El Ministerio del Interior ha instado a los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil a reunirse en el plazo de una semana para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo distribuir entre ambos Cuerpos los 247 millones de euros correspondientes al tercer y último tramo de la equiparación salarial o impondrá el criterio de reparto que considere oportuno.

Así lo ha planteado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante la celebración de la quinta comisión de seguimiento del acuerdo firmado hace dos años -con una dotación de 807 millones de euros a desembolsar entre 2018 y 2020-para recortar la brecha retributiva con las policías autonómicas. El número dos de Interior ha estado acompañado por la subsecretaria del Ministerio, Isabel Goicoechea, y los directores generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, María Gámez y Francisco Pardo Piqueras, respectivamente.

Como se preveía, la reunión con los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil no ha servido para resolver el principal escollo -cuánto corresponde a cada Cuerpo- y sí para poner de manifiesto las diferencias insalvables entre unos y otros. Ello hace presagiar que también resultará estéril el encuentro que ha instado hoy Rafael Pérez y que será la dirección de Interior quien decida finalmente cómo se distribuyen los 247 millones.

Los guardias civiles reclaman que vuelva a aplicarse el criterio de 2018, cuando ellos recibieron el 59 % de los 310 millones que se repartieron entonces, y que se les devuelvan los 4,3 millones que se les detrajo el pasado año en el abono del segundo tramo al rebajarles el porcentaje un 1,72 % en favor del Cuerpo Nacional.

Frente a este planteamiento, los sindicatos policiales han planteado en la reunión de este miércoles que la distribución se lleve a cabo teniendo en cuenta tres factores: el número de efectivos de cada Cuerpo, los más de 33.000 pabellones en los que viven funcionarios del instituto armado y los complementos de especialidad que sí se abonan en la Guardia Civil y no en la Policía por el desempeño de tareas similares.

Posturas enfrentadas

De observase estas premisas, el reparto sería aproximadamente del 54-46%, frente al 59-41% que reivindican las asociaciones profesionales. Éstas combaten los argumentos de los sindicatos asegurando que el criterio que ellos defienden es el que ha respaldado la consultora a la que el el Ministerio del Interior encargó que comparara los puestos y retribuciones con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza y que una gran parte de los pabellones están inhabitables debido al mal estado de conservación en el que se encuentran por su antigüedad y la falta de actuaciones de mantenimiento.

Fuentes presentes en la reunión han dicho a este diario que el secretario de Estado de Seguridad ha dejado claro que, si los representantes de los agentes de ambos cuerpos alcanzan una posición de consenso en los próximos días, el Ministerio del Interior bendeciría el acuerdo y ejecutaría el pago del tercer tramo en dichos términos. Las fuentes, sin embargo, consideran "imposible" el acercamiento ante lo alejado de las posiciones que defienden ambas partes.

Tampoco ha servido la reunión de este miércoles para conocer en qué nómina abonará Interior el dinero a los policías nacionales y guardias civiles, que tendrá efecto retroactivo a 1 de enero. Rafael Pérez ha dicho que se trabaja para que el abono se realice lo antes posible, dando por seguro que se materializará antes de final de año.

Interior sigue sin concretar en qué mes abonará los 247 millones, pero da por seguro que será antes de 2021

El número dos de Interior ha reiterado el "compromiso" con la mejora de las retribuciones de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha destacado que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que "ha articulado las medidas necesarias para que un acuerdo como éste sea una realidad para casi 150.000 funcionarios y suponga el mayor incremento salarial de toda la historia de este departamento".

El pasado 26 de mayo, en pleno estado de alarma y en medio de la tormenta que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, el Consejo de Ministros acordó el desbloqueo de los 247 millones de euros del tercer tramo al incluirse una disposición adicional en un decreto-ley con medidas para paliar los efectos de la covid-19 que excluye «las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo» de equiparación salarial de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Allanado el camino, queda por resolver todavía cómo se repartirán los 247 millones con los que se completará el desembolso de los 807 millones comprometidos en marzo de 2018, en qué nómina se abonará a los agentes y si el equipo que dirige Grande-Marlaska respetará el resto de cláusulas que incluían el acuerdo que el ministro Juan Ignacio Zoido firmó hace dos años con cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de la Guardia Civil.