El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no descarta la hipótesis de «fuego amigo» tras la revelación de contenido de un informe de la UCO que pedía que fuera investigada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación, los años 2009 y 2011, de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del imputado Arturo Fernández.

Estos mismos medios señalan que «es muy raro» que justo cuando la presidenta autonómica ha promovido la investigación del «caso Lezo» aparezca ahora un informe de estas características sobre un tema, además, «que no es nuevo», dice otra fuente consultada, hasta el punto de que  la presidenta ya respondió a dicha concesión a una pregunta de Podemos en la Asamblea de Madrid. Hasta la propia Cifuentes admitió que «las casualidades no existen» y que «en política no vale todo», aunque no quiso avanzar más en sus sospechas, sí alertó sobre los que considera «intoxicaciones mezquinas».

«Ayer se hablaba de ella como una sucesora de Rajoy y hoy conocemos esto», señalan desde el Congreso

Porque al margen del efecto que el informe puede tener sobre la anunciada moción de censura que promueve Podemos contra Cifuentes y que depende del apoyo de Ciudadanos, tanto en su entorno como en la dirección nacional del PP y Grupo Parlamentario se preguntan quién podría estar interesado en su descrédito. «Ayer se hablaba de ella como una posible sucesora de Rajoy y hoy conocemos esto», indicaba una destacada diputada popular. Uno de los vicesecretarios, sector muy combativo contra la corrupción, destacaba la «casualidad» de que «se intente manchar también a Cristina, que está colaborando con la justicia». Otro apuntaba al origen «interesado» de un informe que aunque se encuentra en un sumario cuyo secreto se ha levantado, consta de cientos de páginas.

La aludida habló ayer con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, según los medios consultados por El Independiente, «le dieron todo su apoyo». La Comunidad dedicó la tarde a elaborar un informe técnico para desmontar la sugerencias UCO o, lo que, en palabras de la propia Cifuentes es «una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico». Dicho comunicado fue conocido por Rajoy antes de que ella compareciera por sorpresa ante los medios de comunicación para pelear por su honradez y honorabilidad, las mismas que está dispuesta a defender ante los tribunales.

«Construyendo un relato»

Por la tarde, compareció ante los medios de comunicación cuando ya se conocía que el juez Eloy Velasco y la Fiscalía no tenían intención de imputarla. Defendió que el informe de la UCO  que pedía investigarla, «es una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico alguno». «Se está construyendo un relato con algunos elementos de apariencia de veracidad pero que es una sucesión de juicios de valor, como parece que entiende el juez Velasco», argumentó.

La presidenta autonómica habló ayer con Rajoy y Cospedal, que «le apoyaron»

«Reitero que en todos los años que fui presidenta de la mesa de contratación, en el cien por ciento de los casos, las decisiones se tomaron por unanimidad, de forma colegiada y en base a informes técnicos. Entiendo que mi actuación fue conforme a la ley», explicó contundente en la sede del gobierno regional, de modo que «jamás la representación política entró a valorar las propuestas que hacían los servicios técnicos de la cámara».

Además, recordó que Fundescam, a la que también alude el informe de la Guardia Civil,  fue vocal hasta 2008 y su única participación consistió en «aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Nunca fui apoderada ni participé en ninguna decisión económica». Las adjudicaciones que están en cuestión afectan a las de los años 2009 y 2011.

Mi cuenta corriente tiene cuatro ceros», afirma la presidenta.

En cuanto a si teme que con este asunto la moción de censura en la Comunidad de Madrid anunciada por Podemos tome impulso, dijo no temer nada salvo el descrédito de las instituciones. En una reivindicación reiterada de su persona argumentó que «soy honesta, no tengo propiedades, ni bienes.  Mi cuenta tiene cuatro ceros y no voy a tolerar que ningún partido ni medio ponga en cuestión mi honorabilidad. Voy a poner en marcha todas las acciones porque no voy ha consentir que mi nombre y honorabilidad se pongan en duda». En este sentido, reta al resto de los partidos a comparar patrimonios.

«Me estoy dejando la piel y la salud. Hace mucho daño un titular en prensa», lamentó para agregar que no está en política «para ganar dinero. Ofertas no me han faltado, pero creo en el servicio público y en que mas que nunca es importante devolver el prestigio a las instituciones».

«Criterios técnicos»

En el comunicado que hizo la Comunidad, remitido a Génova y Moncloa, se señala que «el proceso de contratación al que se hace referencia no responde a ninguna decisión individual, sino que es un proceso reglado», en el que intervienen tres órganos colegiados de manera sucesiva, y que cuenta con miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria. De hecho, las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, «a criterios técnicos».

Ni el juez Velasco ni la UCO tienen intención de proceder contra ella

Así debe creerlo el juez Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra ella pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.