// TODO: Revisar qué hace the_post_thumbnail_creditos Un cartel reclama la libertad para decenas de presos de ETA de Bilbao bajo el lema "Os queremos".

Un cartel reclama la libertad para decenas de presos de ETA de Bilbao bajo el lema "Os queremos". Mikel Segovia

Política

ETA: Sólo seis de los 249 presos tienen beneficios penitenciarios

Las cárceles españolas albergan hoy a menos de la mitad de los reclusos etarras que había cuando se anunció el cese de la actividad armada: la mayoría ha aceptado iniciar un camino individualizado para poder acogerse a medidas de reinserción

Las cárceles españolas albergan en la actualidad a 249 presos de ETA, cifra que representa menos de la mitad de la que se registraba el año -2011- en que la banda terrorista anunció el cese de su actividad armada: 547. De aquellos, a los que se suman los 59 que cumplen condena en centros penitenciarios franceses, tan sólo media docena cuenta actualmente con beneficios penitenciarios.

Así lo detalla la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- en respuesta a una petición de información a través del Portal de la Transparencia. El número de etarras encarcelado se redujo en el transcurso del último año en 35, de los que 22 fueron excarcelados al alcanzar la libertad definitiva.

De acuerdo con la información recabada por El Independiente, los presos de ETA que actualmente están acogidos a medidas de reinserción son -entre otros- Rafael Caride Simón, Aitor Bores, Luis María Carrasco, Jorge Uruñuela y Pedro José Pikabea. A todos ellos se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el cumplimiento de la pena, lo que supone que pueden salir de prisión, incluso disfrutar de un régimen de semilibertad. Alguno de ellos disfruta ya de libertad condicional.

Ahora, sin ETA activa, ésa es la aspiración de los cientos de integrantes de la banda terrorista. Pero ellos, al contrario de quienes ya disfrutan de beneficios, no han hecho pronunciamientos expresos de repudio a ETA y de la violencia, ni han abandonado la organización. El colectivo de presos, agrupado en el denominado EPPK, ha culminado un proceso de debate interno que aboga por procesos individualizados y que cada uno busque por sí mismo vías para acogerse a beneficios y acelerar el cumplimiento de su condena.

El 96% de los etarras encarcelados actualmente se encuentra en primer grado. Muchos de ellos han solicitado sin éxito un cambio de grado. En las cárceles se percibe, sin embargo, un cambio de actitud en el colectivo de presos. Mejor comportamiento, mayor disposición a cumplir las normas internas y buena disposición. En una veintena de prisiones, de las 43 en las que existe algún miembro de ETA encarcelado en estos momentos, los reclusos de la banda han solicitado destino, es decir, poder colaborar con las actividades cotidianas del centro, algo hasta ahora vetado por la dirección de la organización terrorista.

Las cárceles españolas albergan hoy a 249 presos de ETA, menos de la mitad de los que había cuando anunció el cese de la actividad armada (2011)

En los últimos siete años el goteo de salidas de prisión de miembros de ETA ha sido incesante. Hoy, los centros penitenciarios españoles  tienen un 57% menos de integrantes de ETA cumpliendo condena. Si en 2010 había 590 etarras entre rejas, la cifra ha descendido hasta los 249 al cierre de 2017. Cada año las salidas de etarras han oscilado entre las 66 de 2011 -cuando ETA cesó su actividad armada- y las 35 puestas en libertad del año pasado. Salidas de la cárcel que en muchos casos van acompañadas de recibimientos en sus localidades de origen entre aplausos, aurreskus y reconocimientos, actos de bienvenida que han sido muy cuestionados por las asociaciones de víctimas y que acusan a la Audiencia Nacional de mirar hacia otro lado en lo que consideran un enaltecimiento del terrorismo y una humillación a las víctimas.

Reinserción de etarras

En la última década, casi 350 miembros de ETA han salido en libertad tras cumplir su pena. Una realidad que ha comenzado a suscitar inquietud en las instituciones vascas. La mayor parte de los etarras regresa a Euskadi. Algunos de ellos se han convertido en rostros visibles de colectivos y entidades vinculadas con la izquierda abertzale y el movimiento que rodea el entorno de ETA. Por todo ello, desde hace un lustro el Ejecutivo de Iñigo Urkullu trabaja en la elaboración de un programa que facilite encauzar de modo adecuado a esos cientos de personas.

El ‘frente’ de las cárceles hace tiempo que se rompió. Tras el cese de lucha armada ETA comenzó a desmantelar el que había sido uno de los puntales de su coacción al Estado y de su actividad criminal. Los presos de la banda han comenzado a emprender su camino de modo individualizado, y no colectivo como durante toda su historia han hecho. Ya no hay directrices de la dirección de ETA que cumplir en pos de convertir el ‘frente carcelario’ en un activo más de la banda. Ahora son los propios reclusos los que han decidido votado los pasos a dar. Y los han aprobado por amplia mayoría, siete de cada diez. Han aceptado iniciar un camino individualizado para solicitar beneficios penitenciarios y acatar la otrora odiada legislación penitenciaria española.

En las prisiones se percibe un cambio de actitud: mejor comportamiento, mayor disposición a cumplir las normas internas y buena disposición

Este compromiso se mantiene por el momento con líneas rojas. Sin duda, la esencial es la de no colaborar con la Justicia. El ‘Colectivo de Presos Políticos Vasco’, el EPPK, ha establecido como barrera infranqueable la “delación” de compañeros. Esta limitación, añadida a la no disolución de la propia ETA –que se anuncia para antes del próximo verano- está impidiendo que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias hayan accedido a satisfacer las peticiones de los etarras y menos aún a anular el traslado de los presos a cárceles alejadas de Euskadi.

La ‘Vía Nanclares’ fue la primera fórmula ideada por el Ejecutivo autonómico de Patxi López y el Gobierno de Rodríguez Zapatero para abrir la puerta a la fractura en el seno de los presos. Y funcionó. La siempre esgrimida unidad que enarbolaba ETA en las cárceles comenzó a resquebrajarse en 2010 con las primeras disensiones públicas de militantes de la organización, alguno con un peso y pasado muy significado; como José Luis Urrusolo Sistiaga; Idoia López Riaño La tigresa o José Luis Álvarez Santacristina Txelis, todos ellos ya en libertad. En este tiempo, alrededor de una treintena de etarras se ha beneficiado de esta vía que preveía el acercamiento a cárceles vascas y el acceso a beneficios penitenciarios si se renunciaba explícitamente a la violencia, se colaboraba con la Justicia y se desmarcaban de ETA. Tras hacerlo, todos ellos fueron expulsados de ETA.

El Gobierno vasco cuenta desde 2013 con un Plan de Paz y Convivencia entre cuyas iniciativas quiere incluir el diseño de programas y vías de “reinserción” y resocialización de quienes fueron miembros de ETA. Hace tres años puso en marcha un proyecto piloto -denominado ‘Hitzeman’- encaminado a pilotar varios procesos de reinserción de etarras. Al mismo tiempo, proyectó un plan para idear procesos asistenciales dirigidos a la integración de este colectivo en la sociedad vasca. El pasado martes, el Gobierno anunció que con toda la experiencia adquirida desarrollará un decreto que dé cobertura normativa a políticas públicas de reinserción. Subraya que serán políticas concebidas dentro de una “justicia restaurativa”.

La ‘Vía Nanclares’ fue la primera fórmula ideada por Patxi López y Rodríguez Zapatero para abrir la puerta a la fractura en el seno de los presos. Y funcionó

Hasta ahora, las instituciones vascas no han dado ningún tipo de apoyo directo a los etarras para facilitar su inserción social. El apoyo que perciben ha llegado desde una iniciativa impulsada por los propios presos de ETA. Ex reclusos de la organización promovieron en 2012 la iniciativa ‘Harrera’ (Recibimiento), una organización dedicada a facilitar a los etarras que abandonan la cárcel su reintegración social. ‘Harrera’ cuenta con la financiación de particulares dispuestos a abonar los 60 euros anuales de cuota que recaba para pagar los servicios que presta a los “presos y presas y exiliados políticos”.

Ofrece asesoramiento administrativo para funciones como el empadronamiento, la obtención del DNI, el pasaportes o la percepción de subsidios o pensiones de los etarras a su salida de la cárcel. Junto a ello, les brinda servicios médicos de oftalmología, dentista o psicología para mejorar su salud. ‘Harrera’ también promete a los presos de ETA en libertad una ayuda económica a su salida de prisión para poder pasar los primeros meses en libertad e incluso les ayuda a la búsqueda de vivienda y empleo. La asociación incluso insta a la sociedad vasca a colaborar con ellos bien mediante financiación, bien apoyando sus actividades con turnos en las txosnas, consiguiendo muebles o colaborando en la búsqueda de médicos o profesionales dispuestos a ayudarles.

Sólo tres presos en Euskadi

El colectivo de presos y sus familias, apoyados por la izquierda abertzale, ha intensificado en los últimos meses su campaña en favor del final de la dispersión de los presos de ETA en cárceles alejadas del País Vasco. Actualmente sólo tres presos de la banda cumplen condena en centros situados en Euskadi. Desde Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, se considera que la desaparición del alejamiento debe ser una prioridad. “Esta no es una condición que hemos elegido sino que nos ha tocado vivir”, asegura Urtzi Errazkin. Afirma que castigar a las familias alejando a sus seres queridos en cárceles situadas lejos del País Vasco “es una política vengativa” que pagan las familias y no los presos.

“Hace seis años que ETA anunció que dejaba de practicar atentados y hace más de un año que está desarmada. Sin embargo, la situación de las familias de los presos es la misma. Se nos están vulnerando derechos humanos, a las familias y a los presos”, señala Errazkin. Asegura que ellos están dispuestos a dar los pasos que sean necesarios, a reunirse con familiares de víctimas o “lo que haga falta”, pero eso no quiere decir que “se puedan poner contrapartidas al cumplimiento de unos derechos humanos”. Y añade: “Los derechos se deben reconocer, son de todos, y no deben estar condicionados a unas contrapartidas”.

Disolución y cambios de grado

El portavoz de Etxerat considera que se ponen condiciones y, “cuando éstas se cumplen, se inventan unas nuevas. Antes se pedía que ETA dejara de matar para empezar a negociar. A los presos se les pedía que hicieran solicitudes individualizadas para avanzar de grado. Todo eso se ha hecho y la respuesta es la misma. Ahora se dice que hasta que ETA no se disuelva no habrá cambios de grado. Los presos comunes en primer grado son el 1,5% del total, en cambio entre nuestros familiares es del 95%2”.

Errazkin afirma que se debe acabar “con todos los sufrimientos y después hablaremos de todo, de convivencia y respeto y de todo lo que se quiera. No tenemos ningún problema en hablar con ninguna persona de ningún tema, no excluimos a nadie ni nada”. Concluye señalando que, mientras en Francia “al menos se han sentado a hablar” de las condiciones de los presos en sus cárceles, “aquí no lo han hecho, sólo pedimos que se respeten los derechos que tienen”.

Entre los familiares de víctimas, no hay una postura única. Rosa Rodero, viuda del mando de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, es una de las voces que no ve inconveniente en el acercamiento de los presos a sus lugares de origen. “Hoy por hoy no tiene sentido la dispersión y lo único que perjudica es a las familias, no al preso. Al recluso le da igual estar en un sitio que en otros. Es a las familias las que realmente lo pasan mal al tener que hacer 1.000 kilómetros cada semana para ver a sus presos”, expone.

Pese al sufrimiento, Rodero no muestra el menor atisbo de resentimiento y considera que las familias a las que ETA destrozó necesitan “paz y tranquilidad”. “El odio no nos deja vivir, te conviertes en una persona amargada y sin vida. Sólo vives para odiar. Mi marido ya lo decía: ‘No podemos vivir con odio’. Eso es lo peor que podemos tener”, agrega.

Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), defiende su total oposición al eventual acercamiento de los presos etarras. “La política de dispersión se adoptó para evitar la cohesión de la organización terrorista. Si ésta sigue existiendo entendemos que la dispersión debe seguir existiendo”, considera.

El hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado en octubre 2000 ofrece varios argumentos para justificar su rechazo a que se facilite que los reclusos de la banda terrorista puedan cumplir el resto de las penas en centros penitenciarios próximos a Euskadi, aunque no cometieran delitos de sangre. De un lado, por la escasa colaboración de éstos para el esclarecimiento de los cerca de 400 asesinatos que aún continúan sin resolverse y, de otro, ante la posibilidad de que algunos de estos presos “pudieran ser encausados en el futuro por algún delito mayor” si avanzan las investigaciones.

En opinión de Daniel Portero, la única prioridad debe ser que se esclarezcan los casos aún sin aclarar, lo que llevó a DyJ el pasado año a presentar una iniciativa en el Parlamento Europeo. “No puedes acabar si tienes casi la mitad de los casos sin resolver. Se está centrando todo mucho en el relato y la enseñanza, pero antes está la Justicia. Mientras no haya Justicia no hay ni memoria, ni relato, ni historia”, apostilla.

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