La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha cambiado de criterio y ha solicitado formalmente la personación como acusación particular en el caso en el que se investiga a su anterior presidente, José Luis Sáez, por la posible comisión de siete delitos. El juez esperará a que se resuelva el incidente de recusación planteado por el ex mandamás deportivo para decidir si admite la petición de la FEB, que ya está presente en el procedimiento en calidad de investigada como persona jurídica por la posible comisión de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El pasado mes de octubre, el actual presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, envió un escrito al juzgado que instruye el caso en el que desestimaba el ofrecimiento de acciones realizada a la FEB como perjudicada. El argumento esgrimido para justificar esa decisión es que Sáez había devuelto ya el importe de los gastos que el ex presidente cargó a la Federación y que la auditoría complementaria encargada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a finales de 2015 consideraba no justificados.

Carta enviada en octubre de 2016 por el actual presidente de la FEB al juzgado rechazando personarse en la causa como parte perjudicada.

Como viene informando El Independiente, José Luis Sáez ha realizado dos devoluciones de dinero desde que estalló el escándalo. La primera fue por un importe de 25.000 euros y tuvo lugar el 10 de diciembre de 2015, justo el día que El Mundo desveló que el CSD había ordenado la realización de una auditoría complementaria a los gastos de la Federación tras recibir una denuncia que alertaba del posible uso indebido de fondos por parte del entonces presidente.

La segunda transferencia a favor de la FEB ascendió a 21.492,55 euros y se materializó el pasado 18 de octubre, semanas después de que la Fiscalía General del Estado recibiera el expediente y requiriera a la Federación los justificantes de los gastos cargados a las tarjetas corporativas por el ex presidente y otros dos directivos que el auditor consideró injustificados en su informe. Cuatro días antes de devolver esta cantidad, Sáez envió una carta a Jorge Garbajosa en la que le anticipaba su intención de reintegrar el dinero aunque, en su opinión, eran gastos plenamente imputables a la FEB. Pretendía así «no dejar sombra de duda» sobre su proceder como presidente federativo.

El pasado 14 de marzo, durante una reunión de la comisión delegada, el actual presidente confirmó que la FEB había pedido al juzgado su personación como acusación particular a la vista del avance de las diligencias y tras tener «conocimiento de los hechos» que se investigan. Así puede leerse en el acta de aquella sesión, a la que ha tenido acceso este periódico y que se reproduce bajo estas líneas.

Acta de la comisión delegada de la FEB en la que se confirma la petición de personación como acusación.

Acta de la comisión delegada de la FEB del pasado 14 de marzo en el que se confirma la petición de personación. El Independiente

Garbajosa detalló a los asistentes que el cambio de posición se adoptó tras la comparecencia judicial de José Luis Sáez en calidad de imputado el pasado 21 de febrero, después de que el ex presidente accediera a responder sólo a las preguntas de su abogada. Esa postura de Sáez desencadenó dos decisiones relevantes: que la FEB decidiera personarse en el procedimiento como acusación y que el juez ampliara los delitos por los que hasta entonces le investigaba -malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental- y pasara a imputarle también blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito fiscal.

Garbajosa rechazó en octubre personarse en la causa con el argumento de que Sáez había devuelto ya el dinero

En aquella reunión de la comisión delegada, como se lee en el acta, el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Francisco Martín Micó, censuró que se hubieran tenido que enterar por un periódico en vez de por la junta directiva de que la FEB había sido imputada en este procedimiento como persona jurídica. «Habláis de informar y totalmente de acuerdo, nuestra obligación y nuestro deber es informar. Pero antes que eso está defender a la FEB, y cuando ocurre una cosa tan complicada como una imputación (investigación) a la FEB como persona jurídica, de la cual soy el máximo responsable, para defender a la FEB y por todo lo que han pasado en estos siete meses, debo hacer antes una serie de cosas antes de informaros. Por una sencilla razón, tengo que defender a la FEB y esto tienen que saberlo, para minimizar daños y posibles consecuencias, las instituciones y los patrocinadores. Por qué no hablo antes con vosotros, pues sencillamente, señores, porque se filtran cosas. Cómo hablo yo con vosotros para que esté al día siguiente en ‘el único’ medio [en alusión velada a El Independiente] que informa y no he avisado a mis patrocinadores antes. Esa es la razón, y de esto todos somos responsables», respondió Garbajosa.

Según ha podido conocer este diario en fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, no ha proveído todavía la petición de la Federación de Baloncesto de personarse como acusación particular en el caso porque la solicitud ha sido coincidente en el tiempo con el intento de Sáez de apartarlo del caso. El magistrado no se pronunciará hasta que se resuelva el incidente de recusación, lo que tardará con seguridad varias semanas.

El juez indaga en el destino de más de 18,64 millones de euros -cantidad mayoritariamente relacionada con movimientos realizados con motivo de la celebración de la Copa del Mundo en 2014- ante la sospecha de que una parte de este dinero ha podido desaparecer. El instructor, además, considera que el ex mandamás diseñó un plan para «evitar» que la entidad pagara tributos en España.

El juez no decidirá si admite a la Federación como acusación hasta que se resuelva la recusación promovida por Sáez

El instructor pidió meses atrás a la Agencia Tributaria que designara a un inspector en labores de auxilio judicial a fin de que rastreara diversas salidas de dinero con ocasión de la Copa del Mundo 2014, lo que le permitirá determinar si la Federación ha cometido delito fiscal -en caso de que la cantidad defraudada exceda los 120.000 euros, como fija el Código Penal- por no haberlo declarado a Hacienda. Esta pericial, que aún no se ha notificado a las partes, será determinante para que el juez resuelva si la FEB ha sido cooperadora necesaria o víctima del daño patrimonial provocado presuntamente por la gestión de su anterior presidente.

La inspectora de Hacienda tiene el encargo expreso de analizar el destino de 18.642.747 euros, mayoritariamente vinculados al Mundial 2014. Desglosada esta cantidad, un millón de euros corresponde a la aportación inicial a la Joint Marketing Board (JMB), dos millones como fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la organización de la citada cita deportiva (en ambos casos desembolsado en 2009), 14.524.597 euros transferidos como ‘donaciones’ a la JMB entre 2013 y 2014 y 1,2 millones de dólares (1.118.150 euros al cambio actual) que se habrían pagado a otras federaciones como canon por desplazarse a España para enfrentarse a la selección nacional.

Cómo hablo con vosotros [presidentes] para que esté al día siguiente en ‘el único’ medio [El Independiente] que informa», dice Garbajosa

Las sospechas se centran en la joint venture que la FEB constituyó con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) al 50% para la realización conjunta de las actividades de captación de patrocinios, ticketing y desarrollo de los derechos de marketing de la Copa del Mundo tras asignársele a España la organización de esta cita deportiva el 23 de mayo de 2009. El juez considera que la entidad que presidía José Luis Sáez creó una “situación ficticia” por cuanto dicha figura sólo está prevista para sociedades de capitales con ánimo de lucro, condición que no cumple una federación deportiva.

Ello supondría una vulneración del Código de Buen Gobierno de la FEB y el incumplimiento del Código de Comercio, que, en su artículo 119, obliga a toda compañía a hacer constar su constitución por medio de escritura pública y de inscribirse en el Registro Mercantil antes de iniciar sus operaciones. Cuando declaró como investigado, Sáez defendió que el fin justifica los medios, puesto que se obtuvieron beneficios. «Cuando no se cumple la legalidad vigente no se puede asumir», le responde el magistrado en el auto.

La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid trata también de determinar por qué José Luis Sáez, “de forma unilateral y sin justificación alguna”, elevó del 10 al 12% la comisión que en enero de 2011 pactó con Aegis Media Iberia SLU por su labor de comercialización de activos vinculados a acontecimientos de excepcional interés público -el Mundial 2014- a través de su división Carat Sponsorschip. Fue en una adenda al contrato inicial firmada en marzo de 2012 en la que se añadió una nueva cláusula por la que se le confiaba el encargo “en régimen de exclusividad”.

La FEB ya está personada en el procedimiento desde febrero en calidad de investigada como persona jurídica

Como se detalla en los autos judiciales, las pesquisas también tratan de determinar el importe a que ascienden los gastos personales que el anterior mandamás del baloncesto español imputó al presupuesto de la Federación, no todos puestos de manifiesto en la auditoría complementaria encargada por el CSD. Entre otros, la FEB costeó los 45.000 euros que hubo que pagar para que Sáez encargara a Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de 2008, los 12.400 euros que costó el banquete privado ofrecido con ocasión de la concesión de la Medalla de la Ciudad por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la compra de un ordenador y un móvil.

El magistrado Toro también ha avanzado que la investigación alcanzará la «justificación e inversión» de la subvención de 567.840 euros que el CSD le otorgó a la FEB el 25 de noviembre de 2010 para financiar el proyecto de centro deportivo-educativo para la formación integral promovido por la Federación en Dakar (Senegal), conocido como Casa España e inaugurado el 11 de diciembre de 2012. Parte de esos fondos públicos se desviaron a otros fines ajenos al motivo de la concesión, como el envío de material al Congo y Madagascar y el pago de nóminas a trabajadores de la Federación que no tenían nada que ver con la ejecución de este proyecto.