Hacienda somos casi todos

La Agencia Tributaria le ha escrito al juez Calama. Le dice que inspecciona al expresidente Zapatero, a su mujer, a sus hijas y a la sociedad de estas, Whathefav SL. Y no en abstracto: IRPF, IVA, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y, para la sociedad, el Impuesto sobre Sociedades. De 2021 a 2024, cuatro años de vida fiscal puestos al trasluz. Y le pregunta al magistrado, con reverencia de opositor, si debe parar mientras dure la causa penal, porque la prejudicialidad manda y el juez es el juez. Un expresidente del Gobierno, socialista, con inspección abierta, y la Agencia cuadrándose ante la Audiencia Nacional. Eso tiene apariencia de Estado funcionando. Guárdenlo en la retina, porque dura poco.

Ahora viajen a Badajoz.

Allí otra juez, Beatriz Biedma, pidió a la Agencia Tributaria extremeña en junio de 2024 un informe sobre David Sánchez, el hermano del presidente. Quería saber algo elemental: si de verdad vivía en Portugal o si la residencia lusa era un decorado para no tributar como el resto de los mortales que cobran de una administración española. También preguntó por su patrimonio, por si cuadraba con sus ingresos. Lo que le llegó fue un informe de 31 páginas sin firma y sin membrete. Un anónimo con papel de oficio. La magistrada, que lleva media vida en la instrucción, confesó que jamás había visto nada igual. Tuvo que librar un oficio en septiembre para reclamar los nombres de los autores, como quien busca al dueño de un perro sin chapa.

Aparecieron. Eran los tres cargos más altos de la Hacienda extremeña: la delegada especial, el jefe regional de Gestión y la inspectora regional. Tres puestos de libre designación, que en el idioma de la Administración quiere decir que se ocupan por confianza y se dejan por lo mismo. Dos, promocionados en 2022, con este Gobierno. En enero de 2025 declararon como testigos, obligados a decir verdad. Y la dijeron: era el primer informe de ese tipo que hacían en su vida profesional. El primero. Estrenaron el formato con el hermano del presidente, sin rúbrica, por si acaso.

Y no comprobaron nada. Ni la residencia en Portugal, que era el corazón del asunto. Ni los consumos. Ni la geolocalización, herramienta de manual para destapar residencias de cartón piedra. Trabajaron con los papeles que entregó el propio interesado: el examinado corrigiéndose el examen. El informe lo confiesa por escrito: todo se hizo "sin haber realizado un procedimiento de comprobación o investigación". Preguntado uno de los peritos si hubo alguna verificación, respondió: "No, estando el expediente judicializado no". Cuando se insistió, la explicación fue que las comprobaciones solo se hacen "en base a perfiles de riesgo". El hermano del presidente, por lo visto, no daba el perfil. El perfil lo damos la inmensa mayoría de los contribuyentes; es decir, usted y yo.

Ahí está el truco, y conviene deletrearlo. En Madrid, la causa penal no impide inspeccionar a Zapatero: se inspecciona y se consulta al juez si hay que parar. En Badajoz, la causa penal fue la excusa para no mirar. La misma casa, la misma ley, la misma Agencia. Dos reflejos opuestos. Lo único que cambia es el apellido del contribuyente.

Luego viene la aritmética. Los tres altos cargos concluyeron que, aun en el peor de los escenarios, las cuotas presuntamente eludidas no llegaban a los 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal exige para el delito fiscal. Luego no hay delito. Luego carpetazo. Cualquier gestor de barrio (disculpen los gestores) se ríe de ese silogismo mientras grapa una liquidación paralela. El umbral penal marca la cárcel, no la obligación de comprobar. Al autónomo de Badajoz con una residencia dudosa y un diferencial de cuota, Hacienda le abre expediente, le liquida y le sanciona, aunque se quede a años luz de los 120.000. Paga. Siempre paga. Con recargo. Al hermano del presidente, el diferencial se despachó como "reducido" —calculado, además, en la versión que más le favorecía— y el expediente no llegó a nacer. Un “pellizco de monja” fiscal sin firma, sin membrete y sin factura.

Los detalles que el informe deja caer son casi mejores que sus conclusiones. Los últimos consumos eléctricos imputados en su domicilio de Badajoz son de julio de 2020. Declaró residencia en España hasta 2020, en Tailandia en 2021 y en Portugal desde 2022, sin abandonar su puesto en la Diputación de Badajoz. Presentó con casi dos años de retraso rentas de alquileres, y aquella extemporaneidad —que a usted y a mí nos cuesta un requerimiento seguro— tampoco mereció actuación alguna. Y siendo residente en Portugal cobró de España un permiso de paternidad. Cada dato pedía una comprobación. Ninguna llegó.

El juicio por su contratación en la Diputación —prevaricación y tráfico de influencias— quedó visto para sentencia el 9 de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz, con la Fiscalía pidiendo la absolución de los once acusados y las populares hasta seis años. La vía del delito fiscal se desinfló mucho antes, precisamente sobre aquel informe huérfano de firma. La presunción de inocencia ampara a David Sánchez como a cualquier hijo de vecino, y nadie prejuzga aquí el fallo. Pero la presunción de inocencia es una garantía del justiciable, no una excedencia para los inspectores. La Administración tributaria no tiene derecho a mirar hacia otro lado; tiene el deber legal de mirar. Para eso cobra.

Si los servicios centrales de la Agencia son capaces de rendir cuentas por escrito al juez Calama sobre un expresidente del Gobierno, los tres de la libre designación extremeña pueden hacer lo propio: comparecer, explicar y responder de por qué el único contribuyente de España al que no se le comprueba nada es, casualmente, el hermano de quien nombra a sus jefes. No es mucho pedir. Es, exactamente, lo que ellos exigen cada día a los demás. Y si la cúpula de la Agencia en Madrid ha pedido la salida esta misma semana, en Extremadura hay tres que deberían tomar nota. Blanco y en botella. En el Senado, desde luego, no vamos a soltar el hilo.

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José Antonio Monago Terraza es senador Portavoz Adjunto Grupo Parlamentario Popular