Pasaban unos minutos de las 11 de la noche del martes 6 de junio cuando el consejo del Banco Popular tiró la toalla definitivamente. A las 6 de la tarde de ese mismo día, al cierre de las operaciones interbancarias instrumentadas a través del sistema Target, la posición de liquidez de la entidad era de sólo 600 millones. Eso a pesar de que en las últimas 48 horas, el Banco de España había inyectado al Popular unos 4.000 millones de euros en una línea especial (ELA) para evitar el default. Ya no había nada que hacer: las peticiones de retirada de fondos comunicadas para hacerse efectivas a la apertura de oficinas el día 7 de junio suponían 2.000 millones de euros. Es decir, 1.400 millones menos de lo que había en caja.

Sólo había dos opciones: o presentar concurso de acreedores ante el juzgado a primerísima hora del 7 de junio, para lo que el equipo dirigido por el consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, ya tenía preparado un plan de emergencia que suponía el cierre de oficinas, la desconexión de la banca online y de los cajeros; o bien, se encontraba un comprador que se hiciera cargo de la entidad, para lo que sólo había un margen de seis horas.

El consejo del Popular remitió una carta a la presidenta del Consejo de Supervisión (MUS) del BCE, Danièle Nouy, informándole de que la situación del banco era “inviable”. La sede del MUS se encuentra en Fráncfort. Por tanto hubo que convocar un consejo de urgencia que se celebró por videoconferencia en el que se aprobó por unanimidad que “el banco sería insolvente en un futuro próximo”. Acto seguido, se comunicó a la Junta Única de Resolución (JUR), con sede en Bruselas, la decisión adoptada para que este órgano decidiera qué hacer. Era la primera vez que esto sucedía desde que el BCE asumió la supervisión de los bancos europeos sistémicos (los más grandes). La solución adoptada fue la resolución.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dormía plácidamente en la noche del 6 de junio cuando fue despertado para comunicarle que uno de los mayores bancos españoles estaba a punto de caer

Los miembros del consejo de gobierno del BCE también fueron informados. A Mario Draghi hubo que despertarlo para comunicarle la situación, ya que a esas horas estaba ya metido en cama. O sea, que también el presidente del BCE se quedó sin dormir en la tensa madrugada del 7 de junio.

La pelota pasó de Fráncfort a Madrid. El FROB es una institución delegada del MUR y, por tanto, su presidente, Jaime Ponce, tuvo que hacerse cargo de la patata caliente que amenazaba estallar en sólo unas horas.

Por supuesto, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, el subgobernador, Javier Alonso (que es consejero del MUR), y el ministro de Economía, Luis de Guindos, seguían minuto a minuto lo que estaba sucediendo en la última planta del Edificio Beatriz (cuartel general del Popular).

Guindos quería evitar a toda costa el peligro que suponía el concurso de acreedores. Es decir, que la liquidación llevara al cierre de oficinas, con el lógico perjuicio para los depositantes, al margen del daño en imagen que implicaría para España ver colas de ahorradores reclamando su dinero a las puertas de las sucursales. ¡Y eso a una semana de una moción de censura contra el Gobierno!

El Popular sólo presentó el día 5 de junio activos por 10.000 millones como garantía para lograr una inyección de liquidez extraordinaria del Banco de España.

Por otro lado, en ningún caso podría recurrirse al dinero público: el coste tendría que recaer íntegramente en los accionistas de la entidad.

El gobierno se puso al habla con Ana Botín (Santander) e incluso con Francisco González, a pesar de que el BBVA había comunicado hacía días su falta de interés por comprar el Popular. Finalmente, sólo el Santander mostró interés. Eso sí, a un precio simbólico: 1 euro. El acuerdo se cerró a las 7 de la mañana del 7 de junio. A las 7.30, Ponce informó a Sánchez-Asiain de que se había encontrado un comprador y ya no era necesario activar el plan de emergencia.

¿Cómo es posible que se llegara a esa situación? Desde el 30 de marzo al 5 de junio el Popular había perdido casi 18.000 millones en depósitos. La liquidez, por tanto, no se esfumó de la noche a la mañana. El equipo directivo, encabezado por Emilio Saracho, perdió dos meses preciosos, mientras coqueteaba con Santander, BBVA y Bankia. Era como si no viera el peligro que se cernía sobre el banco o como si quisiera que alguien desde fuera forzara una salida aunque sólo fuera para evitar la catástrofe.

En la tensa madrugada del 7 de junio, el Gobierno se puso en contacto con el BBVA, además del Santander, para ver si hacía una oferta por el Popular.

El lunes 5 de junio, el Popular solicitó una línea especial de liquidez (ELA) ante la huida masiva de depósitos, que llegó a alcanzar los 2.000 millones diarios. El Popular contaba con 40.000 millones de “activos identificables” (activos que pueden ser ofrecidos como garantía colateral para la obtención de liquidez del Banco de España), pero, sorprendentemente, sólo pudo presentar activos por 10.000 millones con plenas garantías. El Banco de España les aplicó un hair cut (recorte de valor) superior al 50%, por lo que, finalmente, sólo puso en manos del Popular algo menos de 4.000 millones de euros, que fue lo que se esfumó entre el lunes 5 y el martes 6 de junio.

Cuando el Popular fue intervenido era todavía solvente. Eso lo han reconocido tanto Linde, como Guindos, como Vitor Constancio (vicepresidente del BCE) ¿Tiene sentido liquidar una entidad solvente acuciada por un problema de liquidez? Esa es una gran pregunta que pone de relieve la ineficacia del sistema europeo de resolución, que ni siquiera contempla esa hipótesis.

Una inspección en marcha había detectado que el Popular necesitaba otros 2.000 millones de provisiones, que podían elevarse a 5.000 millones una vez concluida.

Lo que está claro es que el BCE ha actuado de manera diferente con el Popular y con los bancos italianos Popolare di Vicenza y Banca Veneto, en los que el Gobierno italiano inyectará 17.000 millones de euros.

Es verdad que esos dos bancos son más pequeños, no son “sistémicos”, pero también lo es que Italia ha jugado a fondo sus bazas políticas para no dejar caer ninguna de sus instituciones financieras.

Todas las incógnitas que rodean la caída del Popular generarán demandas y querellas. Los accionistas no han recibido una explicación convincente de por qué sus acciones ahora no valen nada.