La coalición de Gobierno entre PSOE y Podemos se estrena en un clima de desconfianza mutua. Lejos del Ejecutivo compartido lleno de buenas intenciones que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron el doce de noviembre, dos días después de las elecciones, sellado con un abrazo, desde que el candidato socialista resultó investido el pasado martes todo han sido emboscadas por parte de ambos.

Abrió fuego Podemos, que filtró los nombres no sólo de sus ministros, sino también de algunos de sus altos cargos, sin esperar a que Sánchez comunicara la salida de esos equipos e hiciera los nuevos nombramientos. En respuesta, el presidente se tomó un tiempo antes de divulgar la composición del nuevo Consejo de Ministros -conocida este viernes en su totalidad- e inició una estrategia para diluir el peso político de Podemos en el Ejecutivo.

Con los nuevos nombramientos, Sánchez cortocircuita la capacidad de maniobra de Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que prometía protagonismo económico y en relaciones internacionales a través de ese plan gubernamental. Al elevar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, al mismo rango de vicepresidenta que Iglesias, esa relevancia política de Iglesias se diluye.

Otro de los supuestos logros de Iglesias, el ministerio de Asuntos Sociales, se ve eclipsado ahora por el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá Belmonte, que no sólo deja sin apenas competencias a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz (IU), ya que las funciones de empleo están transferidas a las comunidades, sino que además asume los departamentos de Inclusión Social y Migraciones. De esta manera tendrá bajo su responsabilidad caballos de batalla de Podemos como las pensiones o los ingresos mínimos vitales, donde ha sostenido históricamente posiciones opuestas a las del partido de Pablo Iglesias.

Escrivá, convencido y ortodoxo capitalista, estaba al frente de la la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) desde el año 2014, cuando fue propuesto por el gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda. Allí ha realizado un trabajo de mucha solvencia, subrayando su criterio independiente, en contraposición de organismos como el Banco de España, que ha otorgado de mucha credibilidad al organismo hasta recuperar su condición de agencia de evaluación de las políticas públicas.

Antes, Escrivá trabajo durante ocho años en el grupo BBVA, donde ejerció como economista-jefe primero y posteriormente como director gerente del Área de Finanzas Públicas. Desde allí emitió duros informes contra la gestión económica de la crisis del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a ser nombrado por el PP, Escrivá Belmonte amenazó en varias ocasiones con la dimisión para preservar la autonomía del organismo, en el que trabajó mano a mano con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Desde su cargo ha defendido, por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación y el avance en el período del cálculo de las pensiones hasta tener en cuenta toda la vida laboral, cuestiones sobre las que tendrá absoluta responsabilidad y que chocan de forma frontal con los posicionamientos de Podemos en la materia.

Durante su intervención en la sesión de investidura, Pablo Iglesias prometió recuperar derechos sociales y crear otros nuevos, pero al carecer de las competencias en materias como inclusión social o migraciones, difícilmente lo podrá cumplir. Queda en sus manos el servicio de Dependencia, que también gestionan las comunidades autónomas y que finalmente depende de la financiación del Ejecutivo, en manos de María Jesús Montero (PSOE).

Precisamente el nombramiento de Escrivá, un peso pesado en economía liberal, al frente de la Seguridad Social, ha disparado las especulaciones sobre su futuro al frente de la cartera de Hacienda una vez que María Jesús Montero dé el salto a Andalucía para sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE. También con ese objetivo habría asumido la portavocía del Gobierno, que le dará mayor popularidad en la comunidad para preparar su desembarco.

En Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sánchez también pone coto a Iglesias. Su titular, Arancha González Laya, que ocupa desde 2013 el cargo de subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia de desarrollo conjunta de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio, con sede en Suiza, tendrá como prioridad "la diplomacia económica", según ha informado Moncloa.

Nacida en San Sebastián en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un postgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de ocupar la dirección del ITC, fue directora del gabinete del director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su representante en el G-20. Anteriormente desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo.

Preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champions) y copreside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversion del World Economic Forum (WEF). Habla euskera, inglés, francés, alemán e italiano, y comenzó su carrera en el sector privado, como asociada de un despacho de abogados.

Con este tipo de operaciones, Sánchez ha ido "envolviendo" a los ministerios de Podemos, ya sin apenas competencias de por sí. "Nos está anulando completamente", lamentan en el partido de Iglesias, que ven con estupor cómo sus ministros se están quedando sin contenido en sus carteras.

Pero el nombramiento de los ministros no es la única forma que ha encontrado Sánchez de eclipsar a Podemos. "Los miembros del Gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en els eno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario", reza el protocolo de colaboración firmado por ambos grupos parlamentarios.

Ese documento obliga a Unidas Podemos a "mantener la unidad de acción" de ambos partidos en el Congreso, incluso coordinando "de forma consensuada las acciones de comunicación de las iniciativas de desarrollo del programa común de Gobierno". Es decir, al partido de Iglesias le queda poco margen de maniobra para 'vender' su gestión.

Además, la crítica está prácticamente vetada a los ministros socialistas. "Los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros", explica el protocolo.

Ambos partidos se comprometen a "solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito de Gobierno de coalición en ejecución de los compromisos del acuerdo programático". "Los miembros del Gobierno de coalición se comprometen a mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida respecto de las iniciativas y acciones que desarrollen en los ámbitos de gestión que suman", añade el documento.

Por si fuera poco, PSOE y Unidas Podemos deberán informarse mutuamente antes de presentar iniciativas en el Parlamento y ante las propuestas de terceros necesitarán un acuerdo "para fijar la posición conjunta de voto" y los ministros de Podemos tendrán que informar "con antelación suficiente" a la Secretaría de Estado de Comunicación sus principales anuncios o compromisos que se vayan a realizar.

Cualquier incumplimiento de estas obligaciones, críticas internas o discrepancias se analizarán en una Comisión de Seguimiento, pero en Podemos son plenamente conscientes de que sus cinco ministros podrían ser destituidos en cualquier momento por Pedro Sánchez, que es el único que finalmente ostenta ese poder.