Hubo un tiempo en que los éxitos deportivos no dejaban ver las raíces podridas que iban creciendo bajo el tronco brillante de los metales y el ramaje de los ingresos millonarios por los patrocinios. Los triunfos en la cancha ocultaban el régimen clientelar que se iba instalando en algunas federaciones, los desvíos de fondos y la administración desleal con la que se gestionaban deportes mayoritarios mientras la afición enarbolaba la bandera de los sentimientos. El golpe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha propinado esta semana con la Operación Soule, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, no sólo ha supuesto en la práctica el fin del reinado de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras casi tres décadas en el cargo; también ha desnudado una forma de gestión marcada por el ansia de perpetuarse en el poder y el aprovechamiento del puesto para enriquecimiento propio.

No es el fútbol un caso aislado. Como viene informando El Independiente, un juzgado de Madrid investiga desde hace casi 10 meses a la anterior cúpula de la Federación Española de Baloncesto (FEB), con José Luis Sáez como cabeza visible, por presuntas irregularidades de gravedad en la gestión económica. Mientras la mejor generación española de baloncestistas de toda la historia coleccionaba medallas en las grandes citas internacionales, la dirigencia federativa exprimía las ubres del presupuesto federativo a sus anchas. Comidas privadas, pasajes de avión para la familia, sesiones de SPA, puros caros… La imputación de gastos particulares a la Federación es una de las líneas que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, que imputa a Sáez más delitos (siete) que el juez Santiago Pedraz a Villar (cuatro).

La investigación judicial ha puesto de manifiesto un patrón de funcionamiento, nombres y elementos que se aprecian tanto en el escándalo del fútbol como en el del baloncesto. Salvando las distancias, éstos son algunos puntos que convergen en ambos casos.

  • Éxito deportivo y patrocinadores. Tanto la selección española de fútbol como la de baloncesto han conocido en la última década los mejores resultados de toda su historia. En el caso del balompié, el viento empezó a soplar a favor el 29 de junio de 2008, cuando el combinado de Luis Aragonés se impuso a Alemania en el Ernst Happel de Viena (1-0) y ganó la Eurocopa. Luego vendría el Mundial de Suráfrica de 2010 y la Eurocopa disputada en Polonia-Ucrania en 2012, ambas citas con Vicente del Bosque en el banquillo. Por su parte, la selección de baloncesto del extraterrestre Pau Gasol empezó a reclamar su sitio en el escalafón internacional con su medalla de oro en el Mundial de Japón (2006), a la que le seguirían las logradas en los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015. Los triunfos deportivos fueron el mejor imán para atraer patrocinadores, lo que incrementó los ingresos de ambas federaciones de manera formidable e hizo que la aportación de fondos públicos pasara a ser testimonial. Villar fue más allá y renunció a la subvención ordinaria que el Consejo Superior de Deportes (CSD) concede a todas las federaciones deportivas para así poder «eludir el control financiero y contable» derivado de la Ley de Transparencia, como puso de manifiesto el juez Pedraz en el auto por el que mandó a prisión al mandamás del balompié español.
  • Etapas prolongadas de gestión. Fogueado en la vicepresidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y después en la presidencia de la Federación Vizcaína de Fútbol, Ángel María Villar -ex centrocampista del Athletic Club de Bilbao y licenciado en Derecho- asumió las riendas de la Federación Española a finales de julio de 1988 en sustitución de José Luis Roca. Su etapa no alcanzará las tres décadas. El CSD ya ha ordenado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que suspenda cautelarmente a Villar -tras decretarse su ingreso en prisión en la tarde del pasado jueves- como paso previo a su inhabilitación. En el caso de José Luis Sáez, éste llegó a la presidencia como sucesor de Ernesto Segura de Luna en noviembre de 2004 y se mantuvo en el puesto hasta el pasado 9 de julio, por lo que ocupó el cargo durante casi 12 años. En pleno escándalo por los gastos particulares imputados a la Federación, Sáez anunció en febrero de 2016 que no optaría a la reelección. La duda es si, de no haber estallado el caso, también habría optado por no presentarse a las elecciones o si por el contrario habría vuelto a concurrir para prolongar su etapa.
  • Control de las asambleas. La lectura del auto de Pedraz relata de forma descarnada los procedimientos que Villar y su equipo de confianza llevaban a cabo para ganarse el favor de los presidentes territoriales y poder imponerse en las elecciones. Si un dirigente abogaba públicamente por un cambio en la presidencia de la RFEF, Villar lo contrarrestaba retirándolo de cargos de representación internacional -como hizo con Eduardo Herrera, al frente de la Andaluza desde 1986- para promover a alguien afín. El método incluía también la organización de algún partido amistoso en una determinada comunidad para que el presidente pudiera sacar pecho y recabar ingresos de las administraciones regional y local por tan relevante acontecimiento deportivo. Todo valía para apuntalar apoyos y atornillarse al sillón. Sáez también logró controlar la asamblea y convertir en paseos militares los procesos electorales. Los éxitos deportivos y los resultados económicos avalaron su gestión… hasta que el Comité de Auditoría y Control de la FEB acudió al CSD con un dosier que ponía al descubierto el uso indebido de los fondos federativos. Hoy está imputado por siete delitos (blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, delito fiscal, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental) y se ha visto forzado a dimitir de los cargos que ocupaba en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
  • La implicación del director económico. La operación contra la corrupción en la Federación de Fútbol ha incluido también la detención y posterior ingreso en prisión del vicepresidente económico, Juan Padrón. El auto de Pedraz detalla la complicidad de éste con Villar en el manejo del dinero para comprar la voluntad de presidentes territoriales en vísperas de procesos electorales y en decisiones que provocaron un grave perjuicio al patrimonio de la RFEF (como la rescisión de los contratos con el Grupo Santa Mónica), al tiempo que la Guardia Civil ha constatado una «operativa continuada de apropiación de fondos» de la Federación Tinerfeña de Fútbol -de la que él es presidente- en connivencia presuntamente con el secretario general, Ramón Hernández Baussou. En el caso del baloncesto, junto a José Luis Sáez está imputado Luis Giménez, su antigua mano derecha como secretario general y director económico de la FEB. En las actuaciones que instruye el juez Juan Antonio Toro hay correos electrónicos que éste se cruzó con otro directivo en el que reconocía que llevaba una ‘doble contabilidad’ interna para camuflar las comidas que el hijo de Sáez realizaba e imputaba al presupuesto federativo.
José Luis Sáez (FEB) y Ángel María Villar (RFEF).

José Luis Sáez (FEB) y Ángel María Villar (RFEF).

  • Nepotismo. Hay un comportamiento nepotista tanto en la actuación de Ángel María Villar como en la de José Luis Sáez: ambos propiciaron que sus hijos se aprovecharan de la entidad que presidían. Gorka Villar Bollain, también detenido y encarcelado en el marco de la Operación Soule, no tenía cargo alguno en la Federación Española de Fútbol pero se benefició de forma notable con las decisiones de su padre. A través de la sociedad Sport Advisers SL, Villar júnior facturó servicios por una decena de partidos amistosos disputados por la selección española y disparó la facturación de su empresa. En plena crisis, ésta iba viento en popa gracias a Villar senior. También José Luis Sáez se interesó profesionalmente por su hijo, Pepo Sáez Soto, y lo nombró adjunto a la dirección de ‘Casa España’, el hermoso proyecto solidario que la Federación Española de Baloncesto desarrolló en la capital senegalesa (Dakar) con importantes ayudas públicas. En concreto, Sáez júnior desempeñó esa función entre enero de 2011 y abril de 2012.
  • Cortés Elvira, a escena. Uno de los nombres que han salido a relucir en ambos casos es el de Rafael Cortés Elvira, al mando del CSD en la etapa de Felipe González como presidente. El juez Pedraz vincula a Cortés Elvira con el «sistema de clientelismo» impulsado por Villar. En concreto, el ex alto cargo del Gobierno -casado con la jefa de los servicios médicos de la RFEF, María Elena Helena González- facturó más de 1,5 millones a Grupo Santa Mónica entre 2010 y 2012 a través de su sociedad General de Asesoramiento Corel SL. Santa Mónica fue la compañía a la que Villar cedió la explotación de los derechos audiovisuales y la gestión de patrocinios y merchandising, encargos que años después rescindió causando un daño al patrimonio federativo que Pedraz cifra en más de 51,7 millones de euros. Se da la circunstancia, además, de que Cortés Elvira es socio de la esposa de Gorka Villar en otra compañía: Esinet SL, dedicada a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Fue José Luis Sáez quien situó en la escena del caso FEB el nombre del ex presidente del CSD al invocar la amistad que éste tiene con el juez que instruye la causa como razón para solicitar la recusación del magistrado que sirve en el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid. Según el ex mandamás del baloncesto español, esa amistad -reconocida por el juez- procedería del hecho de que Toro fue docente en el departamento de Derecho Civil de la Universidad Camilo José Cela, de la que Cortés Elvira -presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) entre 1993 y 1996- fue rector entre 2003 y 2012. La supuesta falta de imparcialidad del juez provendría del hecho de que Cortés Elvira fue director general de Carat (Grupo Aegis), a la que alcanza la investigación judicial por ser una división de esta multinacional a la que contrató la FEB para la captación de patrocinios en vísperas de la Copa del Mundo 2014. «Don Rafael Cortés Elvira y el hoy recusado son amigos, pero Don Rafael Cortés Elvira no es parte ni como acusación particular, ni como acusación popular, ni como testigo en los hechos que se están investigando”, razonó el juez Toro el pasado 12 de junio en el auto en el que rechazó abstenerse y elevó el incidente a la Audiencia de Madrid para que lo resolviera. «Este juzgador desconoce si en la entidad Carat Sport España SA estaba el sr. Cortés, lo que sí sabe este magistrado es que, desde el año 2010 en adelante, hechos que se están investigando, en la entidad Carat Sport España SA no aparece según el Registro Mercantil la indicada persona (Don Rafael Cortés Elvira)», añadió. El primer intento de apartar al instructor no ha prosperado, como ha venido informando este diario.
  • El papel de Miguel Cardenal. La Guardia Civil ha informado de que la investigación conocida esta semana bajo el nombre de Operación Soule tiene su origen en una denuncia formulada por el CSD a principios de 2016, cuando al frente del organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encontraba Miguel Cardenal (hoy gozando de una cesantía que le garantiza 6.374,63 euros brutos al mes). Éste mantuvo un duro pulso durante todo su mandato con el rebelde Villar, que seguro que recibió con satisfacción la noticia de la salida de Cardenal y la llegada de José Ramón Lete al cargo. Empezaba una nueva etapa. Cuando el Comité de Auditoría de la FEB fue a visitar a Cardenal en octubre de 2015 para informarle de los manejos económicos de Sáez, los tres integrantes de ese órgano de control -los presidentes de las federaciones catalana (Joan Fa), gallega (Francisco Martín Micó) y vizcaína (Germán Monge)- pensaban que el máximo responsable de la gestión del deporte español pondría los hechos en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía ante la contundencia de las pruebas aportadas: facturas y correos electrónicos que revelaban que el presidente imputaba gastos personales y de su familia a la Federación. No fue el camino que tomó Cardenal, que optó por encargar una auditoría complementaria. Este informe, que ratificó todas las sospechas, se terminó el 22 de abril de 2016 y no fue hasta el 14 de julio de 2016 cuando el TAD analizó el caso y decidió llevarlo a la Fiscalía General del Estado. Entonces ya se habían celebrado las elecciones en las que se impuso Jorge Garbajosa, al que Sáez incorporó a su equipo directivo como responsable del área de responsabilidad social corporativa tras colgar las botas el jugador internacional. Fuentes del antiguo Comité de Auditoría han reconocido a este diario su decepción ante la actuación de Cardenal en este asunto, en el convencimiento de que los hechos denunciados eran tan graves que aquél tendría que haber acudido sin demora al Ministerio Público. Los denunciantes se quejan de que nunca más volvieron a tener noticias del máximo órgano de gestión del deporte español y que se sintieron «desamparados».