El Gobierno ya no se atreve a poner fecha a la investidura de Pedro Sánchez

El Gobierno ya no se atreve a poner fecha a la investidura de Pedro Sánchez después de que todas las previsiones del presidente en funciones hayan naufragado. El PSOE no consigue armar su investidura y empieza a tirar la toalla sobre la posibilidad de iniciar el nuevo curso político, tras las vacaciones navideñas, con un nuevo Ejecutivo de coalición con Podemos. "Las negociaciones no se han roto, están en curso. Daría tiempo físico antes de Reyes Magos si el escrito de la Abogacía se presenta el lunes, pero ya prefiero no decirles fecha", ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celáa, este viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La Abogacía del Estado sigue sin emitir su informe sobre la inmunidad del líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, como eurodiputado cuando estaba en prisión provisional. De esta manera, la posibilidad de celebrar la investidura antes de fin de año, entre el 27 y el 30 de diciembre, se ha desbaratado y resulta muy difícil cumplir el segundo plazo previsto por el Gobierno: entre el 2 y el 5 de enero. La proclamación de Sánchez como presidente se empieza a situar ya a mediados de enero.

La Abogacía del Estado tiene de plazo como máximo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo y los Servicios Jurídicos del Estado no descartan que al final tengan que esperar a esa fecha, dada la complejidad técnica del asunto.

Los problemas jurídicos surgidos para avalar una petición de excarcelación de Junqueras ha causado división y tensiones entre los letrados del Estado, que se niegan a firmar una resolución incoherente con su propia postura durante el jucio del procés, como exigen los independentistas. En caso de que el informe no se emita hasta el día 2, Sánchez tendría que esperar hasta la segunda semana de enero para convertirse en presidente con plenas potestades.

El nudo del informe de la Abogacía sobre la excarcelación de Junqueras que pide ERC a cambio de la investidura reside en si el condenado por sedición realmente alcanzó su condición de eurodiputado tras las elecciones del 26 de mayo, aunque no cumpliera los trámites para hacerse con su acta. Hasta ahora, cada Estado decidía sobre las condiciones necesarias para adquirir la condición de europarlamentario. Hasta ahora, ya que el pasado 19 de diciembre, el Tribunal Suprerior de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, cuando estaba en prisión provisional durante el juicio del procés, Junqueras ya gozaba de inmunidad parlamentaria para acudir a tomar posesión de su escaño, algo que el Tribunal Supremo denegó para evitar el riesgo de fuga.

Ahora, con una condena en firme por sedición, ERC pide que la Abogacía del Estado defienda su excarcelación para acudir al Parlamento europeo. Pero Junqueras ya no está en prisión provisional, sino sentenciado. Si tenía inmunidad como eurodiputado, para juzgarle habría que haber solicitado un suplicatorio (permiso) al Parlamento europeo, como reclama ahora Esquerra. Preguntada al respecto en rueda de prensa este viernes, la ministra portavoz ha explicitado esa complicación. Celáa no ha sabido explicar si se puede pedir un suplicatorio (permiso a un Parlamento para juzgar a un diputado) sin solicitar también la anulación de la condena que pesa sobre el independentista. "Hay juristas que piensan que sí y otros que creen otra cosa", ha respondido.

Con esa contestación, Celáa reconoce que las divisiones internas en la Abogacía se sustentan en la posibilidad de que tenga que solicitar la nulidad del juicio del procés para contentar a los independentistas, una postura que iría en contra de sus actos anteriores, ya que la Abogacía pidió una condena por sedición que el Tribunal Supremo otorgó. De ahí la complejidad técnica para adecuar la coherencia jurídica de la Abogacía con el interés político del PSOE por conseguir el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez.

Los letrados del Estado dilucidan a estas horas si se puede pedir un suplicatorio simplemente para revisar una condena o si es necesario que se pida su anulación, según ha reconocido Celáa. Ése es el motivo del retraso del dictamen de la Abogacía. "La sentencia cambió la doctrina para toda Europa y ahí nos encontramos. Eso supone estudiar cómo aplicarla. En eso está la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo", ha asegurado Celáa.

"La sentencia del TSJE es novedosa, cambia la doctrina, hasta ahora cada estado miembro adoptaba la fórmula que mejor entendiera si era europarlamentario y ahora la sentencia dice que la inmunidad existe desde que es electo. Ese cambio doctrinal requiere un estudio profundo atendiendo a criterios técnicos y jurídicos", ha explicado la ministra.

Por este motivo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sólo tardó horas en exponer su postura a petición del Tribunal Supremo a las partes del juicio del procés tras conocer la sentencia de la Justicia europea. El Ministerio Público no ve motivos para que el líder de ERC sea liberado puesto que está juzgado y condenado, y su prisión es en cumplimiento de la sentencia por sedición y malversación. De esta forma, la Fiscalía se opone a su excarcelación y pide al Supremo que se dirija al Parlamento Europeo para remitirle la sentencia dictada contra Junqueras y esto suponga la inhabilitación inmediata como eurodiputado del dirigente independentista.