El PdCat ha registrado este miércoles a Jordi Sánchez y Joaquim Forn, los números dos y siete de su candidatura por Barcelona, como diputados electos del Parlament. Se trata del ex presidente de la ANC y el ex consejero de Interior de la Generalitat, los dos candidatos de la lista de Carles Puigdemont que permanecen en prisión por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien debe revisar esas medidas cautelares el día 11 de enero, una semana antes del pleno de constitución del nuevo Parlamento catalán. La formación independentista no ha registrado, sin embargo, las actas de diputado del candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni de los ex consejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, los tres huidos en Bruselas.

Fuentes del partido han confirmado la noticia avanzada por El Mon, y han respondido con un lacónico «aún no» al ser preguntados por el registro de las credenciales de Puigdemont, Puig y Ponsatí, todos ellos miembros de la candidatura de JxCat junto a Sánchez y Forn e igualmente querellados por los delitos de rebelión, sedición y malversación como líderes del proceso independentista que culminó con la proclamación unilateral de independencia en el Parlament el pasado 27 de octubre. Una decisión que sigue dejando en el aire el retorno de Puigdemont a España, puesto que si finalmente se descarta debería renunciar al acta de diputado para no poner en riesgo la exigua mayoría independentista en el Parlament.

El próximo 17 de enero es la fecha fijada por el Gobierno para el pleno de constitución del Parlament, en el que se elegirá la Mesa y se fijarán por tanto las mayorías de gobierno de la Cámara. Los partidos independentistas obtuvieron el 21-D una mayoría parlamentaria de 70 diputados sumando los escaños de JxCat, ERC y la CUP, pero esa mayoría -sólo dos escaños por encima de la mayoría absoluta- está en peligro por los ocho imputados que acumulan las candidaturas de JxCat y ERC. Se trata de Oriol Junqueras, Sánchez y Forn, que permanecen en prisión incondicional, y de los cinco fugados a Bruselas.

En el caso de los encarcelados por orden del Supremo, los partidos independentistas cuentan con que la justicia les permita acudir a los plenos a votar, por lo menos los de constitución e investidura, puesto que sin sentencia firme conservan sus derechos políticos. En este contexto, su registro como diputados electos sería un modo de intentar presionar al Supremo para que acuerde su excarcelación el próximo 11 de enero.

Pero los fugados en Bruselas son, de hecho, actas perdidas, puesto que no pueden ejercer el voto a distancia y si regresan a España serán inmediatamente puestos a disposición de la justicia. Por ello lo más probable es que Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret acaben renunciando a sus actas de diputados para que las asuman otros miembros de sus candidaturas. De hecho se trata de una decisión del partido -de acuerdo con los electos- que según los usos de la Cámara catalana simplemente debe informar a los servicios jurídicos del Parlament que asumirá el acta de diputado el candidato designado por la dirección del partido, sin que se tenga que producir ninguna renuncia formal por parte de los descartados.