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Cartel electoral en una calle de Caracas. EUROPA PRESS

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Jaque (mate) a Juan Guaidó

La oposición venezolana encara dividida las elecciones legislativas de diciembre, donde el régimen pretende legitimarse

La partida de ajedrez que se juega en el tablero venezolano se ha acelerado esta semana. El régimen chavista anunciaba el último día de agosto el indulto de 110 presos, solo de ellos 50 con causas pendientes, bien entre rejas o con medidas cautelares en su casa. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez (Delcygate), aseguraba que «la intención» era «profundizar en el proceso de reconciliación nacional de cara al próximo proceso electoral».

Al régimen le interesa que las legislativas sean consideradas limpias por la comunidad internacional y sembrar la discordia en la oposición. Busca el jaque mate al gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó. Necesita, para ello, que figuras relevantes de la oposición (ahí entra el ex candidato presidencial Henrique Capriles) promuevan la participación en las elecciones y que la Unión Europea las avale. De momento, la UE sigue considerándolas poco fiables.

El plazo para presentar candidaturas a estas elecciones finalizó el viernes 4 de septiembre: se han presentado 3.000 candidaturas, entre ellas la del Partido Socialcristiano, conocido como COPEI, y Alianza Venezuela Unida, que encabeza Luis Parra, a quien el chavismo colocó al frente de la Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó.

La Fuerza del Cambio, organización política que vinculan a Henrique Capriles, ex candidato presidencial, ha inscrito 277 candidaturas. Encabeza esta formación Arturo López, de quien no se conocen detalles, según la periodista Osmary Hernández. Capriles no se presenta.

Justo antes del cierre del plazo de inscripción de partidos, el Tribunal Supremo de Justicia, en manos del chavismo, suspendía la decisión de intervenir el partido Primero Justicia, del que forma parte Capriles. El disidente José Brito, que rompió con Juan Guaidó, se puso al frente. Lo mismo ocurrió con Acción Democrática y Voluntad, Popular, el partido de Leopoldo López, refugiado en la embajada española, y Juan Guaidó.

La primera señal del que algo se movía en el tablero venezolano fue la salida de la cárcel del diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, el 29 de agosto. Llevaba 752 días en prisión, acusado de orquestar un golpe de estado contra Maduro en agosto de 2018. Requesens, del partido de Capriles, no ha sido liberado, sino que ahora está bajo custodia en su domicilio. Capriles habría participado en la negociación del indulto, bajo mediación de Turquía.

Apenas dos días después, Jorge Rodríguez, quien es uno de los hombres más poderosos del régimen junto a su hermana Delcy Rodríguez, anunciaba ese indulto a bombo y platillo. El fin era que la comunidad internacional viera como «un gesto» de buena voluntad del chavismo lo que es un intento de blanquear las elecciones legislativas, que no se llevarán a cabo en condiciones de transparencia. Lo dijo Maduro en varias ocasiones: nunca más iba a perder unas elecciones como ocurrió en diciembre de 2015, cuando la oposición logró el control de la Asamblea Nacional.

Entre los que han recuperado su libertad, estaba Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó, pero muchos son civiles cuyo delito ha sido vivir en el barrio de un fugado (Antonia Turbay) o tener una relación sentimental con una militar disidente. Es decir, gente que nunca debería haber estado en prisión. Como el caso de los políticos profesionales también. Siguen entre rejas 336 presos, un número que cambia cada día porque unos salen y otros entran; entre ellos, 123 militares.

El ex jefe del gobierno español Felipe González, gran conocedor de la realidad venezolana, siempre reitera que la puesta en libertad de todos los presos políticos ha de ser una condición sine que non para entablar cualquier tipo de acercamiento al régimen chavista.

Desgobierno con dos gobiernos

Lo cierto es que Venezuela llevaba tiempo sufriendo una parálisis política grave. El régimen se niega a convocar elecciones presidenciales y encauzar la transición democrática, por mucha presión de la comunidad internacional que sufra, y el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó no logra que los militares, que son realmente quienes mantienen con vida a Maduro y sus acólitos, se inclinen por apoyar el cese de la usurpación. Ven peligrar su estatus y su patrimonio, e incluso su libertad, si son perseguidos por causas pendientes. Venezuela es un desgobierno con dos gobiernos.

A ello se suma una crisis económica que cada día va a más: hiperinflación, carestía incluso de gasolina, a pesar de ser un país productor de petróleo, pero sin medios para producirlo, y servicios básicos, como la sanidad, peor que deficientes. La crisis del coronavirus ha empeorado aún más si cabe las tremendas condiciones de vida de los venezolanos: los datos que ofrece el régimen chavista son poco fiables. Expuestos a la persecución arbitraria, la criminalidad, y la pobreza, unos cinco millones de venezolanos han dejado el país desde que Maduro llegó al poder.

«No pasa nada que no hubiera sido previsible. Tienes una revolución con 21 años en el poder. Son procesos muy difíciles de terminar. Se presume que una revolución de estas características se puede sustituir rápidamente porque el pueblo no la quiere, porque pierde su mayoría. Evalúan la revolución con términos de democracia. Un gobierno en democracia que pierde su popularidad está en aprietos. Pero no es el caso», explica Luis Vicente León, presidente de Datanálisis y profesor UCAB e IESA.

En una revolución, no es la popularidad, sino el control militar el elemento central que explica su permanencia en el poder», dice Luis Vicente León

«La popularidad es relevante en términos electorales, no en una revolución. Es el control del sector militar, es el elemento central que explica la permanencia de la revolución», añade Luis Vicente León, uno de los observadores más agudos de la realidad venezolana.

Las expectativas de cambio llegaron a su cénit cuando Juan Guaidó, hasta entonces desconocido para la mayoría de los venezolanos, jurara como presidente encargado tras asumir como presidente de la Asamblea Nacional, en enero de 2019. En mayo de 2018 Maduro se había atribuido la victoria en unas elecciones presidenciales que la comunidad internacional consideró fraudulentas.

En virtud de ese fraude, la Asamblea Nacional, que había sido elegida en diciembre de 2015 y ha de ser renovado el 6 de diciembre, se consideraba el único garante de la legitimidad. Entonces, una mayoría de los venezolanos, un 63%, veían que el cambio estaba al alcance.

Los venezolanos habían encontrado a su Obama. Unos 60 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de poner fin a la usurpación y encabezar un proceso de transición que lleve a elecciones libres. Pero desde entonces ha pasado año y medio y Maduro sigue en el poder. Es el gobierno de facto, y cuenta con aliados internacionales, como Rusia, China, Turquía o Irán, que le dan el suficiente oxígeno como para seguir con vida. Y Cuba, que mueve los hilos.

Las elecciones parlamentarias del próximo diciembre son en realidad un mandato constitucional, según expertos juristas venezolanos. El régimen las usa, como suele hacer cuando lo que le conviene lo que estipula la Constitución.

«Con esta convocatoria colocan contra la espada y la pared al gobierno interino y la oposición. Diosdado Cabello ya lo advirtió. Eso no es nuevo. Es nuevo para un gobierno interino que entregó su estrategia a la comunidad internacional, y sobre todo a Estados Unidos», señala una fuente venezolana muy familiarizada con el proceso político en curso.

Una oposición fragmentada

El fin del régimen chavista es acabar con la Asamblea Nacional y con Juan Guaidó, quien intenta promover una consulta popular para que los venezolanos decidan si sigue siendo el presidente interino. Guaidó llama a la unidad, pero no toda la oposición confía ya en el gobierno interino.

Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular son los partidos que han centrado las decisiones de la oposición hasta ahora, sin tener en cuenta a los minoritarios. Algunas decisiones del gobierno interino (Juan Guaidó y Leopoldo López) han actuado en paralelo. Ese gobierno interino se soporta en la base del poder legislativo, la Asamblea Nacional, y estos partidos que respaldan a Juan Guaidó.

Pero Acción Democrática ha sufrido una escisión con Henry Ramos que se acerca al régimen. Stalin González, delfín de Un Nuevo Tiempo, también se aleja. Y Capriles, de Primero Justicia se deslinda a su vez de Julio Borges, el canciller del gobierno interino. Han visto que Juan Guaidó está cada vez más aislado, en una estrategia del régimen de persecución de su entorno, desde su jefe de gabinete, encarcelado hasta el indulto de esta semana, hasta a su familia.

Cuenta con el apoyo exterior, pero no tiene una estrategia clara para poner en marcha su mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Después de 20 meses sin avances, crecen los disensos. La jugada maestra del régimen es haber trabajado con el escenario de las elecciones legislativas como órdago a la grande a la oposición. Lo llevan anunciando desde hace tiempo.

Iban a convocar los comicios, una convocatoria constitucional. Está claro que no habrá condiciones para que sean unas elecciones libres, pero si te quedas fuera, dejas el Legislativo en manos de Maduro. Solo si todos reafirman esta postura puede ser eficaz.

Guaidó propone a la oposición que se quede paralizada y le reconozca hasta el cese de la usurpación. Así estaría más en aprietos Felipe VI que Guaidó», dice el director de Datanálisis

«Guaidó propone a la oposición que se quede paralizada. No votar, no actuar, mantener al gobierno interino… Reconocer a Guaidó hasta que cese la usurpación. De este modo, estaría en más aprietos para mantenerse Felipe VI que Juan Guaidó. Es lógico que haya quienes se rebelen», apunta Luis Vicente León.

Entre ellos está Henrique Capriles, que a punto estuvo de ganar las presidenciales que disputó a Maduro nada más morir Hugo Chávez. Capriles defiende que se participe. Ahora insiste en que sería mejor posponerlas a la vez que empieza el proceso de las inscripciones electorales.

El problema para Capriles es que también necesitaría que este paso fuera de unidad y que el pueblo masivamente se inclinara por los candidatos opositores para evitar que esa elección no competitiva lo único que logre sea legitimar al régimen. En un mensaje a los venezolanos, Capriles decía: «No vamos a regalarle nada a Maduro… Siempre será mejor jugar a la democracia»

Otra de las grandes figuras opositoras, María Corina Machado, solo ve la opción de la intervención exterior. Es cierto que si Estados Unidos se implicara por la fuerza lograría deponer a Maduro. Pero la estrategia de Washington es de retirada en todo el mundo. Sus intervenciones recientes solo han servido para empeorar la situación, con el claro ejemplo de Irak, entre otros. El enviado especial del gobierno de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, consideró esta opción como «realismo mágico».

Los militares, la clave

«Todos los análisis se centran en el trabajo de la oposición, su popularidad y el respaldo internacional a la oposición. Se han sobredimensionados las expectativas de cambio. La capacidad de acción de la comunidad internacional es bajísima», afirma Luis Vicente León. Las sanciones no van a provocar la salida del poder de Maduro.

Según el director de Datanálisis, la clave es el sector militar. «Los militares son los únicos que pueden provocar la salida de Maduro. En la fractura de la élite dominante es donde puede crearse una posibilidad de negociación. Si a esa élite no la ofreces garantías, la probabilidad de éxito es nula», añade León. 

«En Venezuela pretenden no negociar con los militares porque son parte del problema. Siempre lo son». Evoca los sucesos recientes en Bolivia con la salida de Evo Morales, pero la permanencia del ejército, o más atrás en el tiempo el ascenso al poder de Violeta Chamorro, que tuvo como ministro de Defensa al hermano de Daniel Ortega.

Otro escenario factible, a juicio de Luis Vicente León, sería un golpe militar porque los uniformados se harten de Maduro. Para que acepten ceder parte del poder a la oposición van a intentar preservar su poder como corporación, lograr garantías personales y familiares y querrán preservar su patrimonio. «Cualquier negociación política ha de implicar a los militares en el juego. Sin ellos, no hay forma de que haya cambios».

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