España | Política Crisis del coronavirus

Sanidad quiere pactar también con el PP el decreto que sustituirá al estado de alarma

Comparecencia de Salvador Illa ante la Comisión del Congreso. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el debate de prórroga este miércoles la aprobación, el próximo martes en Consejo de Ministros, de un real decreto sanitario que sustituirá al actual estado de alarma. El llamado «plan b» forma parte del paquete de acuerdos alcanzado con Ciudadanos para asegurarse su respaldo en las dos últimas votaciones, pero la intención inicial de Sanidad es atraer también al Partido Popular, a pesar del grado de crispación política, de modo que el decreto pase por el Congreso de los Diputados con amplias unanimidades.

Desde Ciudadanos confirman que dicho «plan b» ha sido «nuestra condición en las negociaciones» por ser el instrumento «que permite salir de forma ordenada y con garantías» del estado de alarma. Por ello, el decreto-ley del martes «es objeto de las conversaciones». A ello se une la intención de Salvador Illa de meter en la ecuación a los populares para lo que abrirá conversaciones en breve.

El nuevo real decreto, que recopilará «todas las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», será también debatido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se sienta el ministro de Sanidad y los consejeros autonómicos responsables de este área en cada uno de sus territorios, incluidas, lógicamente, las comunidades gobernadas por el PP.

El decreto puede afectar hasta a tres leyes de salud pública

Aunque Sánchez explicó que el objetivo de ese real decreto es «aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y, por tanto, evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia», lo cierto es que deberá abordar reformas legales más amplias llegado el caso.

En este sentido, el nuevo decreto puede afectar a la Ley de Medidas Extraordinarias en materia de Salud Pública, del año 1986, a la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, de 2003, y a la Ley de Salud Pública de 2011, pactada entonces entre PSOE y PP. El objetivo será reforzar la autoridad sanitaria y ampliar las competencias del ministro de Sanidad, de modo que si no puede establecerse un mando único, asuma tareas de coordinación, así como incrementar las posibilidades de confinamiento interprovincial.

Actualmente las Comunidades pueden decretar medidas de cuarentena, -como hizo, por ejemplo, la Generalitat catalana con Igualada y otras localidades de la zona ante un incremento exponencial de contagios- , pero hay dudas de que puede establecerse un cierre total más amplio preventivo sin medidas excepcionales como el estado de alarma. Y son esas lagunas las que intenta cubrir el decreto-ley.

Si hay un tema en el que los populares creen que es posible alcanzar un pacto de Estado ese es el sanitario. El primer partido de la oposición ha puesto sobre la mesa lo que ha llamado el «pacto Cajal», para potenciar la investigación, la industria nacional sanitaria y fortalecer el Sistema Sanitario de Salud, así como la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, con un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado. De hecho, el PP cree que Sanidad asumirá alguna de estas propuestas para atraerse el apoyo de los populares y, ya de paso, se malician en Génova, «para atribuirse la autoría de las medidas».

Otra cuestión que puso Sánchez sobre la mesa fue la necesidad de crear un sistema estadístico nacional armonizado para que no se produzca el baile de cifras y las enormes disonancias entre los datos que ofrece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y las Comunidades autónomas sobre el número de fallecidos.

«La plena competencia que ejercen las Comunidades Autómomas debe ser compatible con una estadística nacional armonizada. Creo que esta es una de las lecciones que tenemos que extraer de esta crisis. Eso nos ayudará a todos en cualquier circunstancia y también en la mejora de la gestión de los recursos», defendió. En todo caso, quiso desviar la responsabilidad de ese baile de cifras a las autonomías al subrayar que «los datos de contagios, de sanados, de fallecidos, de ingresados en UCIs, de hospitalizados, se han realizado en España en base a la información facilitada, y quiero además subrayarlo, con la mejor de las voluntades por parte de las CCAA, y en base a los protocolos internacionales de la OMS».

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