El pasado 7 de enero, cuando las autoridades chinas ordenaron por primera vez contener el brote de coronavirus que ha causado ya más de 117.000 contagios en 123 países y se ha cobrado la vida de al menos 4.269 personas, Pedro Sánchez era investido presidente del Ejecutivo tras cerrar un pacto de gobierno con Unidades Podemos y lograr la abstención de los independentistas catalanes. El líder socialista no podía imaginar entonces que, dos meses después, la prioridad de su acción de gobierno iba a ser la gestión de la crisis derivada del Covid-19, una enfermedad infecciosa que afecta ya a más de 1.600 personas en España y que se ha cobrado 36 vidas.

Se trata posiblemente del mayor problema de salud pública al que se ha enfrentado el país en décadas con una importante repercusión económica, dadas las restricciones que se están acordando en un intento de contener la propagación del virus. ¿Se ha minusvalorado el calado del problema? ¿Se ha tardado en adoptar medidas preventivas? La coordinación con las comunidades autónomas y la transparencia a la hora de proporcionar información a la ciudadanía son las principales luces de esta gestión, no exenta tampoco de algunas sombras.

¿Por qué no se suspendió la manifestación del 8-M?

Esta pregunta representa uno de los principales reproches que se lanza al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus, posiblemente el mayor desafío al que se enfrenta desde que alcanzó La Moncloa en junio de 2018. Cuando el pasado domingo se celebró la marcha feminista por el 8 de marzo en Madrid, el Ministerio de Sanidad había reconocido ya la existencia de 13 muertes y 202 casos positivos por ‘Covid-19’ en la Comunidad, la más afectada con diferencia de toda España.

El Ejecutivo eludió suspender esta concentración, que, según datos de la Delegación del Gobierno, reunió a unas 120.000 personas por las calles de la capital. La marcha se producía días después de que el Consejo de Ministros aprobara el controvertido anteproyecto de la Ley de libertad sexual. Veinticuatro horas después, la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos durante dos semanas inicialmente -a contar desde este miércoles- y otras medidas extraordinarias en un intento de contener la propagación del virus, motivo por el que desde finales de semana había acordado ya cerrar los centros de día de mayores. La medida había sido acordada con el Ministerio de Sanidad.

Ni la marcha feminista del 8-M ni la asamblea de Vox de este domingo -celebrada en Vistalegre y que congregó a unas 9.000 personas- fueron prohibidas pese a la penetración que ya demostraba el coronavirus en la Comunidad. El Ejecutivo ha justificado su actuación con el argumento de que el repunte de casos se registró en la noche del domingo, después de ambas citas.

El Gobierno alentó a la participación en esta marcha y se limitó, por boca del doctor Fernando Simón, a recomendar vagamente que no fuera quien pudiera presentar síntomas. No ha pasado desapercibido que algunas ministras del Gobierno acudieran a la concentración provistas de guantes de látex.

Prohibición de los vuelos procedentes de Italia: ¿Tarde?

Con diferencia, Italia ha sido el país europeo en el que la presencia del virus está siendo más patente, atendiendo a las personas infectadas. En la tercera semana de febrero, las alarmas se activaron en varias regiones del norte del país -como Lombardía, Piamonte, Emilia Romagna y el Véneto- debido al elevado número de casos registrados. Ese foco fue el origen del contagio de un médico transalpino y de su esposa que se encontraban de vacaciones en Adeje (Tenerife), lo que obligó a decretar la cuarentena en el hotel en el que se encontraban alojados desde el pasado 25 de febrero. También el de una mujer de 36 años, de nacionalidad italiana y residente en Barcelona, que había visitado Bérgamo y Milán entre el 12 y el 22 de febrero.

Pese a que la mayoría de los casos detectados en España se pueden rastrear hasta su origen en el norte de Italia, hasta este lunes el Gobierno no ha prohibido los vuelos desde Italia a los aeropuertos españoles, medida que ha entrado en vigor esta medianoche y que en principio se mantendrá hasta las 00 horas del próximo 25 de marzo. Otros gobiernos europeos, entre ellos Francia, tomaron medidas restrictivas con los pasajeros llegados de este país mucho antes.

En este sentido, numerosos usuarios no se han cansado de señalar un tuit especialmente desafortunado publicado el pasado 26 de febrero por el Ministerio de Sanidad, en el que recomendaban hacer «vida normal» a cualquier ciudadano que hubiera regresado recientemente de zonas de riesgo.

Las Fallas y el fútbol

El domingo por la mañana, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana confirmó que el partido de vuelta de los octavos de final que han disputado en la noche de este martes el Valencia y el Atalanta sería a puerta cerrada. La justificación es que el equipo visitante tiene su sede en Bérgamo, ciudad próxima a Milán y ubicada en una de las regiones afectadas por el aislamiento: Lombardía.

Llama la atención la rapidez con la que se adoptó la decisión de cerrar las puertas a este partido, mientras las mascletás se celebraban cada día en la misma ciudad y con una concentración importante de gente, entre ellos extranjeros y muchos procedentes de Italia. La cancelación de los eventos relacionados con estas fiestas no se ha tomado hasta el martes, exactamente al mismo tiempo que se disputaba el partido de fútbol entre el Valencia y el cuadro italiano.

Las autoridades valencianas, ante la falta de una decisión por parte del Gobierno central, trataron de mantener en pie la celebración del evento. No se entiende que, incluso, el Ayuntamiento de Valencia organizara este lunes una macropaella para 2.000 personas, principalmente ancianos, el grupo de mayor riesgo en esta crisis sanitaria.

Cuando las posibilidades de contagio eran «bajas»

El pasado 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía dictó una nota informativa en la que consideraba «bajas» las posibilidades de que personas portadoras o enfermas entraran en España, si bien no descartaba que pudieran registrarse casos. Hasta este martes por la martes, las autoridades sanitarias reconocían la existencia de unos 1.600 casos, casi la mitad en la Comunidad de Madrid. No hace tanto, Fernando Simón vaticinaba que en España no se llegaría a diagnosticar más que algún caso aislado.

Desde hace semanas, los sindicatos policiales vienen demandando a la dirección del Cuerpo Nacional que reúna de forma extraordinaria a la comisión de seguridad y salud laboral policial para que informe a los representantes de los agentes acerca de las actuaciones adoptadas para prevenir el contagio por coronavirus en el Cuerpo, al ser uno de los colectivos profesionales más expuestos. La reunión finalmente se desarrollará este miércoles por la mañana. Las organizaciones sindicales se quejan de que no se están facilitando los medios suficientes para proteger a los funcionarios. Un policía en prácticas destinado en León dio positivo, lo que obligó a cerrar durante varios días -mientras duraron las tareas de desinfección- la oficina de denuncias y atención. En la Guardia Civil, asociaciones profesionales como la AUGC han denunciado «improvisación» y han demandado equipos de protección individual «en número suficiente y en proporción al número de efectivos que cada unidad tenga».

Impacto en la economía y medidas de choque

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, restó trascendencia el pasado 24 de febrero al impacto que la crisis del coronavirus tendría en la economía española y dijo que no sería «muy significativo» si se limitaba al primer trimestre del año. «Será serio, pero transitorio», ha reconocido este martes Pedro Sánchez durante su primera comparecencia pública para hablar de la epidemia. Hasta este jueves, en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Gobierno no aprobará las primeras medidas económicas de choque, como líneas de crédito para pymes y aplazamientos y moratorias fiscales para que las empresas no se vean abocadas a acometer despidos. No se descarta, incluso, que el cuadro macro ya elaborado por el Ejecutivo tenga que ser modificado.