Protesta de Jusapol en demanda de la equiparación salarial en las calles de Barcelona.
El incontestable triunfo de Justicia Policial (Jupol) en las elecciones al Consejo de Policía supone en la práctica una 'enmienda a la totalidad' al acuerdo de equiparación salarial firmado por los sindicatos tradicionales con el Ministerio del Interior en marzo de 2018. La cita con las urnas ha catapultado a la organización que ha hecho bandera de su oposición a dicho pacto, que ha permitido a los agentes cobrar 380,38 euros más de media al mes.
De los 50.120 agentes pertenecientes a las cuatro escalas (superior, ejecutiva, subinspección y básica) que emitieron su papeleta (sobre un censo formado por 68.534 electores), el brazo de Jusapol en la Policía Nacional recibió 29.272 votos (el 58,4 % del total). Ese respaldo masivo le ha permitido conseguir ocho de los 14 vocales en liza -seis en la escala básica, uno en la de subinspección y otro en la ejecutiva- y, por tanto, tener la mayoría absoluta en el órgano colegiado de participación en el que se sientan la Administración y los representantes de los agentes.
En cifras absolutas, ese apoyo a Jupol representa más del triple del recibido por la segunda fuerza: el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la organización mayoritaria hasta ahora y la que ha sufrido el mayor descalabro electoral al perder cinco vocales. En concreto, pasa de siete a dos, la misma representación que tendrá el Sindicato Profesional de Policía (SPP).
Los datos revelan que más de 8.000 afiliados del SUP o no acudieron al colegio para emitir su voto o han brindado su apoyo a otras siglas, especialmente a Jupol. A 31 de mayo, el SUP tenía 17.650 afiliados por nómina -el 83,6 % en la escala básica- y sólo ha recibido 9.517 sufragios, exactamente 15.347 menos que en las elecciones celebradas en junio de 2015. La merma de funcionarios al no haberse cubierto íntegramente las bajas por las restricciones presupuestarias ha provocado que el censo haya menguado en 8.204 electores, lo que se ha traducido en la reducción de dos vocales en el Consejo de Policía: de 16 a 14.
Jupol ha sumado más del doble de sufragios que afiliados tiene, convirtiéndose en la opción preferida para los agentes no adscritos a ningún sindicato
En sentido inverso, Jupol ha recibido más del doble de votos que afiliados tiene, de lo que puede deducirse que ha sido la fuerza que más ha pescado en el importante caladero de funcionarios que no pertenecen en la actualidad a ninguna sigla sindical (unos 11.600). A finales de mayo, el cuerpo social de Jupol estaba formado por 12.733 funcionarios, de los que 11.882 (el 93,3 %) tienen la categoría de policía u oficial de policía (escala básica). El resto pertenece a las escalas de subinspección (630) y ejecutiva (220).
Los votos contabilizados por los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de equiparación salarial (SUP, CEP, UFP y SPP) suman 18.391, exactamente 12.518 menos que los registrados por el bloque del 'no' a dicho acuerdo: Jupol (29.272) y Alternativa Sindical de Policía (ASP), que ha recibido 1.637 sufragios. ASP pierde el vocal que tenía y no contará con representación en el Consejo en este nuevo mandato.
'Referéndum'... 15 meses después
En cierta forma, las elecciones celebradas este miércoles han sido el referéndum -al menos en el Cuerpo Nacional- al acuerdo de equiparación salarial que no se llevó a cabo antes de que los representantes de los cuatro citados sindicatos policiales y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) firmaran el documento con el popular Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en marzo de 2018.
Días antes de la rúbrica se organizó una consulta on line para que los afiliados de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil ratificaran o no el principio de acuerdo alcanzado en la noche del 27 de febrero de 2018 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Ese referéndum no llegó a celebrarse porque un ataque informático tumbó la web que se había habilitado al efecto y se suspendió.
La unanimidad en torno a la reivindicación para acabar con la brecha en las nóminas de policías nacionales y guardias civiles con mossos y ertzainas, con el viento de cola que supuso el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña en el otoño de 2017 ante el desafío independentista, estalló por los aires con la firma del acuerdo.
El triunfo de Jupol tiene lugar en vísperas de que se conozca si los 807 millones consignados por Interior son suficientes para lograr la igualdad salarial total
Los sindicatos tradicionales de la Policía y la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil pusieron su rúbrica al arrancar el compromiso a Interior de desembolsar 807 millones de euros entre 2018 y 2020 e incluir dos cláusulas de salvaguarda en el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De un lado, la promesa de contratar a una consultora externa que, tras analizar los puestos de trabajo en los cuerpos policiales, fijara "criterios objetivos" que permitieran conocer si la cantidad consignada era suficiente o no para que la igualdad salarial fuera "total y absoluta".
Y, de otro, la voluntad política expresada por Interior para impulsar las medidas legislativas necesarias a fin de blindar la equiparación y evitar que en el futuro se pueda producir "una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".
La ejecución del acuerdo está pendiente del pago de la tercera anualidad -prevista en 2020- y de la materialización de los otros dos compromisos políticos, si bien el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dispone ya de un dictamen emitido por el Consejo de Estado que concluye que los compromisos adoptados por su antecesor no le vinculan jurídicamente.
Abanderado de la oposición
Frente a esa postura, Jusapol -nacida como asociación y de la que ha salido un sindicato policial (Jupol) y una asociación profesional de guardias civiles (Jucil)- ha abanderado la oposición a ese acuerdo, al entender que los 807 millones no garantizan ni de lejos la igualdad en las nóminas. Según sus cifras, la homogeneidad salarial sólo podrá conseguirse con 1.500 millones, un 86 % más de la cantidad consignada hasta ahora.
Los resultados obtenidos en las elecciones al Consejo de Policía vienen a refrendar su posición en un momento clave. La consultora externa contratada por Interior para comparar las retribuciones y funciones de policías y guardias civiles con mossos y ertzainas ha entregado ya su informe final, si bien Interior no ha dado cuenta todavía de su contenido a los representantes de los agentes.
Esa opacidad y las presuntas presiones ejercidas por altos cargos del Ministerio sobre los técnicos de Ernst&Young Abogados ha llevado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a interponer denuncia en un juzgado de instrucción de Madrid, que ya ha requerido los informes tanto al departamento que dirige Grande-Marlaska como a la auditora. En ese procedimiento se ha personado también el sindicato policial UFP.
En paralelo, la Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una petición del grupo parlamentario de Vox -en cuyo programa electoral llevaba la reivindicación de la "equiparación real"- y ha requerido a Interior que le entregue una copia de todos los trabajos -provisionales y final- elaborados por el citado contratista.
¿Conflicto colectivo permanente?
La duda que se plantea ahora es si Jupol, como ha anunciado durante la campaña, planteará un conflicto colectivo permanente en demanda de dicha "equiparación real" y qué consecuencias podría aparejar dicha medida. Algunos sindicatos han advertido de que, en caso de formalizarse, Interior podría congelar el pago de la anualidad correspondiente a 2020.
Las elecciones al Consejo de Policía no sólo ponen de manifiesto la fuerza con la que ha irrumpido el sindicato de Jusapol. También la importante desafección que se constata en el Cuerpo hacia las organizaciones tradicionales, desplomadas en términos de afiliación y a las que veteranos agentes reprochan que se hayan convertido en "mamporreros" del Ministerio del Interior y hayan consolidado prebendas para sus dirigentes como dietas y coches pagados por los sindicatos.
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