La misma noche, el mismo local y muchos testigos de una agresión brutal que nadie pone en duda. Son las únicas tres certezas de aquellas horas, el resto es un mar de versiones contrapuestas. La fotografía que se ha ido revelando esta semana demuestra que aquella madrugada muchos miraban pero no todos veían. Que eran numerosos los que oían, pero pocos los que escuchaban. También ha quedado patente que lo sucedido en el interior y exterior del bar ‘Koxka’ permanece, año y medio después, fijado con recuerdos nítidos e imborrables para las víctimas y confusos y difusos para los acusados y sus testigos. Es la síntesis que resume la primera semana del juicio del llamado ‘caso Alsasua’ por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en la localidad navarra la noche del 15 de octubre de 2016.

Las cinco sesiones celebradas hasta ahora han evidenciado que lo que se juzga en la Audiencia Nacional es algo más que una ‘pelea de bar’, que lo que rodea a este proceso tiene aristas que van de la política, a la presión del entorno de la izquierda abertzale, la difícil convivencia con la Guardia Civil y los límites de la tipificación del delito de terrorismo en el actual Código Penal.

Mientras las víctimas y acusaciones han mantenido invariable la versión dada hasta ahora, los acusados y sus defensas han defendido ante el tribunal una versión radicalmente distinta a la mantenida hasta ahora. Durante año y medio el entorno de los ocho acusados -para los que la Fiscalía pide penas que van desde los 12,5 hasta los 62,5 años de prisión por delitos de carácter terrorista-, había basado su defensa en reclamar “proporcionalidad” de acuerdo a lo que defendían como una “trifulca”, una “pelea de bar” en la que minimizaban sus consecuencias recordando que sólo se produjo “un tobillo roto”. 18 meses en los que su defensa en ningún caso cuestionó su participación o presencia en el lugar durante los hechos, algo que ahora ha centrado su defensa. Las comparecencias de los acusados y los interrogatorios de sus abogados se han orientado a intentar acreditar que sus defendidos no participaron en los hechos, que en determinados casos ni siquiera se encontraban en el lugar donde se produjo la agresión y que si finalmente han sido acusados es por una errónea identificación de las víctimas.

Las defensas han pasado de reclamar «proporcionalidad» a negar la participación de los acusados en los hechos

Fuentes de la acusación consultadas por El Independiente afirman que la primera semana de juicio ha dejado resuelto y bien acreditado lo que sucedió aquella noche en Alsasua e incluso ha permitido determinar la autoría de los hechos. Cree suficientemente probado que los ocho acusados participaron en la agresión y por tanto no tiene duda de que serán condenados. Añaden que la estrategia de las defensas de negar su participación o incluso su presencia en el lugar entra dentro de lo esperable y habitual en este tipo de procesos.

Planificada o espontánea

A partir de ahora, estas mismas fuentes consideran que será en la semana de sesiones que comenzará este lunes cuando habrá que poner la calificación jurídica a los mismos. Hasta la conclusión de las vistas se tendrá que demostrar si la consideración jurídica que merecen los hechos encaja con delitos de terrorismo o por el contrario se debería encuadrar dentro de delitos como lesiones, odio, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, etc.

Una cuestión relevante que podría suponer una rebaja considerable de las posibles condenas. Así, las peticiones alternativas de la Fiscalía rebajan la horquilla de entre 12,5 a 62,5 años a una petición de pena de entre 18 y 30 años para seis de los acusados y de 12,5 para la única mujer que se sienta en el banquillo y para la que mantiene invariable la petición de pena.

Así, acreditar si la agresión fue planificada o no se ha convertido en un elemento central para sostener en gran medida la acusación de la Fiscalía. A ello se ha sumado los intentos de acusación y defensa por demostrar que la mayor parte de ellos acumulan un pasado de animadversión hacia la Guardia Civil con su participación en los distintos actos de colectivos como ‘Alde hemendik’ (Fuera de aquí) y la celebración de su ‘Ospa eguna’ (El día del adiós) en contra de la Benemérita. Movimientos que el Ministerio Fiscal y la acusación particular sitúan en la órbita de ETA, lo que reforzaría, según sus escritos, la consideración de la agresión como un delito de terrorismo.

La acusación particular da por acreditada la autoría de los acusados en la primera semana de juicio y espera su condena.

El peso de las circunstancias en las que se produjo la agresión puede ser determinante para establecer una u otra calificación jurídica de los posibles delitos. El clima social que se vive en el municipio ha adquirido en las cinco primeras sesiones del juicio un peso muy relevante. Frente a la normalidad que tanto los acusados como sus testigos, entre ellos el alcalde de Alsasua, han defendido, subrayando incluso que carecen de animadversión contra la Guardia Civil, negando su participación en actos contra su presencia o asegurando que la convivencia está absolutamente normalizada en la localidad, los testimonios de algunas de las víctimas han dibujado un clima en la localidad radicalmente opuesto. Javier Ollo afirmó que el clima de convivencia en el municipio es bueno, “nada comparable al que se vivía hace 15 o 20 años” y que si participó en actos de apoyo a los acusados fue para denunciar la “desproporción” de las peticiones de condena contra los ochos acusados.

Fuentes de Covite, que ejerce la acusación particular, aseguran que la declaración de Ollo provocó malestar entre muchos vecinos de Alsasua, varios de los cuales se pusieron en contacto con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco para trasladarles su desacuerdo con el comportamiento mantenido por el primer edil. Aseguran que muchos de ellos les trasladaron que en Alsasua también hay vecinos que apoyan a los guardias civiles y sus parejas agredidas “pero no pueden decirlo”.

Clima de acoso

Sin duda el testimonio más demoledor fue el aportado por María José, la novia del teniente herido. Durante su declaración aseguró que desde la agresión su vida se había convertido en “un infierno” y que aún tenía miedo de regresar a Alsasua. Aseguró que la situación de acoso le llevó incluso a pensar en el suicidio como única salida para salir de esa difícil situación: “Perdí mi vida, perdí mi hogar, lo perdí todo”. Entre sollozos relató cómo la presión del entorno radical se cebó también con sus padres, con pintadas y pancartas frente al bar que regentan o ataques a sus coches. A ello sumó datos sobre el clima de presión en el que ha tenido que vivir desde que comenzó su relación con el agente de la Guardia Civil y que no es bien vista por algunos sectores de Alsasua.

Esta semana será clave para fijar la tipificación de los posibles delitos. Las acusaciones los tildan de terrorismo, las defensas de «pelea de bar»

Las dos versiones de una misma agresión han tenido capítulos inesperados en el juicio, como la declaración del propietario del ‘Koxka’, Iosu Muñoz. El testigo de la acusación negó lo que se reflejaba en la declaración afirmando que él aseguró que la pelea fue premeditada: “Yo no lo he dicho”. Ante el tribunal de la Audiencia Nacional desmintió haber visto ninguna pelea en el interior de su local y no identificó el documento de su declaración que se encontraba sin firmar. Hecho que uno de los agentes forales que declaró aseguró que se explicaba al tratarse de una copia y no del documento original de su declaración ante la policía Foral.

La acusación atribuye el cambio de declaración a la presión que están padeciendo determinados testigos para declarar en un determinado sentido: “A nadie se le pide heroicidad, su testifical dura diez minutos y no va a sacrificar su negocio, su vida, por diez minutos de un juicio”. También otro de los testigos de la defensa, amigo de una de las parejas de los agentes, reconoció que fue presionado para declarar.

Otro de los elementos que ha cambiado el desarrollo inicial de la vista ha sido la aceptación por parte del tribunal de varias pruebas de las defensas. Días antes del inicio de las vistas varios de los abogados de los acusados habían criticado la actitud del tribunal por no aceptar determinadas pruebas presentadas. Varias de ellas, como la imagen de uno de los acusados, Adur Ramírez de Alda –con la que se quiere cuestionar su presencia en el lugar-, y uno de los vídeos grabados por otro de los jóvenes, sí han sido incorporados finalmente a la causa. Para la acusación esta circunstancia no hace sino erradicar uno de los elementos con los que las defensas intentaban sembrar dudas sobre la imparcialidad del tribunal, subrayando la no aceptación de pruebas.

Tan sólo uno de los ocho acusados ha reconocido que mantuvo contacto con los dos agentes y sus parejas en el interior del ‘Koxka’ pero sin llegar agredirle, sólo recriminarle la “jeta” por colocar multas a los jóvenes del municipio y después compartir local con ellos para tomar copas. El alcohol, la oscuridad del local y las capuchas, han sido un argumento recurrente en muchos de los testimonios presentados por las defensas para poner en duda la identificación. También las ruedas de reconocimiento en las que varios de ellos fueron identificados o incluso la presentación de algunas de las pruebas en las que se basa la acusación del a fiscalía.

La novia del teniente llegó a asegurar ante el tribunal que las identificaciones de los agresores que hizo las hizo con un “100% de certeza” ya que dejó fuera, pese a que consideraba que debería haber más acusados, a los que sólo era capaz de identificar al 90%. María José conoce bien a muchos de ellos, no en vano vive en Alsasua desde que tenía tres años.