movido contactos políticos y gestionado pagos en torno al rescate de Plus Ultra. Según los informes incorporados a la causa, el abogado fue uno de los primeros en explorar vías de acceso al entonces Ministerio de Transportes para facilitar ayudas públicas a la aerolínea. En conversaciones intervenidas por la UDEF, Palomero asegura a Rodolfo Reyes que podría llegar a José Luis Ábalos a través de su “mano derecha”, en referencia a Koldo García.

La documentación judicial sitúa además a Palomero en reuniones con la cúpula de Plus Ultra —entre ellos Julio Martínez Solá, Roberto Roselli y Alejandro Delgado— mientras avanzaban las gestiones para lograr el rescate de 53 millones aprobado por la SEPI en 2021. Los investigadores también le vinculan con movimientos de dinero en efectivo supuestamente destinados a terceros relacionados con la trama. En uno de los mensajes recogidos en el sumario, Felipe Baca le entrega 50.000 euros y Palomero afirma que había que “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.

La causa también recoge conversaciones posteriores en las que el abogado muestra preocupación por el avance de la instrucción judicial. En mayo de 2021 trasladó a Rodolfo Reyes que la “fiscal jefa es amiga” y planteó la necesidad de “cortar esto” mediante un supuesto “Kitchen Gabinet”. Además, aconsejó separar judicialmente la situación de Reyes de la del resto de directivos de Plus Ultra y coordinó conversaciones sobre la estrategia procesal de los investigados.

Sergio Sánchez Benítez

Sergio Sánchez Benítez aparece como colaborador de Zapatero y titular del 25% de Análisis Relevante S.L., la empresa utilizada presuntamente para canalizar trabajos de consultoría. Según los investigadores, elaboraba informes de asesoría que posteriormente eran remitidos a Whathefav, la agencia de las hijas de Zapatero, para su maquetación y distribución entre clientes previamente validados por el exlíder socialista. También participaba en el chat interno “AR”, junto a Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz y el propio Zapatero.

Daniel Romero-Abreu Kaup

Daniel Romero-Abreu Kaup es el administrador único de Thinking Heads Group y fundador de Gate Center, dos entidades que, según la UDEF, realizaron pagos al entorno de Zapatero. Los investigadores sostienen que Thinking Heads habría abonado más de 681.000 euros al expresidente y otros 12.000 a Whathefav, mientras que Gate Center transfirió cerca de 353.000 euros a Zapatero y más de 171.000 euros a la sociedad de sus hijas.

Basiliso Gil y Mariana Landaeta

Basiliso Gil Carrasquero aparece como administrador formal de Caletón Consultores S.L., sociedad que la investigación considera instrumental para canalizar fondos vinculados a la trama. Según los informes, actuaba presuntamente como testaferro a cambio de una remuneración mensual, mientras que la gestión real recaería en Santiago Fernández Lena. Su esposa, Mariana Landaeta Centeno, controlaba el 90% de las participaciones de la mercantil.

Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del INAC

Juan Manuel Teixeira Díaz, mayor general y presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), mantenía contactos con Julio Martínez Martínez relacionados con las operaciones de Plus Ultra en Venezuela. Las conversaciones incorporadas a la causa reflejan intercambios sobre autorizaciones de vuelos, deudas pendientes de la aerolínea y gestiones ante las autoridades venezolanas.

Domingo y Guillermo Amaro, Inteligencia Prospectiva S.L.

Domingo y Guillermo Amaro Chacón son administradores de Inteligencia Prospectiva S.L., una sociedad que la ONIF considera instrumental para mover fondos y redistribuir dinero mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa habría transferido cientos de miles de euros a Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center. Según la investigación, Domingo Amaro mantenía una relación directa con Julio Martínez Martínez y se refería a Zapatero como “Presidente” en conversaciones sobre operaciones internacionales relacionadas con petróleo, oro y compraventa de activos.

Philippe Apikian, petróleo venezolano

Philippe Apikian, empresario suizo y presidente de Swissoil Trading S.A., aparece vinculado a operaciones petroleras relacionadas con Venezuela. Su nombre surge en conversaciones entre Domingo Amaro y Julio Martínez Martínez sobre posibles compras de cargamentos de petróleo y reuniones con altos cargos del Gobierno venezolano, incluida Delcy Rodríguez.

Carlos Alberto Parra, Softgestor S.L.

Carlos Alberto Parra Delgado es administrador de Softgestor S.L., sociedad que los investigadores consideran utilizada para canalizar fondos mediante supuestos contratos de asesoría internacional ficticios. La empresa firmó un contrato con Análisis Relevante por 120.000 euros más IVA, que la UDEF interpreta como una vía para dar apariencia legal a transferencias económicas. Óscar Fernández García figura como socio minoritario de la mercantil.

Francisco Enrique Flores

Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano, aparece como el verdadero gestor de pagos vinculados a Softgestor y Análisis Relevante, pese a no figurar formalmente en las sociedades. Según la investigación, intercambió borradores de contratos y coordinó transferencias económicas relacionadas con la estructura empresarial de la trama.

Felipe Baca

Luis Felipe Baca está considerado por los investigadores como una de las piezas clave en las operaciones de blanqueo. Las autoridades suizas lo sitúan como responsable de mecanismos de compensación y movimientos de efectivo fuera del circuito bancario. La causa le atribuye entregas de dinero en metálico destinadas presuntamente a influir en la tramitación del rescate de Plus Ultra, incluyendo pagos gestionados a través del abogado Miguel Palomero. También está investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.