Aldama no es 'uno de los nuestros'

El llamado juicio de las mascarillas ha quedado listo para sentencia. El tribunal (siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo) se reunirá por primera vez el próximo martes para deliberar. La sentencia puede llegar en el plazo de un mes, a mediados de junio.

Será una sentencia histórica, ya que podría significar la condena de un ex ministro y, al mismo tiempo, ex secretario de Organización del PSOE; mano derecha del presidente desde que se formó el primer Gobierno socialista tras la moción de censura, en el verano de 2018, hasta su abrupta destitución –sin explicación alguna– en julio de 2021.

Por la Sala han desfilado desde una querida a la que José Luis Ábalos pagó el alquiler de su piso en Plaza de España durante años y colocó en dos empresas públicas (Jésica Rodríguez) al teniente coronel de la UCO y responsable de la investigación (Antonio Balas) pasando, por supuesto, por los tres imputados: Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama.

El material probatorio para los ocho delitos que se les imputa es abundante. Desde grabaciones a documentos manuscritos, facturas, etc. Pero la investigación ha contado además con el testimonio clave del "nexo corruptor", según le definió la UCO, el empresario que utilizó al ministro y a su asistente para hacer negocios a cambio de sustanciosas mordidas.

Como reseñó el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, Aldama ha aportado documentación relevante sobre la actividad delictiva de la trama y destapó la participación en amaños para adjudicar concursos a constructoras del sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán (cosa que desconocía la investigación). Aldama ha colaborado con la Justicia admitiendo "de manera inequívoca" su participación en la organización criminal, así como el pago de mordidas a los otros dos procesados.

En principio, Luzón era partidario de aplicarle a Aldama la atenuante muy cualificada que le permitiría rebajar la petición de pena en uno o dos grados. Esto hubiera supuesto rebajar de siete años (cuatro por un delito de organización criminal y tres por otro delito continuado de cohecho) a tres años su condena, lo que, en la práctica, significaría que no entraría en prisión. Sin embargo, la opinión de la fiscal general, Teresa Peramato, fue la de mantener la petición de pena en siete años, lo que, finalmente, hizo Luzón. Sin embargo, lo que sí hizo el fiscal anticorrupción fue dejar la puerta abierta para que el tribunal aplique esa reducción en su sentencia, al admitir que "es posible apreciar la atenuante como muy cualificada". Luzón añadió: "Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales debemos recompensar a quienes salen de sus redes y la denuncian".

La decisión sobre este extremo va a provocar una batalla dialéctica –probablemente la más crucial– en el seno del tribunal. No tanto porque no haya motivos para rebajar la pena a Aldama, sino porque ese hecho se ha trasladado al debate político. Concedérsela sería premiar al empresario que ha arremetido en la Sala contra Pedro Sánchez y ha acusado al PSOE de financiarse ilegalmente (eso es lo que opina el Gobierno, que, a su vez, ha influido en la decisión de Peramato). Y, viceversa, no hacerlo sería tanto como aplicarle un rejón de castigo al hombre que, aunque ha colaborado con la Justicia, lo ha hecho sólo con el criterio egoísta de no entrar en prisión y a cambio de darle argumentos al PP contra el Gobierno. El hecho de que la acusación popular (coordinada por el PP) haya solicitado la atenuante muy cualificada para Aldama no ha hecho más que ratificar el criterio de los que piensan que el comisionista tiene un pacto con la Fiscalía y con el principal partido de la oposición.

La Fiscalía General quiere dejar claro que colaborar con la Justicia no tiene premio si eso implica perjudicar al Gobierno

Abstraerse de esa disputa política va a ser difícil para el tribunal. Si hace una cosa, se dirá que está a favor del Gobierno; si hace la contraria, que le hace el caldo gordo al PP.

Siendo eso así, los siete magistrados tienen ya la piel dura y la suficiente altura como para que la interpretación espuria de su sentencia les haga decidir en contra de su criterio.

Lo primero que hay que apuntar es que el propio Gobierno (por boca del ministro de Justicia Félix Bolaños) defendió el indulto a uno de los miembros de la trama Gürtel (José Luis Peñas) por haber colaborado con la Justicia. Incluso la fiscal general Peramato defendió la tesis de fomentar la colaboración de los corruptos en una reunión mantenida el pasado mes de febrero con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria Mendieta.

Ir en contra de la rebaja de penas a los arrepentidos es, además, ir en contra de la propia doctrina que inspira la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que establece en su artículo 168 la "suspensión del procedimiento por colaboración activa contra una organización criminal". Uno de los principales defensores de esta Ley es el ministro Bolaños. Como su entrada en vigor no se producirá hasta enero 2028 no aplica a este caso. Pero su vigencia hubiera permitido a Luzón sacar del procedimiento a Aldama. ¿Se imaginan el bochinche que eso hubiera provocado?

La cuestión de fondo no es si Aldama debe ingresar en prisión o no (tiene otros casos abiertos y ese extremo está por ver, al margen de las multas que tendrá que abonar: sólo por este caso, 3,7 millones de euros). El tema es si de verdad se va a enviar un mensaje a los corruptos para que den el paso de colaborar con la Justicia. Una de las máximas de las mafias –¿qué otra cosa es sino una organización criminal?– es mantener el silencio y no traicionar a tus compinches. El riesgo que asume un arrepentido –un soplón, en términos mafiosos– es grande. La delación a veces se paga con la vida. Al contar la verdad, Aldama ha asumido ese riesgo y la Justicia tiene que obrar en consecuencia.

¿Qué mensaje quedaría si finalmente Aldama tiene que cumplir siete años de cárcel? ¿Quién se atrevería a colaborar con la Justicia si sabe que, además del riesgo para su integridad y la de su familia, no obtendrá la justa compensación con una reducción sustancial de su condena?

Estamos pues ante una decisión que puede marcar un hito en la lucha contra las organizaciones criminales. De eso sí es consciente el Tribunal Supremo,

Aplicar a Aldama un criterio distinto al que la Fiscalía y el Gobierno aplicaron para los condenados de la Gürtel (a Peñas se le indultó y a Correa se le rebajó la petición de pena) es tanto como aceptar que para el Gobierno todo aquel que airee sus trapos sucios pasa a ser considerado como un enemigo, deja de ser "uno de los nuestros". En este caso, Aldama no es 'uno de los nuestros' para el Gobierno (no dejen de ver o vuelvan a ver si ya la vieron la magistral película de Martin Scorsese, en la que el protagonista, Henry Hill –interpretado por Ray Liotta– acaba denunciando a los miembros de su familia mafiosa).