Política EL 'CASO TÁNDEM'

Villarejo pidió al juez que el análisis de los discos duros lo realizara el CNI y no diera copias

El comisario ya jubilado redactó semanas después de su ingreso en prisión una carta en la que advertía de que en los soportes informáticos intervenidos por la Policía en sus viviendas había datos "de especial sensibilidad para los intereses del Estado"

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Villarejo pidió al juez que el análisis de los discos duros lo realizara el CNI y no diera copias
Villarejo y Sanz Roldán

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Resumen:

El comisario ya jubilado redactó semanas después de su ingreso en prisión una carta en la que advertía de que en los soportes informáticos intervenidos por la Policía en sus viviendas había datos "de especial sensibilidad para los intereses del Estado". Villarejo pidió sin éxito al juez que no incorporara a la causa por la que está en prisión preventiva el material reunido durante varias décadas como policía encubierto y que, si lo juzgaba necesario, encomendara esa labor a especialistas del Centrl Nacional de Inteligencia (CNI). La carta escrita desde su celda de Estremera (Madrid) no se la entregó su abogado al juez Diego de Egea hasta que, el pasado mes de mayo, el instructor alzó la suspensión y decidió llevar a cabo el clonado y análisis de la información contenida en siete dispositivos informáticos de su representado.

Desde la soledad de la celda del módulo 4 de la prisión madrileña de Estremera, el agente encubierto ya jubilado que tantos trabajos había realizado para el Estado en sus más de tres décadas en la Policía Nacional quería prestar un último servicio. Corría el mes de diciembre. José Manuel Villarejo tomó un papel y redactó una carta de seis párrafos destinada a Diego de Egea, el magistrado que sirve en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en labores de refuerzo y que dirige junto a los fiscales Anticorrupción la investigación que le mantiene privado de libertad desde hace más de 260 días. «Me permito dirigirme a Vd para manifestarle una honda preocupación que tengo…», arrancaba la misiva, que terminaba diciendo: «Le ruego que tome muy en consideración lo que aquí le expreso».

¿Cuál era esa «honda preocupación» que le llevó a dirigirle unas líneas al juez? El contenido de los soportes informáticos que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional intervino durante los registros practicados -tras su detención el pasado 3 de noviembre- en sus viviendas de Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga). Se trataba de material sensible, como se acaba de comprobar con la difusión de la cinta grabada a Corinna zu Sayn-Wittgenstein durante un encuentro mantenido en Londres en junio de 2015 en la que la consultora germano-danesa realiza acusaciones de grueso calibre sobre el rey emérito y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

En esencia, el antiguo comisario quería advertir al magistrado sobre el grave riesgo que supondría la filtración de la información que contenían esos discos duros y le pedía que, en caso de que decidiera que esos archivos de audio tenían que ser revisados en el marco de la instrucción del caso Tándem, no le encomendara esa función a la Policía Nacional sino a especialistas del CNI para garantizar la confidencialidad.

«En los registros practicados en mis distintos domicilios se ha intervenido abundante material electrónico, incluidos teléfonos móviles, ordenadores, CD, tablets, pendrives, discos duros externos e incluso microcintas con una antigüedad de más de 20 años (tales microcintas están en desuso desde hace ya mucho tiempo). Todos esos elementos digitales o informáticos contienen datos y elementos de especial sensibilidad para los intereses del Estado, razón por la cual le pido a Vd. que tome todas las medidas necesarias para evitar su conocimiento, examen o difusión por terceras personas», expresaba.

El ex comisario escribió una carta en prisión para alertar al juez de que en los discos duros intervenidos había «datos de especial sensibilidad para el Estado»

Villarejo, jubilado en el verano de 2016 y que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional en su última etapa, trataba de hacer ver que gran parte del material incautado no tenía relación alguna con los negocios particulares que compaginaba con su actividad profesional -objeto de la causa por la que está en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, revelación de secretos y falsedad documental- sino con sus trabajos como policía encubierto durante años «en interés del Estado y de la seguridad de los ciudadanos».

El antiguo agente encubierto pretendía que le fuera devuelta toda la información ajena a los hechos investigados «para evitar perjudicar injustamente a las instituciones, a la seguridad y a la lucha contra el crimen» y, en el caso de que se juzgara necesario el examen del material intervenido, solicitaba al juez que esa labor la realizara «única y exclusivamente» el Servicio de Inteligencia y «sin entregar copias a nadie». Y todo ello «para evitar cualquier transmisión o fuga de información y al objeto de que el personal especializado del CNI pueda evaluar y expurgar todo el contenido que afecte o pueda afectar a los intereses del Estado, a sus instituciones y a la seguridad pública o pueda contener elementos que afecten, en cualquier forma, a materias protegidas por la legislación de secretos oficiales», justificaba.

Fechada en diciembre, la carta del comisario retirado no llegó a su destino sin embargo hasta el pasado 31 de mayo. Su abogado, Ernesto Díaz-Bastien, decidió no aportarla hasta entonces al juzgado dado que el instructor mantenía suspendida la extracción de información de siete dispositivos informáticos incautados: los identificados como evidencias BE09, BE25, BE34, BE35, BE41 y BE42 y un disco duro portátil hallado en la casa de Estepona de la marca ‘Seagate’.

El juez del ‘caso Tándem’ ha ignorado las pretensiones de Villarejo: ni ha evitado el clonado y volcado de la información ni encomendó la labor a los servicios secretos

Las alarmas se habían encendido el 11 de mayo, cuando el magistrado Diego de Egea puso fecha al clonado y volcado de los contenidos informáticos que albergaban dichos soportes (a las 9.30 horas del pasado 4 de junio). Villarejo intentó sin éxito que se suspendiera la práctica de esa diligencia dado que podría afectar a «secretos oficiales» o «intereses del Estado», «perjudicar a terceras personas» ajenas al procedimiento judicial en curso o «desvelar datos y métodos de carácter policial reservado».

«En diciembre pasado, del año 2017, nuestro representado ya preso en el Centro de Estremera nos entregó la carta firmada adjunta, que no aportamos entonces a este juzgado por no estimarlo necesario dada la evolución procesal que fue tomando el volcado y clonado de elementos intervenidos en el procedimiento. La adjuntamos ahora, por una parte, en prueba de la preocupación de nuestro representado, quien ha sido un honesto servidor del Estado al margen -claro está- de las imputaciones que el Ministerio Fiscal realiza en estas actuaciones contra él. Por otra parte, aportamos dicha carta al objeto de que, en caso de que no se accediese a la nueva suspensión del clonado y volcado que esta representación interesa, se acceda a lo que el propio imputado, Sr. Villarejo Pérez, solicita en su escrito y que ya interesó verbalmente en una de sus declaraciones ante Su Señoría», exponía el letrado Díaz-Bastien en un escrito presentado en el juzgado el pasado 31 de mayo.

El magistrado De Egea ignoró las pretensiones del comisario jubilado: ni paralizó la tarea de copiado y extracción de los dispositivos informáticos ni confió a agentes del CNI la labor de expurgo de la información, como le pedía Villarejo. El juzgado ha enviado los discos duros para su volcado y posterior análisis a la Brigada de Investigación Tecnológica y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, a las que el agente de policía retirado ha señalado implícitamente por la filtración de las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

«Resulta cuando menos irracional, o contrario a toda lógica, que se acuse al Sr. Villarejo de filtrar una grabación que él, en todo momento,
ha pedido que se tratara con toda confidencialidad por parte del juzgado, como otras grabaciones. E incluso se ha solicitado que se remitan estos discos duros, para su análisis, al Centro Nacional de Inteligencia», expuso la defensa de Villarejo en un escrito enviado al juez 24 horas después de que se hiciera pública la conversación que su representado mantuvo con la consultora germano-danesa hace tres años en la capital inglesa en presencia del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga. Y añadía: «Sea quien sea el responsable de la filtración, probablemente también lo sea la persona -muy bien informada- que se atreve a adelantar que se confeccionará un informe policial sobre estas cintas para solicitar la apertura de más piezas separadas en estas Diligencias Previas».

Villarejo, al juzgado; Sanz Roldán, al Congreso

Es lo que ha decidido el magistrado Diego de Egea, que ha abierto una nueva pieza tras recibir un informe policial en el que se analizan las grabaciones de Corinna y ha citado a declarar a José Manuel Villarejo el próximo día 26 por estos nuevos hechos. De esta forma, el caso Tándem acumula ya cinco ramas: King, Iron, Land, Big y la relativa a las conversaciones sobre Don Juan Carlos I. El rey emérito sólo puede ser investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al mantener el aforamiento, pero no así la ex mujer del príncipe alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein.

La comparecencia del agente encubierto se producirá mientras Félix Sanz Roldán da explicaciones a puerta cerrada ante los diputados que integran la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso de los Diputados sobre el contenido de las cintas de Corinna. Las manifestaciones que haga el jefe de los espías españoles serán determinantes para que los grupos de la oposición y el propio PSOE fijen su posición ante la petición de comisión de investigación que trata de promover Unidos Podemos.