PolíticaDesafío independentista en Cataluña

El TC admite a trámite el recurso de Puigdemont contra su suspensión como diputado

El tribunal de garantías estudiará si el prófugo sufrió vulneración de derechos fundamentales cuando Llarena decidió suspenderlo como parlamentario en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

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El TC admite a trámite el recurso de Puigdemont contra su suspensión como diputado

Resumen:

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra su suspensión cautelar como diputado del Parlament. Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, el tribunal de garantías estudiará de esta forma si el prófugo sufrió vulneración de derechos fundamentales cuando el Tribunal Supremo decidió suspenderlo como parlamentario en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LeCrim).

El pasado mes de julio, el instructor del ‘procés’, el juez Pablo Llarena, comunicó a la Mesa del Parlament la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de los líderes independentistas que fueron procesados por un delito de rebelión y contra los que pesaba una orden de prisión preventiva. Entre ellos, se encontraba Carles Puigdemont.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra su suspensión cautelar como diputado del Parlament. Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, el tribunal de garantías estudiará de esta forma si el prófugo sufrió vulneración de derechos fundamentales cuando el Tribunal Supremo decidió suspenderlo como parlamentario en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LeCrim).

El pasado mes de julio, el instructor del ‘procés’, el juez Pablo Llarena, comunicó a la Mesa del Parlament la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de los líderes independentistas que fueron procesados por un delito de rebelión y contra los que pesaba una orden de prisión preventiva. Entre ellos, se encontraba Carles Puigdemont.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sostiene que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.  Antes de las Navidades, los magistrados del Constitucional rechazaron por unanimidad dejar si efecto dicho auto de suspensión de funciones dictado por Llarena mientras se tramitan los recursos contra el mismo.

Junto a este amparo de Puigdemont, recién admitido a trámite, el Constitucional está pendiente de resolver el fondo del recurso interpuesto por el expresidente de la Generalitat contra su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Dicho recurso está tramitándose desde el pasado mes de julio.

El recurso de Junqueras, a debate

Asimismo, tal y como informan fuentes jurídicas, está previsto que este miércoles el Pleno delibere sobre el recurso de amparo que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó contra la situación de prisión preventiva decretada acordada por la Audiencia Nacional por su participación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La ponencia de la sentencia corresponderá al presidente, Juan José González Rivas.

Será el primero de los recursos de los presos preventivos del ‘procés’ en ser analizado puesto que es el más completo de todos. En dicho recurso, la defensa de Junqueras aborda múltiples cuestiones que son planteadas en otros amparos por el resto de acusados de forma que, una vez que las impugnaciones de Junqueras sean resueltas por el Pleno, se agilizará la respuesta a los otros recursos.

El líder de ERC alega a la hora de solicitar el amparo vulneración de derechos fundamentales a la libertad, a la libertad ideológica, al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la participación y representación políticas, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.