La caducidad de la intervención de la Generalitat por parte del Estado viene marcada por la fecha en que se constituya el nuevo gobierno autonómico tras las elecciones del 21-D. Sin embargo, hay dos materias en que puede prolongarse la supervisión y control de Madrid hasta confirmar que ese Ejecutivo asume plenamente la legalidad constitucional y estatutaria. Se trata de la coordinación de la policía autonómica y la fiscalización financiera al objeto de que se respete la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según han señalado a El Independiente fuentes del Gobierno.

Qué duda cabe que una Generalitat gobernada por los constitucionalistas aceleraría el levantamiento del control estatal, pero la eventualidad de que vuelva a repetirse una mayoría independentista o un gobierno encabezado por ERC en coalición con los «comunes» les obliga, afirman, a ser cautos antes de batirse en retirada. Ponen el acento además en que tanto la coordinación de los Mossos como la supervisión de las cuentas de la Generalitat se aplicaron con anterioridad al 155, tienen vida propia, aunque el decreto aluda a ambos capítulos.

La formación del nuevo gobierno «puede llevar meses» y la Administración central ejercerá en funciones ese tiempo

Afirman en Hacienda que la decisión final sobre el plazo en que debe terminar el control de la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria de la Generalitat, «será política». Explican que ésta se mantendrá  seguro hasta la formación del nuevo gobierno autonómico, entre otras cosas, porque la negociación para un Ejecutivo catalán de coalición o necesitado de apoyos parlamentarios externos «puede llevar meses». Le corresponde a la Administración central estar en funciones hasta entonces.

Pero más allá de ese plazo, se afianza la idea de que será necesario mantener «un periodo de carencia para que el dinero se gaste en lo que se tiene que gastar». El control del presupuesto catalán se ampara en los artículos 24 y 25 de la Ley de Estabilidad y no en el 155 de  la constitución, de aplicación mucho más tardía. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la asunción del control de las cuentas de la Generalitat prácticamente a la vuelta de vacaciones de verano, el pasado 15 de septiembre, tras la negativa del consejero de Economía de la Generalitat, el hoy encarcelado Oriol Junqueras, a informar semanalmente de sus gastos, tal y como se le había exigido en el mes de julio.

Se afianza la idea de que será necesario mantener «un periodo de carencia para que el dinero se gaste bien»

Entonces el objetivo era evitar que se desviaran partidas económicas para sufragar la celebración del referéndum del 1-O así como el entramado institucional de la quimérica república catalana. Y aunque esos dos riesgos parecen conjurados, al menos a corto plazo, en el Gobierno se aboga por «seguir manteniendo una cierta supervisión bajo la ley de Estabilidad Presupuestaria», al menos hasta confirmar que el nuevo ejecutivo aparca veleidades independentistas.

Fue también en septiembre cuando por orden del fiscal superior de Cataluña, el Ministerio del Interior asumió el control de la policía autonómica para que se implicara, junto a Policía Nacional y Guardia Civil, en el desmantelamiento de la consulta independentista del 1 de octubre, con nulos resultados, así como en mantener el orden público y la seguridad en Cataluña. Todo ello acompañado de un gran despliegue de agentes policiales en esta comunidad. No se trataba de desposeer a la Generalitat de su competencia en materia de seguridad ciudadana, sino de aplicar la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a la colaboración entre las distintas policías.

La decisión de asumir el control de los Mossos fue anterior a la aplicación del 155

El alcance temporal de la aplicación del 155 ha sido motivo de controversia incluso entre los miembros del Ejecutivo, a pesar de que el propio Rajoy especificara que moría con la formación del nuevo gobierno en Cataluña. Así se expresó el pasado martes en una entrevista a la Cadena Cope, al afirmar que «la intervención del Gobierno es excepcional» y que «va a durar lo que dure la campaña electoral y hasta que el gobierno que salga de las urnas tome posesión».

Esta posición contrasta con la que defendió su ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado día 6, cuando afirmó durante su intervención en un desayuno informativo en Bilbao que el 155 finalizaría con las elecciones del 21 de diciembre, lo que generó cierta confusión.

Parece que ya hay unidad de mensaje en torno a que la intervención de la Generalitat caduca el día que se forme un nuevo gobierno en Cataluña con la salvedad de la supervisión financiera y la coordinación de los Mossos hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Además, la dependencia económica catalana al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al pago a proveedores, no le libera de la supervisión del Ministerio de Hacienda. No hay, en todo caso, un plazo temporal que permita vaticinar cuáles pueden ser las señales inequívocas de que quien gobierne tras el experimento Puigdemont no deje sombra de duda sobre su compromiso con la legalidad.

La supuesta rectificación del independentismo no termina de convencer al Ejecutivo central

La supuesta rectificación de un independentismo que parece admitir que carecía de base social suficiente para llevar a Cataluña a la secesión no termina de convencer al Ejecutivo central en la medida en que puede ser un movimiento más táctico que real de cara al 21-D.  A fin de cuentas, los actores se repiten. Tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras se vuelven a presentar así como buena parte de los miembros de la Mesa del Parlament, del Govern y de ANC imputados, en prisión o prófugos de la Justicia. Es verdad que lo más probable es que Junqueras no vaya a investidura ante el riesgo de acabar como poco inhabilitado, y delegue en su «número dos» Marta Rovira la presidencia de la Generalitat llegado el caso, pero eso tampoco resulta del todo tranquilizador en Moncloa.