Política

El tándem PP-Cs se tambalea: "Somos socios, pero no vamos a ser cómplices"

Los gobiernos autonómicos sostenidos por la alianza entre populares y naranjas peligran por crisis internas que manejan ejecutivos como el de Murcia y Madrid en pleno periplo electoral

El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), acompañado de la vicepresidenta, Isabel Franco (Cs) EUROPA PRESS

Han pasado casi cinco meses desde que la dirección de Ciudadanos aprobase por unanimidad que el Partido Popular sería su «socio preferente» para que la balanza se inclinase hacia el bloque de la derecha en las autonomías que quedaban en jaque tras los comicios del pasado 26 de mayo.

Consecuencia de la definida inclinación de los liberales, fortalecidos tras las generales y autonómicas frente a un devastado PP, nacieron previa negociación y no sin dificultades los Gobiernos autonómicos de Murcia, Madrid y Castilla y León, con un tándem que naranjas y populares han tratado de edificar en base a transmitir una imagen de unidad que debilitase las pretensiones de la izquierda en estos territorios.

En concreto, la alianza murciana se hizo efectiva el pasado 26 de julio, enmarcada en una tensión previa que hizo fracasar en primera instancia la investidura del popular Fernando López Miras no por disidencias entre PP y Ciudadanos, sino por las exigencias de Vox, actor necesario para decantar la balanza a favor del bloque de la derecha.

Poco queda hoy de esas «buenas sensaciones» que firmaban hace unos meses López Miras e Isabel Franco, unidad que han sustituido por la descoordinación y la desconfianza. La crisis medioambiental que atraviesa el Mar Menor, con las imágenes de miles de peces, crustáceos y otras especies marinas agonizando o directamente muertas en las costas murcianas dando la vuelta al mundo, ha hendido serias grietas en el equipo de Gobierno regional.

La amenaza de muerte de la mayor joya natural de Murcia ha hecho temblar los cimientos del Palacio de San Esteban, en una crisis que se produce en un momento delicado: restan menos de tres semanas para que se abran las urnas a nivel nacional y tan sólo una semana para que arranque la campaña electoral. Y en este contexto, los naranjas se han desmarcado de la gestión de los populares, sin temblarles el pulso en señalar públicamente a López Miras como responsable último del desastre medioambiental.

«Somos sus socios de Gobierno, pero no seremos nunca sus cómplices» en lo que a la «deficiente» gestión de la laguna salada se refiere, señalaba el pasado viernes el portavoz regional de Ciudadanos, Juan José Molina, que se desmarcaba de los populares asegurando que en el Mar Menor «han primado los intereses personales» de los populares, que han dirigido la región los últimos 24 años y por cuya continuidad firmaron los naranjas hace tres meses.

El desastre ecológico ha desbordado al Ejecutivo regional, que ahora camina no sólo contra todas las formaciones políticas, sino también contra su propio discurso. «El estado actual -del Mar Menor- es el mejor desde que comenzamos a trabajar en su regeneración», defendía López Miras hace unos meses, al asegurar que las medidas aplicadas con la cooperación de la comunidad científica -de cuyo Comité Asesor ya han dimitido cuatro cargos- eran eficientes con el espacio natural. Ahora, se atiende a un episodio de muerte masiva de la fauna difícil de controlar.

Según adelantaba La Verdad, la negativa del PP regional a asumir responsabilidades -que ha pasado la patata caliente al Gobierno central y ha culpado del desastre a los efectos de la DANA que arrasó la región el pasado mes de septiembre- ha colmado la paciencia de Ciudadanos. Isabel Franco evidenció hace unos días que la alianza con sus socios se encuentra en estado crítico, y hacía pública una carta dirigida a López Miras en la que hacía referencia a la falta de comunicación, advirtiendo que, de no enmendar la situación, el grupo naranja participaría en una manifestación convocada para el próximo 30 de octubre en Cartagena contra la gestión de los populares.

Ayuso y Aguado, en pie de guerra

La de Isabel Díaz Ayuso fue la última de las investiduras regionales del PP en concurso con Ciudadanos que salió adelante. Y tan sólo tres semanas después desde que la candidata popular fuese proclamada presidenta, la inestabilidad se apoderó de un Gobierno de coalición que nació frágil, con la creación de una comisión de investigación de Avalmadrid como detonante de las relaciones con los naranjas.

La última confrontación se producía ayer, cuando saltaron chispas entre ambas formaciones por la descoordinación en la conformación de la mesa de la Comisión, que pasó a manos del bloque de izquierdas. Desde el PP acusaron a Ciudadanos de haber roto el compromiso adquirido con ellos para la composición de éste órgano, con el objetivo último de desgastar a Ayuso. «Son cómplices y cooperadores necesarios de una deslealtad de libro», señalaban fuentes populares. «No se puede estar en el Gobierno y en la oposición simultáneamente, diciendo una cosa y luego la contraria».

Frente a los ataques de sus socios de Gobierno, dese Ciudadanos aseguraban que nunca hubo un pacto para que el PP presidiese la comisión pero que, a pesar de esto, ellos habían votado al popular Alfonso Serrano para la secretaría general de la Comisión, que finalmente ha recaído en Más Madrid por la abstención de Vox. Sin embargo, los liberales recuerdan a los naranjas que «lo normal es que el presidente salga de las filas del partido proponente», en este caso el PSOE, sobre quien recae ahora la responsabilidad de hacer comparecer o no a Isabel Díaz Ayuso.

Las fricciones entre presidencia y vicepresidencia ya venían desde que los naranjas se alineasen con el bloque de la izquierda para precipitar la apertura de una comisión que investigaría «asuntos de hace más de diez años». Los de Rivera se escudaban en que no permitirían que la sombra de la corrupción planease sobre su tejado y «quien la hace la tiene que pagar». Entonces, Ayuso advirtió a Aguado de los peligros de hacer «trajes a medida» a la izquierda.

A la espera de las resoluciones de la Comisión de Investigación termine por dinamitar las relaciones entre PP y Cs en la Comunidad de Madrid, la izquierda afila los dientes con los últimos choques en el equipo Ayuso-Aguado.

Peligra la vicepresidencia de Igea en Castilla y León

Al margen de las relaciones con sus socios populares, la fragilidad del Gobierno de Castilla y León radica en el propio Francisco Igea, que el próximo 2 de diciembre tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid para responder a un delito de amenazas contra un afiliado del partido. De quedar demostrados los hechos, la vicepresidencia de la Junta podría pender de un hilo.

Los estatutos de Ciudadanos así lo recogen. En caso de ser declarado culpable por la justicia, el partido podría proceder a la suspensión del cargo que estuviese desempeñando el acusado en ese momento, así como la inhabilitación para ejercer ningún tipo de responsabilidad en el plazo de entre seis meses y dos años.

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