Venezuela atraviesa el peor momento de su historia contemporánea. Dilapidado el mayor aluvión de dinero de toda su historia republicana, el país ha descendido a los niveles de estado fallido. Los venezolanos sufren la peor calidad de vida del continente americano, lo cual es muy grave si se considera que en la región hay países muy pobres como Haití y Nicaragua por mencionar sólo dos de ellos.

La clase política venezolana hace rato que abandonó los principios democráticos para aferrarse a ese espíritu que los llevó a embarcarse en las aventuras golpistas de 1992 con las que pretendían instaurar una dictadura militar para, supuestamente, resolver los problemas que aquejaban a la población.

Lo cierto es que la situación de Venezuela es mucho peor que en 1992. Vale la pena mencionar algunos datos para ubicar al lector. Actualmente la inflación se ubica en 1.000 por ciento anual con una grave tendencia a subir en los próximos días. La escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene personal es escandalosa. La desnutrición infantil y el aumento de la mortalidad infantil son indicios de la nefasta situación que provoca la ausencia de productos esenciales para la alimentación y la salud. Enfermedades erradicadas hace décadas como la malaria han vuelto a brotar con fuerza. Durante el año 2016 al menos 30.000 venezolanos fueron asesinados por bandas criminales que han logrado organizarse para estar mejor equipadas y ser más efectivas que la policía llamada a cuidar a los venezolanos. Para no aburrir con más datos, se estima que más de un millón y medio de venezolanos han abandonado el país, en su mayoría en búsqueda de una calidad de vida que su tierra no les ofrece.

En diciembre de 2015, el chavismo sufrió una derrota electoral de proporciones importantes. Dos tercios de la Asamblea Nacional (AN), el cuerpo legislativo del país, quedó bajo el control de la oposición. Ese fue el fin de las elecciones en Venezuela y marcó la ruptura total del partido de gobierno con la democracia. Lo que vino a partir de ese momento fue un golpe de estado por capítulos.

El primero fue el nombramiento sin cumplimiento de los extremos legales y reglamentarios de un Tribunal Supremo de Justicia, repleto de personas de poca solvencia profesional, ligadas al partido de gobierno al punto de que algunos eran diputados de la Asamblea Nacional que días antes de su vencimiento los nombró y juramentó ilegalmente.

Lo que vino a partir de las elecciones de 2015 fue un golpe de estado por capítulos

El segundo capítulo se produce con una sentencia de la sala electoral de este nuevo tribunal que suspende la elección y proclamación de los diputados del estado de Amazonas por un supuesto fraude. Llama la atención que hasta ese momento, el chavismo proclamaba tener el mejor sistema electoral del mundo y más protegido contra dolos. Con esta sentencia, el chavismo impide que la nueva AN se instale con la mayoría conquistada en las elecciones.

Ya mostrando descaradamente su cara dictatorial, Maduro procede a ordenar al ilegítimo TSJ que declare a la AN en desacato. Un nuevo golpe que lleva al ejecutivo a desconocer la capacidad de control del cuerpo legislativo sobre el resto de las instituciones del Estado.

En diciembre de 2016 unos tribunales de control detienen el proceso de convocatoria de un referéndum para la revocación del mandato de Maduro, según lo que estable el artículo 72 de la Constitución Nacional. En este nuevo capítulo golpista, los tribunales de menor instancia pasan por encima de la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los venezolanos se quedan sin la posibilidad de someter a Maduro al juicio popular del voto.

No contentos con estos artilugios, el CNE, cuyas rectoras pertenecen al partido de gobierno, suspende con artilugios administrativos las elecciones de gobernadores y alcaldes que se debían realizar en diciembre de 2016, un nuevo golpe a la soberanía popular que ve cerrados los espacios para la expresión de su evaluación de la situación que vive el país.

Otro capítulo se da con las sentencias del TSJ que eliminan la inmunidad de los parlamentarios y adjudican funciones de la AN al Tribunal Constitucional. Semejante aberración tuvo una repulsa nacional e internacional y dio un tremendo impulso a la ola de protestas que desde entonces se viven en Venezuela. En el papel, el TSJ revocó las sentencias, en la práctica, la dictadura las siguió aplicando.

El país se va por un precipicio en el que la dictadura tratará de poner orden a través de una mayor represión y persecución

Huyendo de las elecciones, el dictador Maduro decide desconocer totalmente la Constitución y convoca una asamblea nacional constituyente para escribir una nueva constitución. El descaro es de tal magnitud que no se esconde que el verdadero propósito es tener poderes supra constitucionales para proceder a la remoción de la Fiscal General de la república y al cierre de la Asamblea Nacional dejando sin inmunidad parlamentaria a sus diputados. Este golpe fue avalado por el ilegítimo TSJ con una sentencia que no admite la más mínima revisión desde el punto de vista de su nivel jurídico.

En un capítulo culminante, la dictadura celebra un simulacro de elecciones de los miembros de la constituyente. El fraude es monumental. A pesar de que los centros electorales se veían desolados, el CNE anuncia al final de la jornada una participación de ocho millones de venezolanos para tratar infructuosamente de convencer a la opinión pública nacional e internacional que cuentan con el apoyo mayoritario de la población.

El viernes 4 de agosto el mundo asiste a la estocada final. Se instala una Asamblea Nacional Constituyente en franca violación de lo previsto para ello en la constitución vigente. El golpe de estado se ha consumado.

Las amenazas y acciones no se han hecho esperar. El primer acto de la ACN fue remover de su cargo a la Fiscal General de la República y nombrar a un individuo cuya parcialidad política no deja lugar a dudas al haber sido constituyentista en 1999, diputado a la AN y gobernador de estado siempre en las filas del partido de gobierno.

Lo que le espera a Venezuela es de pronóstico reservado. La dictadura se ha otorgado a sí misma poderes constituyentes. Ya anunció que su duración será de dos años. Se empeña en hacer creer al mundo que su origen es legítimo y que actúa bajo el mandato popular. Eso solo lo creen los partidos españoles satélites del PSUV y algún grupete de izquierdistas trasnochados a los que los principios de la democracia les importa muy poco.

El país se va por un precipicio en el que la dictadura tratará de poner orden a través de una mayor represión y persecución de líderes de oposición, aumentando el número de presos políticos, exiliados, asesinados y heridos. El dictador Maduro se siente sin límites y hace caso omiso de la repulsa internacional. Las medidas hasta ahora anunciadas por otros países resultan inefectivas ante la magnitud del desafuero cometido por una clase política corrompida y peligrosamente vinculada con el crimen internacional.