Política

Podemos amenaza a Sánchez: no aprobará los PGE si no interviene el precio del alquiler

El partido legitima la vía del 'decretazo' de Sánchez y considera que son la "única medida que garantiza

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman los presupuestos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman los presupuestos de 2019, que nunca llegaron a aprobarse. EFE

Unidos Podemos exige al Gobierno una rectificación para contar con su voto favorable a los Presupuestos de 2019. El principal aliado de Pedro Sánchez exige ahora al presidente retirar el plan de medidas urgentes  en materia de alquiler que el Ejecutivo aprobó a mediados de diciembre y elaborar un nuevo real decreto que incluya las medidas pactadas en octubre con el partido de Pablo Iglesias, entre las que se encontraba la intervención del precio del alquiler. La formación ha adelantado que rechazará este plan del Gobierno aunque reconoce que, a día de hoy, los decretos son "las únicas medidas cuyo cumplimiento puede garantizarse", admitiendo de esta forma el limitado recorrido del proyecto presupuestario de Sánchez.

Así lo ha asegurado la portavoz de En Comú Podem en el Congreso y responsable de Vivienda de Unidos Podemos, Lucía Martín, que ha avisado a Sánchezde que deberá rectificar si quiere seguir contado con el apoyo de su grupo confederal. En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la diputada catalana ha reconocido que el pacto presupuestario con el Gobierno está en el aire y que no se hará efectivo si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cumple con las medidas pactadas, que ahora no están reflejadas en el citado decreto, como por ejemplo, las relativas a la limitación de los precios de los alquileres, que eran "condición mínima indispensable".

Asimismo, ha avisado de que su grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no acepta que esas medidas se incluyan vía enmiendas o se presenten en un proyecto de ley, porque puede ser después bloqueadas por el PP y Ciudadanos en el trámite parlamentario. Según la portavoz de la confluencia catalana, "las únicas medidas que su cumplimiento puede garantizarse son las que se hacen vía reales decretos ley", como demuestra el hecho, a su juicio, de que actualmente haya "casi 40 proyectos de ley bloqueados por PP y Ciudadanos". "Que la ministra de Hacienda me diga que quieren incluir la regulación de precios en el trámite de enmiendas de un decreto lo que me está diciendo es que va a dejar que PP y Ciudadanos le hagan el trabajo sucio y bloquee esas enmiendas, y eso no se pueda hacer nunca", ha criticado. Por todo ello, ha sentenciado que lo que tiene que hacer el Gobierno es retirar un real decreto que "no sirve" y trabajar con Unidos Podemos para redactar uno nuevo, que sí plasme las medidas que acordaron en materia de alquileres. "Que no lo traigan ni a votación porque se lo vamos a tumbar", ha advertido Martín.

"No vamos a ceder", ha enfatizado Martín, tras criticar que el real decreto aprobado por el Gobierno a mediados de diciembre "es una clara cesión a las presiones de los fondos inmobiliarios". "El decreto no lo vamos a votar porque es un claro incumplimiento del acuerdo presupuestario", ha reafirmado. Por ello, la portavoz de En Comú ha insistido en pedir al Gobierno que se ponga a "trabajar de manera conjunta" con Unidos Podemos "para tener listo en breve otro real decreto de medidas urgentes que permita cumplir el acuerdo de Presupuestos y recoja las medidas pactadas". "Necesitamos un nuevo real decreto de materia de alquileres y para eso vamos a trabajar", ha remarcado.

A mediados de diciembre, el Gobierno lanzó un plan con el objetivo de “poner coto a los alquileres abusivos de vivienda“. Entre la batería de medidas no se encontraba la de intervenir el precio del alquiler, como había pactado Sánchez con Podemos. “No contemplamos medidas de intervención de los precios del mercado”, destacó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejando la puerta abierta para incluirlas en el marco de las negociaciones para los PGE de 2019, como se había pactado con la formación morada.

Gobierno y Unidos Podemos incluyeron en su acuerdo para los PGE reconocer a los ayuntamientos la competencia de limitar en algunos casos los precios del alquiler cuando se detecte un “incremento abusivo” de los alquiler en determinadas zonas hasta el punto de “obstaculizar a sus habitantes el acceso a una vivienda a un precio razonable”. Los consistorios podrían, según el acuerdo, establecer de manera “temporal y excepcional” zonas urbanas de “mercando tensionado” en las que poder aplicar índice de referencia de los precios y limitar los incrementos de los alquileres.

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