Tres décadas después del 'caso Filesa', la causa sobre las denominadas cloacas del PSOE ha vuelto a situar a la política española ante un complejo frente judicial. Aunque inicialmente se vinculó a la estrategia de defensa del PSOE Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, vuelve a aparecer la figura de un letrado que, en varias ocasiones, habría representado los intereses del Partido Socialista: Gonzalo Martínez-Fresneda.
El perfil profesional de Martínez-Fresneda ha estado marcado por una especial atención a las cuestiones procesales y a la arquitectura jurídica de la defensa. Considerado por algunos medios como el "abogado del PSOE", este veterano penalista, con experiencia ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, ha estado presente en algunos de los litigios más relevantes de las últimas décadas en España.
Quién es Mártinez-Fresneda
Desde sus inicios profesionales en la década de los ochenta, Martínez-Fresneda comenzó a forjar su trayectoria lejos de los focos de la alta política. Su notoriedad empezó a crecer a raíz de las denuncias relacionadas con la prisión de Herrera de la Mancha, donde defendió a internos y a organizaciones de derechos humanos frente a funcionarios y responsables del centro, a quienes acusaba de malos tratos y vulneraciones de derechos fundamentales.
En una época en la que pocos abogados estaban dispuestos a enfrentarse al sistema penitenciario y a denunciar torturas en cárceles de alta seguridad, Martínez-Fresneda se consolidó como una de las voces del sector progresista de la abogacía penal. Fue precisamente en este ámbito donde comenzó a labrarse una destacada reputación profesional.
La querella contra Garzón por prevaricación
Entre los asuntos de mayor repercusión de su carrera destaca la defensa del juez Baltasar Garzón en el procedimiento relacionado con la investigación de los crímenes del franquismo. Garzón se enfrentaba entonces a las acusaciones ejercidas por Manos Limpias y Libertad e Identidad quienes acusaban al exjuez de no ser competente para investigar las desapariciones, ejecuciones y enterramientos producidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Garzón calificó los hechos como crímenes contra la humanidad y ordenando la apertura de diligencias y exhumaciones. Por su parte, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa. Martínez-Fresneda diseñó una estrategia procesal poco habitual ante el Tribunal Supremo, que algunos analistas jurídicos calificaron como una de las defensas técnicamente más brillantes de la década de 2010.
La táctica procesal se articuló en torno a tres argumentos principales: que no podía apreciarse prevaricación si existían dudas jurídicas razonables sobre la cuestión; que el hecho de que diecisiete magistrados hubieran permitido continuar la investigación dificultaba considerar la decisión de Garzón como manifiestamente injusta; y que la acusación popular no debía poder sostener el juicio por sí sola sin el respaldo de la Fiscalía.
En 2012 el Tribunal Supremo absolvió a Garzón considerando que, aunque su interpretación jurídica podía ser errónea, no podría considerarse el nivel de arbitrariedad exigido para condenarlo por prevaricación.
El denominado 'caso Campeón'
Este estilo combativo frente a las macrocausas y las investigaciones prospectivas —aquellas basadas en sospechas más que en hechos objetivamente acreditados— volvió a manifestarse en el denominado caso Campeón, en el que Martínez-Fresneda asumió la defensa de José Blanco frente a la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de tráfico de influencias. El letrado logró el archivo de la causa al demostrar que la actividad institucional ordinaria de un ministro no implicaba necesariamente la existencia de contraprestaciones o dádivas ilegales y que no existía una relación causal entre ambas circunstancias.
No obstante, la trayectoria del abogado también ha estado marcada por algunos reveses. En el 'caso ERE' de Andalucía asumió la defensa de Gaspar Zarrías. Según adelantó este medio en 2019, Martínez-Fresneda presentó por este asunto una minuta de honorarios de 104.290,26 euros, aunque la Junta de Andalucía consideró que, de acuerdo con los criterios aplicables, únicamente le correspondían 4.220,32 euros (más IVA).
Durante el procedimiento, y frente a las acusaciones de la Fiscalía y del Partido Popular, el abogado sostuvo que las denominadas macrocausas terminan convirtiéndose en "causas generales". No era la primera vez, ni tampoco fue la última, que se mostró crítico con este tipo de procesos judiciales.
Pese a estos argumentos, el resultado fue desfavorable para la defensa y Zarrías fue condenado por prevaricación. Años después, sin embargo, varias de las condenas dictadas en el procedimiento fueron revisadas a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional. En la actualidad, Martínez-Fresneda también representa al exdirigente socialista en el 'caso Leire'.
El penalista cosechó igualmente resultados favorables en procedimientos de gran exposición mediática y política. Uno de los casos más conocidos fue la defensa de Rita Maestre por la protesta celebrada en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, durante la cual varios estudiantes del campus de Somosaguas leyeron consignas y mensajes críticos con la Iglesia y con la presencia de símbolos religiosos en la universidad. Después de una primera condena por un delito contra los sentimientos religiosos, la defensa consiguió su absolución en apelación al fundamentar sus argumentos en la libertad de expresión y en el carácter político de la protesta.
El paso de Martínez-Fresneda por la defensa de Santos Cerdán
En los últimos años, el nombre del penalista ha vuelto a aparecer vinculado a algunas de las principales figuras de la actualidad política. Martínez-Fresneda asumió inicialmente la defensa del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en la investigación sobre supuestas comisiones ilegales y adjudicaciones públicas. Sin embargo, renunció a su representación tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y después de que Cerdán entregara su acta de diputado y abandonara el partido.
El letrado figura como el abogado que solicitó prisión para Víctor de Aldama y mantiene en el horizonte la posible defensa de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, un asunto que todavía se encuentra en una fase demasiado incipiente como para valorar cuál podría ser su papel en el procedimiento.
Más allá del resultado de cada caso, los procedimientos públicos en los que ha intervenido Gonzalo Martínez-Fresneda permiten identificar algunas constantes en su forma de ejercer la defensa: una especial atención a las cuestiones procesales, el recurso frecuente a argumentos de carácter constitucional y una tendencia a cuestionar el alcance y la legitimidad de determinadas actuaciones judiciales.
Desde las denuncias sobre las condiciones penitenciarias en los años ochenta hasta algunas de las causas políticas más relevantes de las últimas décadas, su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a asuntos de notable repercusión tanto jurídica como pública.
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