En una semana convulsa, llena de revelaciones judiciales, encarcelamientos y hasta dimisiones, dos han sido las familias protagonistas de sendos entramados donde confluían intereses personales, políticos y económicos. Una de ellas era una vieja conocida, los Pujol, una especie de dinastía llamada a ser la madre de la Cataluña independiente y republicana y, ya de paso, refractaria a las exigencias de la justicia española, tan molesta para los padres de la patria con cuentas en el extranjero y otros supuestos negocios millonarios. La otra, los González, no aspiraba a inaugurar un linaje, ni siquiera a fundar un nuevo Estado, se conformaba con utilizar presuntamente  los resortes del poder para enriquecerse y beneficiarse de toda una red de favores.

Todavía no hay nada juzgado ni sentenciado, pero ha acabado casi de manera simultánea con los principales protagonistas entre rejas en calidad de preventivos. Eso sí, en el caso de Jordi Pujol Ferrusola tras cuatro años y medio de investigación en los que podría haber dado tiempo a repatriar todos los capitales sospechosos y hacerse un capirote con las pruebas. El juez José de la Mata se lo pensó mucho más tiempo que su compañero de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que decidió el encarcelamiento del ex presidente de la Comunidad de Madrid casi de inmediato, creando tal estado de conmoción que arrastró a Esperanza Aguirre a su tercera, y parece que definitiva, dimisión.

Hasta el desarrollo de la operación Lezo sólo se sabía de la esposa de González, imputada como él por el caso del ático

Lo que se sabía de la vida familiar de González hasta el estallido de la operación Lezo es que su esposa, Lourdes Cavero, estaba imputada como él en el caso del ático de Estepona (Málaga). Un caso judicial complejo, archivado y reabierto en distintas ocasiones, en cuyo proceso han tenido mucho protagonismo algunas investigaciones policiales controvertidas. Directora de una casa de subastas, no era ésta, desde luego, la principal fuente de ingresos familiares aunque con ella se quisiera justificar el alto nivel de vida del matrimonio. Cavero llegó a ser vicepresidenta de la CEIM, siendo presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, próximo, muy próximo a Esperanza Aguirre.

Pero tras la operación abierta por operaciones supuestamente fraudulentas en el Canal de Isabel II ha aparecido buena parte de su familia, desconocida para la opinión pública. Tal es el grado de implicación de ciertos miembros de la misma que comparte celda en Soto de Real (Madrid) con su hermano Pablo mientras que su cuñado, José Juan Caballero, también implicado, se ha librado de prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros. Además la esposa de éste, Isabel González, es diputada autonómica, portavoz adjunta del PP en la Asamblea y muy apreciada por sus compañeros, pero sabedora de que tiene los días contados en la Cámara madrileña. El ‘clan’ de los González cotiza ahora mismo a la baja.

En el caso de Pablo González, director de Estrategia y Operaciones de la empresa pública Mercasa hasta que estalló la operación Lezo y fue destituido, el juez Velasco lo investiga por haber sido socio de una empresa (Tecnoconcret) beneficiaria de los pagos del consorcio al que el Canal de Isabel II adjudicó la gestión y explotación del campo de golf de Chamberí. El magistrado sostiene que conocía el dinero en efectivo de origen indeterminado que tenía su hermano, al que ayudó a “blanquearlo a través de la confección de facturación ficticia”, y que sabía que se habían realizado pagos de sobornos para que licitaciones públicas se otorgaran a determinadas empresas. Igualmente, según expone el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el auto por el que le mandó a prisión la pasada semana, Pablo González reconoció el pago de comisiones en Argentina y Venezuela.

El juez dice que Pablo González conocía que su hermano tenía dinero de origen indeterminado y le ayudó a blanquearlo

De lo que ha trascendido del sumario, que permanece bajo secreto, se ha podido conocer que al día siguiente de enterarse de que su hermano estaba siendo investigado mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en el despacho oficial de éste en el Ministerio del Interior. El número dos del ministro Zoido mantiene que en dicho encuentro, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo, no se habló de la investigación a Ignacio González entre otras cosas -mantiene- porque desconocía que se estuviera produciendo.

Casado con Isabel González, José Juan Caballero fue socio también de Tecnoconcret a través de Proyectos Ecosistemas SL a partir de marzo de 2008. “Se benefició directamente de los pagos del consorcio adjudicatario de la gestión y explotación del campo de golf del tercer depósito a Tecnoconcret documentados entre 2007 y 2012”, sostiene Eloy Velasco. Según el instructor, Ignacio y Pablo González planeaban que Caballero figurara como directivo de Auditel “a modo de persona interpuesta” y que negociara en su favor la compra de esta empresa, en cuyo capital desembarcarían los hermanos “a través de operativas de blanqueo de fondos de origen indeterminado”.

Del cataclismo familiar no se han librado ni las hijas del ex presidente madrileño. Y no es porque esté más que comprometido el padrinazgo de González en la boda de su primogénita, Lourdes, el próximo 9 de septiembre, sino porque ahora se cuestiona el procedimiento mediante el cual ésta y su hermana mediana, Patricia, se han hecho con sendas Viviendas de Protección Pública de Precio Básico (VPPB) en el barrio de Valdebebas, muy cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Unos pisos, por su propia naturaleza, destinados a personas con ingresos no precisamente boyantes.

El matrimonio entregado a la patria

Durante años se retrató al matrimonio Pujol Ferrusola como la perfecta simbiosis del catalanismo entregado a la patria. Jordi Pujol inmerso día y noche en la construcción de la nueva Cataluña. Y Marta Ferrusola supliendo en casa el papel del patriarca para sacar adelante a su numerosa prole, a la que ataba en corto e impedía cualquier contagio con “los españoles”. Ni en el parque permitía que sus hijos se mezclaran con niños que no hablaban catalán. Resultaba difícil creer que una mujer controladora hasta ese extremo no hubiera tenido una participación destacada en la creación del espectacular patrimonio familiar durante las últimas tres décadas, y así va quedando acreditado conforme avanza la instrucción judicial.

Cuando la exhibición de poder económico de los hijos mayores de Jordi Pujol empezó a ser excesiva, quienes compartieron el sueño nacionalista de Pujol en los orígenes de Convergència solían excusar al president argumentando que su entrega al país había sido tal que no había podido controlar lo que pasaba en casa. Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata parecen indicar más bien que uno y otro eran muy conscientes de lo que se cocía en sus cuentas andorranas, que orquestaron durante años para amasar una enorme fortuna.

Almorzar en la ‘Casa dels Canonges’ era más un castigo que otra cosa, dada la frugalidad de los Pujol en la mesa

No era así de puertas afuera. Marta Ferrusola aseguró en el Parlament con supuesta indignación que “no tenemos ni un duro” y era vox populi la frugalidad de los Pujol en la mesa, hasta el punto de que ser invitado a almorzar en la Casa dels Canonges era más un castigo que otra cosa.

Pero todo el autoritarismo que exhibía Pujol en el Palau de la Generalitat lo ejercía Marta Ferrusola en el domicilio familiar. El primer atisbo se vio con Hidroplant, la comercializadora de plantas que se convirtió en proveedora preferente no sólo de la Generalitat, sino también de todo aquel que quisiera hacer una promoción urbanística de cierta envergadura en Cataluña. Hidroplant dejó de ser proveedora del Gobierno catalán en 2004, cuando el tripartito ocupó la Generalitat. Los Pujol Ferrusola conservaban entonces el 15% de la sociedad, participada también por Aguas de Barcelona y los Sumarroca.

El primogénito del ex president es poco más que una pantalla para proteger a sus padres

La actual instrucción de la Audiencia Nacional busca demostrar que el principal propietario de la fortuna era Jordi Pujol, “factor común” de la presunta organización criminal según el juez De la Mata, y quien la gestionaba, hasta fechas recientes, era Marta Ferrusola. El papel de “dinamizador económico” de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, se ha quedado en poco más que una pantalla para proteger a sus ilustres padres.

Júnior era el responsable de blanquear una fortuna de la que su familia todavía no ha podido acreditar el origen. Un ámbito en el que en los últimos años habría contado con el inestimable apoyo del hermano pequeño, Oleguer Pujol Ferrusola, según los próximos a la familia el más inteligente de los vástagos del ex president. Ha sido el único, junto a Mireia, que nunca ha tenido vínculos profesionales con la Administración, pero se ha demostrado como un genio en el blanqueo de capitales.

Al igual que Jordi Pujol júnior, pesa sobre Oleguer la sospecha de que ha seguido moviendo capitales de la familia durante la investigación del caso Pujol, en concreto a través de sociedades en Miami y Holanda.

Contratos con la Generalitat

Casos diferentes son los de Josep y Pere Pujol Ferrusola. El tercer y cuarto hijo del ex president optaron por el sector privado con fuertes lazos con la Administración que presidía su padre, con muy buenos resultados económicos, aunque no tan espectaculares como los de sus hermanos. Josep Pujol, el más altivo de los hermanos con permiso de Júnior, creó la consultora tecnológica Europraxis, cuyos contratos con la Generalitat acabaron ante la Sindicatura de Cuentas. Aunque el peor traspié de la firma fue la asesoría para la deslocalización de la multinacional Lear de Cervera, dejando a 1.300 trabajadores en el paro mientras su padre y su hermano formaban parte del Gobierno catalán. La solución le llovió del cielo con la compra de la tecnológica Indra, que conseguía así abrirse la puerta del difícil mercado catalán.

En cuanto a Pere, ha sido el hijo del ex president que más ha colaborado con el “entorno” de Pujol, y por supuesto con la Administración pública, a través de la consultora medioambiental  Entorn. Creada por Carles Sumarroca, amigo personal de Jordi Pujol, cofundador de Convergència, cuya esposa compartió con Marta Ferrusola los orígenes de Hidroplant, Entorn se convirtió en una de las principales adjudicatarias de la administración catalana en materia de gestión medioambiental. Es decir, en la consultora que elaboraba los informes en los que después se basaban grandes proyectos como los parques eólicos o canales de regadío.

Las dos hijas de Jordi Pujol y Marta Ferrusola parecen tener un papel secundario en la trama

Las dos hijas de Pujol parecen haber tenido un papel secundario en la trama, especialmente la pequeña, Mireia. Bailarina de formación, se benefició de las cuentas andorranas fruto de la supuesta herencia del abuelo Florenci, pero nunca ha participado en política ni ha obtenido adjudicaciones públicas. No así Marta, la segunda del clan, quien como arquitecta consiguió generosos contratos de la Generalitat. Igualmente polémica fue su contratación por el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, en manos de CiU, como arquitecta municipal sin que mediara concurso alguno y con unos horarios cuanto menos envidiables.

Oriol Pujol era heredero político del ex president, un papel nada desdeñable en una trama tejida a la sombra del poder público. Inició una fulgurante carrera en el departamento de Presidencia y después pasó por el de Industria antes de conseguir su auténtico trampolín político: la portavocía en el Parlament en sustitución de Felip Puig. Apostó por Artur Mas en la sucesión de su padre, en contra de Josep Duran Lleida, convencido de que sería un intermedio entre Pujol y Pujol, pero el caso ITV se interpuso en su camino.