"Vamos a destruir el Tribunal Penal Internacional. Ladrillo a ladrillo, si es necesario". Marco Rubio expuso en un artículo, publicado a mediados de julio en The Wall Street Journal, las motivaciones para acabar con la Corte con sede en La Haya. La Administración Trump considera que sus jueces están excediendo sus competencias. "No toleraremos este asalto a la soberanía". Antes de empezar agosto, Venezuela, que actúa a órdenes de Rubio, anunciaba que se retiraba del TPI. Luego lo hizo Chad.

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Estados Unidos nunca ha sido miembro del Tribunal Penal Internacional desde su creación en 1998 por el Estatuto de Roma. Lo firmaron 120 Estados para juzgar a los autores de genocidio, crímenes de agresión, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Entró en vigor en julio de 2002. Hasta las últimas bajas eran 125 los Estados firmantes.

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La primera persona a la que la CPI juzgó con éxito fue Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo. En marzo de 2012, Dylio fue declarado culpable de los crímenes de guerra de alistar y reclutar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades. 

En 2020, el TPI abrió un caso sobre los presuntos delitos cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán y en las cárceles secretas de la CIA en Europa. Esta investigación, actualmente en suspenso, acarreó sanciones a la antigua fiscal, Fatou Bensouda. En 2023, la Corte emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, "por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".

El caso contra Netanyahu

En noviembre de 2024 dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. De esta forma, si Netanyahu viajara a alguno de los países firmantes del Estatuto de Roma debería ser arrestado. Aquello activó todas las alarmas en Washington. Desde entonces la batalla fue a degüello.

En el artículo, Rubio apunta cómo "ahora, el TPI y sus aliados buscan crear un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para pasar por encima de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros Estados soberanos, así como para juzgar y detener a nuestros ciudadanos". Pero lo que en realidad quiere decir es que no aceptan que el TPI pueda juzgar las políticas de la actual Administración, o las decisiones de sus aliados, por muy criminales que sean.

Por ello, Rubio anunció claramente que "Estados Unidos está poniendo en marcha una campaña diplomática con un mensaje sencillo: los Estados soberanos por encima del globalismo. Quienes se benefician de la seguridad estadounidense no deben quedarse de brazos cruzados mientras se ataca a quienes garantizan esa seguridad. Esto es solo el principio. Utilizando todas las herramientas de que dispone nuestro Gobierno y colaborando con todos los aliados con los que podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario". Los Estados africanos son el primer objetivo. El responsable de África en la Casa Blanca, Frank García Jr. es quien lleva a cabo esta misión.

Sanciones contra los jueces

A su vez, la estrategia pasa por hacer la vida imposible a los jueces del tribunal. Washington ha ido imponiendo, una tras otra, sanciones contra once magistrados de la Corte, así como contra tres ONG palestinas y la experta de la ONU para los territorios ocupados, Francesca Albanese. El ex fiscal jefe Karim Khan fue destituido en julio tras hacer frente a acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de una asistente. Fue un duro golpe para el TPI. La investigación por conducta indebida sometió a la institución a un intenso escrutinio y profundizó las divisiones internas.

Este martes EEUU anunció sanciones contra la presidenta del TPI, la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la corte. Akane desempeña principalmente funciones de representación de la institución, mientras que Seye ha supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y suministro de armas a colonos.

"Estas personas se han involucrado directamente en los intentos del TPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de ese tribunal, dice el comunicado el secretario de Estado Marco Rubio.

En virtud de estas sanciones quedan congelados los activos que puedan poseer en EEUU. Y son excluidos del sistema financiero estadounidense, con el que casi todos los bancos que operan a nivel internacional mantienen estrechos vínculos.

En un comunicado, el TPI apunta que esas sanciones "socavan el Estado de derecho". "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señala el tribunal. Añade que continuará su labor, pese a estas presiones.

Las demandas de EEUU

Estados Unidos exige a la Corte que anule las órdenes de detención contra los responsables israelíes y que archive las investigaciones sobre los crímenes cometidos en territorio palestino. Desde hace meses, también pide que modifique su tratado fundacional, para prohibir a sus jueces procesar a ciudadanos de países que no lo hayan ratificado.

El TPI solo ejerce su competencia cuando un Estado miembro no puede o no quiere enjuiciar por sí mismo los crímenes atroces. El Estatuto de Roma también otorga al tribunal la facultad de enjuiciar los crímenes atroces cometidos en el territorio de los Estados miembros por nacionales de Estados no miembros.

Guerra contra el multilateralismo

"Esta nueva campaña contra la CPI supone una intensificación de su guerra contra el multilateralismo. Es una campaña de pura destrucción, un intento coercitivo de imponer la voluntad de Estados Unidos al resto del mundo", afirma Stewart Patrick, investigador en la Carnegie Endowment for International Peace en un artículo publicado en julio en la web de la institución.

A juicio de Stewart Patrick, "el intento sin cuartel de la Administración por destruir el TPI parecería ser tanto imprudente como inútil, un esfuerzo de política simbólica que consolidará aún más la reputación de Estados Unidos como una potencia hegemónica desquiciada y dominante, en lugar de como un líder mundial benevolente y con visión de futuro". Sostiene que "el verdadero objetivo de la campaña del Gobierno para desmantelar por completo el TPI es proteger a los líderes políticos y a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses de tener que rendir cuentas por la comisión de crímenes atroces en países que son parte de la Corte, pero en los que el Gobierno ha librado, o pretende librar, una guerra".