Política

El jefe de seguridad del BBVA destruyó los informes de Villarejo sobre Sacyr por "confidencialidad"

Julio Corrochano contradice la tesis defensiva de Francisco González al asegurar, en un cuestionario que respondió por escrito con motivo de la investigación interna del banco, que él le dio detalles del espionaje para abortar el asalto de la constructora

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El jefe de seguridad del BBVA destruyó los informes de Villarejo sobre Sacyr por "confidencialidad"
Julio Corrochano, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional.

Julio Corrochano, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional. EFE

Resumen:

Julio Corrochano, director del departamento de seguridad corporativa del grupo BBVA entre 2002 y 2018, mantiene que destruyó «por razones de confidencialidad» los informes elaborados por una empresa del comisario Villarejo relativos al espionaje a Sacyr para abortar el intento de asalto al banco por parte de la constructora.

En el primer trimestre de 2019, cuando ya había estallado el escándalo por los encargos al controvertido policía, los bufetes contratados por la entidad financiera para llevar a cabo una investigación interna trataron de entrevistar a Corrochano para que aportara información sobre los trabajos encomendados al entramado empresarial liderado por el antiguo agente encubierto.

Por recomendación de su abogada, Corrochano declinó esa petición pero se ofreció a contestar por escrito las preguntas que le hicieran llegar. El 28 de marzo de 2019, «tan pronto [como] obró en su poder», el banco dio traslado del documento -de nueve páginas de extensión- al juez que investiga el caso Tándem, que lo ha incorporado a las actuaciones.

El que había sido jefe de seguridad durante los últimos 16 años, que llevaba ya unos meses jubilados, respondió un cuestionario de 48 preguntas con las que se buscaban respuestas a la relación que el BBVA había mantenido con el grupo Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL) desde 2004 a 2017. Esa prolongada vinculación comercial se rescindió casi dos meses después de que José Manuel Villarejo ingresara como preventivo en la prisión madrileña de Estremera tras su detención en el marco de la operación Tándem.

Casi una veintena de cuestiones giraban en torno al contrato que Corrochano -en representación del banco- y Rafael Redondo -socio de Villarejo que actuaba en nombre de V&V Development (V&V), marca de servicios perteneciente a Cenyt- firmaron el 2 de diciembre de 2004. Fue el primer encargo que la entidad financiera le hacía al grupo empresarial del policía, entonces en activo en el Cuerpo Nacional.

Julio Corrochano contradice la tesis defensiva de FG al asegurar que él le dio detalles del espionaje encargado a Villarejo para abortar la operación de Sacyr

Según se lee en la cláusula tercera del citado contrato, incorporado a las actuaciones que instruye el juez Manuel García-Castellón, la firma prestaría «tareas especialmente referidas al análisis de la problemática estratégico-empresarial» que en aquel momento «pudiera afectar a la firma contratante» y se encargaría de evitar «fugas de información mediante el adecuado dispositivo de detección y sus correspondientes contramedidas».

A cambio, la entidad financiera abonaría a V&V la suma de 510.000 euros (más IVA), concretamente 270.000 euros en concepto de provisión de fondos y los 240.000 euros restantes a la conclusión del trabajo. El segundo abono se dividió finalmente en 12 pagos de 20.000 euros al mes cada uno, ampliándose el contrato de servicios por otro año más «como medida de seguridad» para el banco dado que «no había certeza de que la situación de riesgo por la que se contrató a Cenyt hubiese desaparecido». Eso supuso un desembolso adicional para la entidad financiera de 120.000 euros.

Tras esa rimbombante descripción de los servicios a prestar se escondía un encargo mucho más sencillo de explicar: el espionaje a Sacyr ante la sospecha de que el constructor Luis del Rivero promovía una operación para tratar de tomar el control del BBVA y desplazar a Francisco González (FG). En esa maniobra, la cúpula del banco situaba también a Miguel Sebastián, entonces jefe de la Oficina Económica del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Un problema «estratégico-empresarial»

«El BBVA necesitaba en esos momentos conocer e identificar un problema estratégico-empresarial externo que interfería y ponía en alto riesgo el funcionamiento, desarrollo y seguridad de la propia actividad del banco, así como los legítimos intereses de los accionistas y empleados, que parecía que se iba a llevar a cabo a través de la compra de un paquete de acciones por parte de Sacyr, siendo el interés máximo el minimizar y evitar ese riesgo y sus nefastas consecuencias», contestó Julio Corrochano por escrito a los abogados que han llevado a cabo la investigación interna por encargo del BBVA.

Según expone en dicho documento, existía el «rumor» de que, tras «esa aparente legítima compra de acciones», otras entidades financieras y terceras personas «pudiesen estar buscando un perjuicio para los intereses del BBVA y era preciso conocer si lo anterior era cierto y, en todo caso, defender la estabilidad del banco».

Esta versión coincide con la que, en conversación telefónica, Corrochano ofreció a El Independiente en enero de 2019. El que había sido director de seguridad corporativa reconoció que se investigó a Miguel Sebastián tras tenerse conocimiento de que se le relacionaba con el intento de asalto de Sacyr. «Queríamos ver quién estaba detrás para defender el banco», reconoció.

Yo fui quien destruyó (los informes) sin dejar copia una vez leídos y trasladado su contenido a la dirección», contestó por escrito el ex director de seguridad del banco

¿Y dónde están los informes elaborados por la empresa de Villarejo en ejecución del encargo? Julio Corrochano asegura que, conforme los recibía, los eliminaba por «razones de confidencialidad». «La decisión de su destrucción la tomé yo y fui quien los destruyó sin dejar copia una vez leídos y trasladado su contenido a la dirección. Lo anterior es lo que, dentro del protocolo de trabajo se propone como una práctica prudente en orden a evitar actuaciones internas que puedan romper la confidencialidad», explicó.

El ex directivo precisó que los únicos informes escritos que entregó Cenyt fueron «al comienzo del encargo», ya que él, al constatar que eran «densos y con escaso contenido», decidió que pasaran a ser verbales y que la información se limitara «a lo que realmente fuera de interés para la cuestión» por la que habían requerido sus servicios.

El ex jefe de seguridad del segundo banco del país sostiene que trataron por todos los medios de que el trabajo encomendado a Cenyt fuera «absolutamente confidencial» tanto dentro como fuera del banco, lo que llevó a extremar las medidas de contravigilancia y contrainteligencia para «evitar ser controlados desde el exterior».

«Aunque no redacté yo el contrato, lo que sí puedo decir sobre este particular es que, como director del departamento de seguridad del banco, me preocupaba que pudiese romperse la confidencialidad tanto por alguna actuación imprudente desde dentro como desde fuera de la entidad. Y en eso se trabajó con la empresa Cenyt», añadió.

Encargo directo de FG

En sus respuestas a las preguntas que le plantearon, Julio Corrochano dejó claro que fue Francisco González quien le dio la «instrucción directa» de que contratara a una empresa «especializada en soluciones de situaciones de crisis en empresas». El entonces presidente del BBVA también le transmitió otra orden: ese encargo era «de especial confidencialidad».

Corrochano precisó que, por indicación también de González, la canalización de la información se haría a través de Javier Ayuso, entonces director de Comunicación del banco. Fue el periodista quien en su propio despacho le trasladó «personalmente» al tándem Villarejo-Redondo «lo que el banco demandaba».

En su contestación por escrito, el ex director de Seguridad -en libertad provisional tras depositar una fianza de 300.000 euros, después de comparecer ante el juez y acogerse a su derecho a no declarar- insistió en que él «reportaba» a Ayuso en cumplimiento de las órdenes que había recibido directamente de Francisco González. «A veces al propio presidente», admitió.

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