El 'plan B' de Casado: legislación ordinaria y cogobernanza con las autonomías

Cuando restan apenas 24 horas para que el Congreso debata la cuarta prórroga del estado de alarma, el PP sigue sin desvelar claramente cuál será el sentido de su voto, lo que depara una sesión de infarto este miércoles con calculadora en mano. Eso sí, lo único que han dejado claro en Génova es que no apoyarán más el mantenimiento de la situación de excepcionalidad y de plenos poderes que otorga al Ejecutivo. No votarán 'sí', pero la cuestión es si finalmente marcarán la casilla de la abstención o la del 'no'.

Mientras Moncloa se moviliza para atraer a Casado hacia el 'sí', los populares tratan de desdibujar la tesis que defiende el PSOE de que sin estado de alarma reinará el "caos" y el "desorden" planteando un 'plan B', cuyas líneas maestras se centran en sostener la desescalada del país sobre legislación ordinaria y cogobernanza entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, "especialmente con las que han acertado", señalaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista para Antena 3.

En concreto, tal y como ha desgranado el dirigente del PP, la alternativa al estado de alarma debería armarse sobre la Ley de Seguridad Nacional; la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección Civil. En concreto, la primera permitiría al Ejecutivo "amparar el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad", y la de Salud Pública de 2011 constituye también una salida para centrar todo el poder de nuevo en el Ejecutivo, si bien todas las decisiones que se tomasen deberían contar con el consentimiento de las autonomías y de la oposición.

Preguntado sobre si hay tiempo para negociar el apoyo del PP a la prórroga del estado de alarma, el secretario general del partido ha dejado caer una predisposición negativa a que eso ocurra porque "la respuesta del Gobierno fue amenazarnos" y "Sánchez no merece confianza por parte de ningún grupo", si bien habrá que esperar a ver "qué ocurre" en las próximas 24 horas.

En este punto, la reunión del Consejo de Ministros de este martes se estima vital para intentar atraer la balanza hacia el 'sí'. Aunque ha intentado desvincular su apoyo a condiciones, el PP ha pedido por activa y por pasiva que el Gobierno desvincule las ayudas de los ERTE al mantenimiento del estado de alarma y que el Ejecutivo debata con el principal partido de la oposición la aplicación de alguno de los puntos del plan de choque que presentaron los populares a principios de marzo y que, dos meses después, "no ha recibido respuesta".

El Gobierno mantiene que permitir la caída del estado de alarma por falta de consenso en el Parlamento implicaría un paso atrás en todo lo conseguido hasta el momento y se abriría camino un escenario incierto sin que las medidas recogidas en el decreto de excepcionalidad guíen los pasos a seguir. Con esta premisa presionó ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que trató de poner a Casado contra las cuerdas asegurando que su voto en contra implicaría "condenarnos al caos sanitario y económico del que tendrán que responsabilizarse". "Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos", subrayaba el titular de Sanidad, Salvador Illa.