Se ha llevado por delante la carrera política de Cristina Cifuentes y puede marcar el futuro inmediato de Pablo Casado, el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP. El caso Máster acumula casi una veintena de imputados y ha puesto de manifiesto las graves irregularidades cometidas por el organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) -el Instituto de Derecho Público- que impartió el curso de posgrado bajo sospecha. Pero ¿cuál es el trasfondo que ha permitido conocer la concesión de títulos a alumnos que ni se examinaron ni realizaron trabajos?
La tesis de la 'venganza' cobra fuerza conforme avanza la instrucción de los procedimientos judiciales en curso y se van conociendo testimonios de funcionarios que permiten ir encajando las piezas del puzle. En el seno de la universidad madrileña -creada en 1996 durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad- no son pocas las voces que interpretan los hechos como un 'ajuste de cuentas' por la defenestración de Fernando Suárez Bilbao, rector entre 2013 y 2017 e imputado ahora en esta causa. Él presidía la comisión de convalidaciones cuando cursó el máster Pablo Casado.
En noviembre de 2016, el nombre de Suárez Bilbao se asomó con amplio despliegue tipográfico a los periódicos tras conocerse que casi el 70 % de un artículo suyo publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español lo había copiado del libro del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio titulado El status del poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936). Fue en 2005, cuando se encontraba al frente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
Además del desprestigio social, aquel escándalo tuvo otra consecuencia directa para este catedrático en Historia del Derecho y de las Instituciones que se había doctorado en 2002 con una tesis titulada La génesis de una institución colegial: el Ilustre Colegio de Abogados de Madris (1596-1732): no pudo presentarse a la reelección en los comicios celebrados a mediados de febrero de 2017, en los que el 'oficialista' Javier Ramos (ex director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación) se impuso a la catedrática de Comunicación Política Rosa Berganza, la candidata 'alternativa'.
Fue la propia Cristina Cifuentes quien como presidenta de la Comunidad de Madrid vetó la posibilidad de que el catedrático Fernando Suárez pudiera optar de nuevo al cargo, ante el bochorno que el episodio del plagio había causado y la indignación entre el alumnado y profesorado de la URJC, que, como el catedrático de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) José María Ruiz-Vargas, lo acusó en una carta abierta publicada en eldiario.es de "minar el ánimo y la búsqueda de la excelencia a través del trabajo honesto y riguroso".
La destitución de la gerente general de la URJC, posible desencadenante de las filtraciones que han permitido conocer el escándalo del máster
Quizá a eso se refería María Teresa Sánchez Magdaleno con el comentario que en su despacho de la gerencia general de la URJC le hizo el 9 de febrero de 2017 a la jefa de servicio de Gestión Académica y Alumnos, Victoria V. C., cuando le llamó para que verificara si la funcionaria Amalia Calonge había modificado las calificaciones de dos asignaturas del máster ahora bajo sospecha. "Dijo que Cristina Cifuentes no se había portado bien con Fernando", reveló la funcionaria en su declaración como testigo ante la juez que instruye el caso Máster el pasado 30 de mayo.
En un correo electrónico enviado el mismo 9 de febrero, la funcionaria confirmaba que, tras "revisar los datos en el sistema informático", el usuario ‘ACALONGE’ (Amalia Calonge) modificó a las 17.49 y 17.50 horas del 23 de octubre de 2014 dos calificaciones en el expediente de Cristina Cifuentes, matriculada en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico en el curso 2011-12: La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales, impartida por el catedrático Pablo Chico de la Cámara, y el Trabajo Fin de Máster (TFM), tutorizado por Enrique Álvarez Conde. Cifuentes pasó de ‘No presentada’ a constarle sendos notables (7.5).
Al día siguiente de remitirle ese e-mail, la gerente general pidió a esta jefa de servicio un "informe completo" y también tomó precauciones: le dijo a su subordinada que se lo entregara "en mano", con lo que no quedaba rastro documental alguno de la petición. Y hubo una tercera vez en la que pidió la misma información, pero en esa ocasión esta jefa de servicio se negó ya a entregársela porque había dejado ya de ser gerente general.
Como informó El Independiente, el informático responsable de la aplicación de gestión académica de la Universidad Rey Juan Carlos (Javier P.I.) reconoció el pasado 5 de abril ante la instructora de la investigación interna abierta por la URJC que fue él quien -a petición de la jefa de servicio (Victoria V. C.), a la que a su vez se lo había pedido la gerente general- hizo el 12 de febrero de 2007 la captura de pantalla sobre las calificaciones de Cifuentes antes y después de la modificación y sobre los pagos que ésta había realizado como alumna del citado curso de posgrado, las dos pruebas clave que apuntalaban la acusación de que la ex delegada del Gobierno en Madrid obtuvo este título de posgrado de manera irregular.
Tres funcionarios de la URJC han señalado a Sánchez Magdaleno como la persona que ordenó realizar los 'pantallazos' al expediente académico de Cristina Cifuentes
Los pantallazos se tomaron días antes de que fuera elegido nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos el catedrático Javier Ramos, al que su antecesor pidió sin éxito que mantuviera a su equipo. Y muy especialmente a Sánchez Magdaleno, 'intocable' para Suárez Bilbao. Funcionaria de la Universidad, fue el rector anterior quien la promocionó el 25 de julio de 2013 como gerente general, percibiendo una jugosa remuneración por el desempeño de este cargo. Las fuentes consultadas aseguran que el sueldo de ésta se acercaba a los 100.000 euros brutos anuales, más que la cantidad asignada al presidente del Gobierno.
Todo saltó por los aires el pasado 8 de febrero, cuando el rector firmó la resolución por la que cesaba a Sánchez Magdaleno como gerente general de la URJC. Esta decisión no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el pasado 12 de marzo, nueve días antes de que eldiario.es desvelara una exclusiva de indudable interés periodístico: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster con "notas falsificadas".
Destitución de la gerente general
Si bien la destitución no se consumó hasta principios de año existen indicios para pensar que Javier Ramos tenía decidido prescindir de esta directiva desde hacía meses, como acredita el hecho de que el rector le había ofrecido el puesto a otras personas de la Universidad. Según las fuentes, Sánchez Magdaleno tenía la sospecha de que iban a cesarla y fue avisando en la URJC: "Yo muero matando".
El juez que instruye la querella interpuesta por Cristina Cifuentes contra dos periodistas de eldiario.es por posible revelación de secretos ha exhortado a la magistrada que investiga el caso Máster que le remita testimonio de la documentación que le aportó la URJC a la Fiscalía de Móstoles antes de que el Ministerio Público se inhibiera a favor del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. Entre los documentos figuran las actas de las declaraciones de dos jefes de servicio y de un informático en las que señalaban directamente a Sánchez Magdaleno como la directiva que dio la orden para que se hicieran las capturas de pantallas del expediente de Cifuentes. El avance de la instrucción permitirá conocer si, como la ex gerente general avisaba, 'murió matando'.
Lo que ya ha puesto de manifiesto ya la investigación es la anómala actuación del Instituto de Derecho Público (IDP), el organismo de la URJC dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde desde su constitución y que actuaba como si tuviera personalidad jurídica sin tenerla, y la envidiable salud económica de que gozaba este centro. Como publicó este diario, tenía en caja unos 570.000 euros entre saldo en cuentas corrientes e inversiones en productos financieros de riesgo.
El IDP llegó a ofrecer un amplio catálogo de títulos propios -con la particularidad de que los títulos los firmaba Álvarez Conde y no el rector- que generó importantes ingresos al organismo. Ello se complementó con subvenciones de diversas administraciones públicas, al menos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. La juez que investiga el caso ha pedido ya a la Universidad Rey Juan Carlos que le informe de todos los convenios, lo que permitirá conocer los fondos públicos que manejó el centro.
Desvío de fondos públicos
Esa inusual situación económica, unido al hecho de que no disponía de contabilidad oficial y no rendía cuentas, permitió presuntamente a su director -suspendido cautelarmente tras estallar el escándalo- desviar dinero para gastos personales sin justificación académica, objeto de otra investigación judicial tras la denuncia por malversación de caudales públicos interpuesta por la propia universidad.
Como viene informando este diario, Álvarez Conde realizó transferencias a sus hijos pese a no ser éstos profesores ni trabajar en el IDP, pagó comidas particulares los fines de semana e hizo otros pagos de difícil justificación, como la compra en una pescadería el Día de Nochebuena o el pago de la suscripción a la plataforma de descarga musical Spotify. "Convirtió el IDP en un chiringuito", resume una fuente.
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