La paradoja contemporánea del Estado social

Antes del Estado social hubo medio siglo de catástrofe silenciosa. La industrialización británica, replicada después en Bélgica, Francia, Alemania y por último en España, transformó las condiciones materiales de la vida popular europea a una velocidad inédita. Los campesinos expulsados del campo por los cercamientos y la mecanización agraria se concentraron en ciudades que crecían sin urbanismo, sin alcantarillado y sin agua corriente. Manchester pasó de 25.000 habitantes en 1772 a más de 300.000 en 1851. Jornadas de catorce y dieciséis horas, trabajo infantil desde los seis o siete años, salarios fijados a la baja por una oferta de mano de obra ilimitada, hacinamiento insalubre y ausencia total de cobertura ante la enfermedad o el accidente componían el reverso del milagro económico victoriano. Friedrich Engels lo documentó en 1845 en La situación de la clase obrera en Inglaterra; los informes parlamentarios británicos sobre las minas y las fábricas, redactados por funcionarios conservadores, llegaron a conclusiones no muy distintas. La esperanza de vida en los barrios obreros de Liverpool a mediados del XIX no superaba los veinticinco años.

El punto de partida oficial es Alemania, entre 1883 y 1889. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, aprobó en esos años los primeros seguros modernos contra la enfermedad, los accidentes laborales y la vejez. No lo hizo por convicción humanitaria. Lo hizo porque el Partido Socialdemócrata alemán crecía sin parar y había que cortarle el paso. La lógica era tan brutal como eficaz: si el Estado ofrece seguridad material, el obrero tiene menos motivos para escuchar a los agitadores.

El modelo bismarckiano tenía un rasgo técnico que lo definiría durante décadas: era contributivo. Las prestaciones las pagaban trabajadores y empresarios mediante cotizaciones, y solo tenían derecho a ellas quienes cotizaban. No protegía al ciudadano en tanto que tal, sino al trabajador integrado en una estructura laboral reconocida. Ese ADN, pagar para tener derecho, sigue vivo hoy en los sistemas de pensiones de media Europa, incluido el español.

La pregunta no es si Europa seguirá teniendo Estado social en 2050, sino qué forma adoptará en un continente envejecido, digitalizado y diverso

En Gran Bretaña, el camino fue distinto. A comienzos del siglo XX, Lloyd George y un joven Churchill impulsaron las pensiones no contributivas de 1908 y el seguro de desempleo de 1911. Su argumento no era bismarckiano, no iban contra el socialismo, sino liberal en un sentido nuevo: la verdadera libertad necesita una base de seguridad. Sin ella, la igualdad formal ante la ley es una ficción.

Beveridge heredó esa tradición y la radicalizó. Su novedad no fue inventar el seguro social, sino universalizarlo: que la protección llegase a todos, no solo a los que habían cotizado lo suficiente.

La revolución, amenaza y acicate

En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. En los meses siguientes, consejos obreros brotaron en Berlín, Múnich, Budapest y Turín. La República Soviética húngara de Béla Kun duró 133 días. En Italia, el biennio rosso de 1919-1920 puso en jaque a la patronal y al Estado. Las élites europeas entendieron que la cuestión social ya no admitía aplazamientos.

La Constitución de Weimar de 1919 fue, entre otras cosas, un muro de contención: la primera constitución moderna que reconocía explícitamente derechos sociales, trabajo, vivienda, educación, seguridad social, no por generosidad, sino por miedo. La Organización Internacional del Trabajo, creada ese mismo año por el Tratado de Versalles, respondía a la misma lógica: institucionalizar la regulación laboral antes de que la revolución la desbordase.

Durante los años treinta, el modelo soviético –pleno empleo formal, planificación centralizada, ausencia aparente del paro– sedujo a sectores amplios de la opinión pública occidental, incluyendo intelectuales y técnicos que debían haber sabido distinguir la propaganda de la realidad. Que fuese en gran parte una mentira no anuló su eficacia política: los gobiernos democráticos se vieron obligados a demostrar que el capitalismo podía ofrecer seguridad comparable.

La gran industria veía las cotizaciones obligatorias como una sacudida a sus beneficios y, sobre todo, como una concesión que envalentonaba al sindicalismo. La banca combatió toda fiscalidad progresiva con el argumento de siempre: los impuestos matan la inversión. Los médicos organizaron resistencias célebres en toda Europa: temían la funcionarización y la pérdida de control sobre sus tarifas. Aneurin Bevan, el ministro laborista que creó el NHS en 1948, venció la oposición de la Asociación Médica Británica, según su propia frase, “llenándoles la boca de oro”.

La Iglesia católica jugó a dos bandas. Reconocía el derecho obrero desde la Encíclica Rerum Novarum (1891), pero recelaba de un Estado que se metiese en sanidad, educación o beneficencia, territorios que consideraba propios. De esa tensión salió el modelo continental “subsidiario”: un Estado social que no gestionaba todo directamente, sino que cofinanciaba redes de mutualidades, hospitales religiosos y escuelas concertadas. España sigue siendo un ejemplo claro de esa arquitectura mixta.

Y, por debajo de todo, las clases medias contribuyentes: parcialmente beneficiarias del sistema, siempre reticentes ante el coste fiscal, siempre dispuestas a votar contra cualquier nivelación percibida como agravio. Ese resentimiento, el del que paga y siente que son otros los que cobran, es el combustible permanente de toda reacción antisocial, desde los años ochenta hasta hoy.

El Estado social en España

En España el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908) aclimataron el modelo contributivo continental en clave mutualista. El Retiro Obrero Obligatorio de 1919 fue la primera gran prestación obligatoria para el asalariado. La Segunda República, con Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, amplió el perímetro: jornada de ocho horas, seguro de maternidad, jurados mixtos. Cuarenta años de retraso respecto a Bismarck, veinte respecto a Lloyd George, pero un camino reconocible.

El golpe del 36 cortó esa trayectoria. Pero no borró la infraestructura. El franquismo construyó su propio Estado social, corporativo, jerárquico, políticamente excluyente, sobre parte de esa maquinaria previa. El Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 y la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 ofrecieron prestaciones reales a una parte sustancial de la población activa. No eran fachada: instrumentos reales de control y de lealtad. El derecho social existía, pero condicionado a la fidelidad política. Los disidentes quedaban fuera.

La Constitución de 1978 dio el salto cualitativo: constitucionalizar el Estado social, convertir la protección en derecho, no en gracia. Lo que vino después fue una reordenación acelerada de lo heredado. La Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por Ernest Lluch, construyó un Sistema Nacional de Salud de inspiración universalista sobre la red del antiguo INSALUD. La reforma educativa ordenó el sistema. La reforma de pensiones de 1985 introdujo el primer ajuste serio. El Pacto de Toledo de 1995 estableció una vía parlamentaria de consenso que ha resistido, con tensiones crecientes, hasta hoy.

Demasiado caro, demasiado necesario

El consenso que sostuvo el Estado del bienestar entre 1945 y 1973 se agotó con el petróleo y la estanflación. El giro neoliberal de los años ochenta no lo desmanteló, pero sí cambió su geometría: privatizaciones selectivas, mayores requisitos para acceder a prestaciones, creciente subordinación de la protección al historial laboral. La lógica bismarckiana resurgió reforzada: te protejo si has trabajado, si has cotizado, si te lo has ganado.

La crisis de 2008 impuso recortes severos en los países del sur, España entre ellos, y convirtió la disciplina fiscal en la nueva ortodoxia europea. La pandemia de 2020 produjo el efecto contrario: de repente, los ERTE, la sanidad pública y las transferencias de emergencia demostraron que el Estado social seguía siendo el único instrumento capaz de absorber una catástrofe colectiva. Nadie propuso sustituirlo por el mercado cuando los hospitales se llenaron.

Ahí está la paradoja contemporánea: nunca se discute tanto el coste del Estado social, pero tampoco aparece ningún sustituto funcional para sus tareas básicas. Es demasiado caro para sostenerlo como estaba, y demasiado necesario para dejarlo caer.

El verdadero interrogante ya no es si Europa seguirá teniendo Estado social en 2050. Es qué forma adoptará ese Estado en un continente envejecido, digitalizado y mucho más incierto que el que lo vio nacer.