El 38% de los funcionarios de la Administración de Justicia se incorporaron a sus puestos de trabajo este martes. La próxima semana estaba previsto que hasta un 70% de los trabajadores volvieran a la actividad y que a finales de mayo lo hiciera el 100%.

Sin embargo, el Ministerio rectificó este jueves y acordó con representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las Comunidades Autónomas mantener a los funcionarios en la fase 1 (con el nivel de incorporación máximo del 40% de la plantilla) y "seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios".

Distintos sindicatos denuncian que el esquema de seguridad laboral y de desescalada que avanzó Justicia la pasada semana pone en riesgo la salud de los trabajadores por la "precipitación" y que no contempla reparto de Equipos de Protección Indivual (EPIs) ni se basa en un estudio de los espacios en los que trabajará el personal. Denuncian que no se han establecido normas claras de distanciamiento para prevenir el virus entre los actores de la actividad judicial (jueces, abogados, peritos) ni con los ciudadanos que pasen por los tribunales. Tampoco las empresas que se ocupan de la seguridad en los edificios de Justicia tienen claro el protocolo a seguir, trasladan.

"La gente aún no puede estar dentro de los bares, sólo en las terrazas en las comunidades que han pasado de fase y tampoco se puede entrar a los aseos de los establecimientos. Sin embargo, en la Justicia ya estamos en la fase 1. Hemos vuelto a la actividad antes de que se definan las medidas de seguridad contra el virus y hay riesgos en los pasillos de los juzgados, en las salas de vistas, en las atenciones que se hacen fuera de las salas judiciales…Parece que el único objetivo del Ministerio es recuperar los plazos procesales y la actividad judicial. Estamos de acuerdo en que es necesario, pero proteger la salud laboral y por tanto también la salud pública, también", afirma Javier Jordán, portavoz de CSIF Justicia.

CCOO denuncia al Ministerio en Trabajo

El sindicato Comisiones Obreras anunció este jueves una denuncia por la vía administrativa contra el Ministerio de Justicia por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante el estado de alarma.

Los representantes de dicho sindicato llevaron su denuncia a la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que valore si se ha incumplido la ley y, en ese caso, determine las responsabilidades administrativas, penales o civiles en que se haya podido incurrir.

En su denuncia afirman que el Ministerio ha dictado distintas resoluciones sobre medidas preventivas "sin respetar el derecho de consulta y participación del personal ni de sus representantes, sin informar de los datos de contagios y de las medidas adoptadas, sin respetar las competencias de los comités de seguridad y salud y delegados/as de prevención, sin dotar de medios materiales y personales a los servicios de prevención, sin evaluar los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas, sin consultar a personal técnico en prevención de riesgos laborales y sin evaluar los riesgos del personal más vulnerable como mayores de 60 años".

Sin directrices claras

Desde CSIF, Jordán traslada que los trabajadores de Justicia se encuentran estos días de vuelta al trabajo con falta de directrices claras sobre cómo actuar.

"En las últimas instrucciones del ministro se habla de que quien acuda a los edificios de Justicia tendrá que hacerlo con cita previa, pero no se especifican las restricciones de acceso a los edificios. También se dice que se repartirán geles desinfectantes en la medida de lo posible. Si las órdenes no son vinculantes, pierden todo el sentido", afirma.