Entre el “oasis” y el “microclima”, así define el nacionalismo parte de la realidad vasca. Lo hace para subrayar la estabilidad de la vida en la Euskadi sin violencia frente a la España agitada, convulsa e inestable de la era Sánchez. El primer término desértico lo han empleado en más de una ocasión sus dirigentes para asegurar que la corrupción política es una ‘rara avis’ en el País Vasco. Incluso lo han llegado a asegurar en víspera de que la Justicia dicte sentencia en este nuevo año sobre el mayor caso de corrupción jamás celebrado en Euskadi, el ‘caso De Miguel’. El segundo, el meteorológico, lo empleó el lehendakari Iñigo Urkullu en su mensaje Navideño del pasado día 31. Lo hizo para subrayar la estabilidad y los acuerdos alcanzados –obvió los que no fructificaron, como el presupuestario o los que fracturaron, como el referido al nuevo estatus- el pasado año y que contrastan con el ‘clima’ de desencuentros que se vive en otros lugares del Estado.

Pero la Euskadi de la aparente placidez tiene nubarrones oscuros que pueden agitar su horizonte. Son nubes ajenas y externas. Las propias no inquietan tanto como las externas. En ‘casa’ la economía amenaza con ralentizarse ligeramente pero sin incidencia preocupante. El 2019 será un año de crecimiento económico y de creación de empleo -7,5% de paro han pronosticado los empresarios vascos-. En lo político la fractura se anuncia para después de las elecciones de mayo, cuando los expertos deben presentar una propuesta de articulado de nuevo estatuto vasco sobre bases pactadas por PNV y EH Bildu y que no gustan ni a Podemos, ni a PSE, ni a PP. En lo electoral, todo apunta a que la estabilidad premiará al PNV en las urnas con una probable reedición del pleno institucional en las tres diputaciones y las tres capitales vascas.

Las nubes que amenazan más lluvia son por ahora ajenas. Vienen cebadas del sur, de Andalucía, y pueden engordar aún más tras los procesos electorales en clave autonómica y europeo que están convocadas para dentro de apenas cinco meses. Los vientos a favor en los que surfea Vox pueden contaminar no sólo al PP sino también a Ciudadanos. Una mayoría de derechas ‘voxerizada’ sería el mayor riesgo para la Euskadi del ‘oasis’ y el ‘microclima’.

De Rivera a Abascal

Hace un año en el PNV temían que la formación de Albert Rivera pudiera imponerse en unas generales adelantadas. Por eso no querían adelanto electoral. Lo reconocían cuando Rajoy era débil y Rivera la promesa en boga. Vox aún no había logrado 400.000 votos andaluces ni contaminado la política nacional. No son pocos los que en ‘Batzokis’ y entornos del nacionalismo moderado vasco empiezan a ver que los naranjas quizá no eran tan malos si se compara con ‘los verdes’, los de Abascal, Ortega Lara y Ortega Smith. El temor ahora no es que ganen, sino que sean ellos los determinantes. Por eso tampoco ahora en Sabin Etxea quieren un adelanto electoral.

La amenaza ahora es Abascal. El partido que hoy lidera un alavés que un día fue diputado popular en el Parlamento de Vitoria, ya tiene preparado cómo será la Euskadi que defenderá. Su hoja de ruta para la Euskadi natal del líder se empieza a presentar ya en el País Vasco, territorio donde ninguna encuesta les concede por ahora representación en las instituciones. Esta no es tierra de grandes seguidores de Vox, pero sí de marcada simbología para su discurso en el resto del país. Y Abascal lo sabe. Por eso está dispuesto a utilizarlo en su mensaje de igualdad entre españoles y de necesidad de regresar a un país centralizado, unido y libre de ‘microsoberanias’.

La formación de Abascal quiere suprimir el Cupo, la ETB, el modelo educativo, recuperar la toponimia castellana y modular la exigencia de euskera

La España que quiere Vox, y con la que podría condicionar los mensajes de PP y Cs para conformar mayorías, no quiere autonomías. Y la vasca, una de las comunidades “históricas”, tampoco perviviría si en su mano estuviera. El programa de principios de Vox para el País Vasco lo deja claro; hay que terminar con las estructuras que “generan insolidaridad entre distintas regiones de España”. Y entre esas estructuras figura la piedra angular del actual autogobierno vasco; el Concierto Económico y el Cupo vasco. Vox quiere incorporar Euskadi al régimen común o, en su caso, autorizar el modelo de Concierto a todas las regiones si se aplica en proporciones de asunción de la financiación global que no genere insolidaridad.

El plan para Euskadi incluye una larga lista de acciones que harían saltar por los aires el “microclima” en el que según Urkullu vive el País Vasco. Entre ellas figura la privatización o eliminación de la Radio y televisión Públicas vascas. Considera Vox que Radio Euskadi y ETB no son sino entes utilizados de modo “sectario” por el nacionalismo y cuyo elevado coste -500 millones en el periodo 2016-2019, apuntan- no justifica su pervivencia.

Euskera y RGI

El euskera y su desarrollo sería otro de los grandes damnificados. Lo haría en el sistema educativo en primer lugar. Tras devolver la competencia al Estado, Vox defendería la eliminación del actual modelo lingüístico –dividido en tres líneas; euskera, bilingüe y castellano- en favor de un modelo único de “cheque escolar” y con plena libertad de elección de idioma vehicular. Una modificación que también afectaría a una de las cuestiones más polémicas en la administración vasca; el euskera como requisito y mérito en las OPE. Así, Vox plantea que la valoración del euskera sea como cualquier otra lengua en todos los procesos de acceso a la función pública y que sólo sea tenido en cuenta en los puestos donde su utilización sea realmente necesaria.

La particular ‘reconquista’ de la formación de Abascal de Euskadi pasaría incluso por la recuperación de los topónimos en castellano, suprimidos en los municipios vascos. Vox defiende que deben retornar para “convivir” con las denominaciones en euskera, ahora consideradas en muchos casos como la única acepción oficial.

La prestación social vasca sólo se percibiría a cambio de trabajos para la comunidad y priorizando a ciudadanos en situación regular

Otro de los logros del modelo social vasco del que el nacionalismo tantas veces hace gala también se vería severamente afectado si de Vox dependiera. La denominada Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que asegura un ingreso mínimo a las personas en riesgo de exclusión –cerca de 55.000 en el último año-, se revisaría en busca de casos de fraude. El sistema además se destinaría de modo prioritario y preferente a personas en situación regular. La concesión de la prestación llevaría aparejada la obligación de realizar “algunas” contraprestaciones, como trabajos para la comunidad. También plantea que los beneficiarios deberán acreditar que se están formando y están buscando trabajo de modo activo.

En otro de los ejes de la actual política vasca, la relativa al final de ETA, la posición sería notablemente más dura de la que ahora defiende el conjunto de formaciones vascas. Así, en lo relativo a la concesión de beneficios penitenciarios de los presos de la banda, Vox se muestra radicalmente en contra. Además, defiende que se trabaje por un relato sobre los años de violencia en el que se establezcan quienes fueron los “vencedores” y quienes los “vencidos”. La medida más extrema que plantea pasa por ilegalizar formaciones como EH Bildu o Sortu, que denomina “marcas blancas” de ETA por seguir sin condenar de modo expreso el terrorismo de la banda.

Suprimir el Parlamento Vasco

Formaciones políticas vascas que según el plan de Vox se quedarían sin Parlamento Vasco, que recuerdan que es el tercero más caro de España, con un coste anual de casi 33 millones de euros. No sería la única institución a erradicar. La Euskadi de Abascal no tendría defensor del pueblo propio, el ‘Ararteko’, ni una agencia vasca de meteorología -Euskalmet- y menos aún una Oficina de Acción Exterior, como la que ahora está integrada en la Estructura del Ejecutivo vasco. También tendrían los días contados los entes y empresas vinculadas a las diputaciones forales y los ayuntamientos.

El plan de ahorro y de eliminación de lo que denomina duplicidades lleva incluso a plantear erradicar la financiación pública de los partidos políticos y la supresión de la mayor parte de los cargos de confianza y asesores en la administración pública.

Es la senda que el partido que empieza a condicionar la política en Andalucía ha comenzado a definir para el País Vasco. Por el momento, el nacionalismo vasco prefiere no tomarle en serio. Euskadi no es Andalucía… pero Andalucía tampoco era Francia. La inquietud se sitúa en la incidencia que un partido como el de Ortega Lara y Abascal pueda tener a nivel nacional en unas hipotéticas elecciones generales. La capacidad para inclinar balanzas, votaciones y mociones que otrora tuvo el PNV de Andoni Ortuzar podría cambiar de manos y estar en las de otro vasco, pero con una visión de España y el País Vasco radicalmente opuesta a la Euskadi del ‘oasis’ y el ‘microclima’.