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El rechazo a ETA, la 'deuda pendiente' de los planes de convivencia de Urkullu

Tras el desarrollo de dos planes de acción desde 2012, el Ejecutivo vasco reconoce a meses de agotar la legislatura que no ha logrado la "reflexión crítica" del pasado en la izquierda abertzale que se propuso y la fija como la mayor "tarea pendiente".

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El rechazo a ETA, la 'deuda pendiente' de los planes de convivencia de Urkullu
La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, durante el acto celebrado con motivo de la celebración del Día de la Memoria a las víctimas de la violencia.

La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, durante el acto celebrado con motivo de la celebración del Día de la Memoria a las víctimas de la violencia. EFE

Resumen:

Había pasado apenas un año desde que ETA anunció el cese de sus acciones terroristas. El 15 de diciembre de 2012 el hasta hacía semanas presidente del PNV tomaba posesión como lehendakari. Iñigo Urkullu juraba el cargo “humilde ante Dios y la sociedad” y sabedor de que la gestión del final de la banda terrorista, la reparación del daño causado por la violencia etarra y la construcción de la convivencia en la sociedad vasca serían la tareas más complicada que le quedaba por delante. Aún faltaban cinco años y medio para que la voz de ‘Josu Ternera’ leyera el comunicado que certificaba el final de la organización criminal. Ahora, siete largos años después, a puertas de optar a un tercer mandato, algunas de las cuestiones que entonces estaban por alcanzar continúan en el tintero de las asignaturas pendientes.

Lo reconoce incluso el Gobierno vasco en uno de sus informes, el relativo al desarrollo de su Plan de Convivencia y Derechos Humanos, 2017-2020. En la lista de “tareas pendientes” tras cuatro años de trabajo cita lograr que el entorno de la izquierda abertzale dé por fin el paso hacia una “reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado”. 

No es la única deuda del plan que aspira a saldar antes de que se agote el actual mandato, al que le restan apenas unos meses. La segunda cuestión que el lehendakari tiene aún pendiente es el cambio de la política penitenciaria que el Plan 2017-2020 también se había fijado como objetivo. El impulso pasa ahora por promover acuerdos con el Gobierno español y el Ejecutivo francés, así como con los grupos parlamentarios para favorecer el acercamiento de los presos de ETA y aportar “respuestas humanitarias” y políticas “activas de reinserción” al colectivo de etarras en prisión.

Una cuestión a la que su secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, quiere imprimir velocidad antes de que se agote el actual mandato. La semana pasada anunció al Gobierno de Pedro Sánchez que prepara un plan para poner en marcha el acercamiento de los algo más de 200 presos de ETA que cumplen pena en cárceles alejadas de Euskadi. Un final de la dispersión que se debería aplicar incluso sin exigir previamente un desmarque de la violencia o un reconocimiento del daño causado. 

Tareas pendientes «de calado»

Las 15 iniciativas del ‘plan de convivencia’ están prácticamente cumplidas en su mayoría. El Ejecutivo vasco da por alcanzado el objetivo el año pasado en ámbitos como la “clarificación del pasado”, el desarme de ETA, el programa de trabajo con las víctimas, las políticas de memoria, la promoción de la solidaridad o el abordaje de esta cuestión en el entorno educativo, la divulgación y la participación social. Las grandes asignaturas sin culminar siguen siendo lograr un análisis crítico del pasado por parte del entorno de la izquierda abertzale y que se promueva y apruebe una nueva política carcelaria que facilite el acercamiento de los 216 etarras presos en cárceles españolas. Según el Ejecutivo del PNV y el PSE este cambio supondría un gran avance parea la convivencia. 

Por ahora son “tareas pendientes de calado”, reconoce la Secretaria General de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación que dirige Jonan Fernández. En su informe de evaluación de lo logrado el año pasado, Fernandez sitúa la deuda no sólo en el ámbito de quienes durante décadas simpatizaron con ETA o no la cuestionaron, sino también entre quienes ejercieron o no reaccionaron ante “la violencia”, término que el Ejecutivo viene empleado para diferenciar las acciones “terroristas” de ETA y las cometidas por grupos cercanos a la violencia del Estado (GAL, Triple A, etc) o la violencia de carácter policial.

Pese a que se constata la dificultad de que esta legislatura pueda lograrse el reto, se fija como objetivo prioritario “pese a las dificultades y resistencias” para alcanzar “un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado”. Esta cuestión figuraba como la segunda de las iniciativas, por su urgencia, tras la de alcanzar la disolución y desarme de ETA. En su evaluación sobre la labor realizada en 2019, el Gobierno da por alcanzado el 80% de su objetivo, si bien subraya como logro sus reiteradas llamadas a la necesidad de ese proceso de reflexión crítica. 

La cuestión sigue pendiente desde el primer momento. Los pasos dados por el mundo abertzale que lidera Arnaldo Otegi han dejado de avanzar. Lo hicieron inicialmente con la inclusión de la condena de la violencia en los estatutos de Sortu, con la comparecencia y presencia en contados actos de recuerdo a determinadas víctimas y con puntuales reconocimientos del daño causado, siempre condicionados a denuncias de “otras violencias”. La “reflexión crítica” del pasado que se reclama a Bildu sigue pendiente. Urkullu lo ha solicitado de manera constante desde la tribuna del Parlamento Vasco, señalando que bastaría con reconocer que “matar estuvo mal”.

Tercer ‘plan’: 2021-2024

Tampoco los homenajes y reconocimientos que desde el entorno de la izquierda abertzale se vienen respaldando a presos de ETA a su salida de prisión están ayudando. Esta semana cuatro significados miembros de Sortu y de la iniciativa ‘Kalera, Kalera’ -de apoyo a los presos de la banda- fueron detenidos acusados de organizar hasta 95 actos de reconocimiento a etarras durante los tres últimos años. Tras declarar ante la Guardia Civil quedaron en libertad, pero la acusación de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas sigue pesando sobre ellos. 

Urkullu se comprometió con estas cuestiones desde el primer momento. Lo hizo a través de la aprobación de sucesivos planes de actuación; el Plan de Paz y Convivencia, para el periodo 2013-2016, en su primer mandato, lo continuó intentando con un segundo Plan de Convivencia y Derechos Humanos, 2017-2020, y ahora, de cara al tercer mandato que aspira a mantenerse en el poder, anuncia ya un ‘plan estratégico’ 2021-2024 donde pocos dudan de que habrá que incluir acciones para alcanzar las eternas ‘cuestiones pendientes’.

Es evidente que la fotografía de la Euskadi que comenzó a gobernar en diciembre de 2012 y la actual no es la misma. El Ejecutivo comienza por subrayar que a la desaparición de ETA se suma que la historia del pasado de la banda ya no figura entre las preocupaciones prioritarias de la población: “Para la gran mayoría de personas menores de 35 años es un problema que afectó a sus padres, madres, abuelos y abuelos”, apunta la Secretaria de Jonan Fernández.

No obvia sin embargo que el rastro de seis décadas de terrorismo “y violencia” “continúan teniendo una importante cuota de influencia en el presente”. Y es en este punto en el que apela a la necesidad de continuar trabajando en políticas de “memoria, víctimas y educación». Para el Gobierno vasco, ETA y sus consecuencias son cada vez más cosa del pasado. Señala que el presente de la sociedad vasca cada vez está menos marcada por “el caso vasco”. Un cambio de prioridades que se ha acelerado en los últimos diez años. Así, apunta que frente a los temores de hace una década hoy las cuestiones que preocupan al conjunto de la sociedad pasa por la incertidumbre del futuro, el empleo, la estabilidad social y política o “la irrupción de la extrema derecha y otros extremismos”.

Fractura abertzale

Sellar la convivencia y enterrar para siempre el riesgo de repetición son objetivos que los sucesivos ‘planes de convivencia’ siempre ha situado como prioritarios. Sin embargo, disuelta ETA y la violencia terrorista, el problema está lejos de desaparecer. La herida en el colectivo de víctimas no sólo es cercana sino que está sin cerrar. Los más de 300 crímenes sin resolver que siguen pendientes es una cuestión que dificulta sobremanera poder ‘pasar página’, como reclaman algunos sectores de la sociedad vasca. Junto a ello, el mundo abertzale radical intensifica su demanda para cerrar su herida, que sangra sólo por los presos de ETA.

Y lo hace con dos intensidades, la mayoritaria que reclama el acercamiento y el excarcelamiento de los etarras enfermos y ancianos, y los que directamente reclaman la amnistía y cárceles vacías. Una duplicidad de demandas que revela además una cada vez mayor fractura interna en el otrora sólido mundo abertzale que lideró sin cuestionamiento alguno Arnaldo Otegi.

A todo ello se suma el pulso por el relato y la memoria que se libra en instituciones, asociaciones, partidos y la sociedad en su conjunto y que sigue dividiendo. Las diversas iniciativas en el ámbito educativo son clara muestra de ello.

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