España | Política

PP y Cs preparan una ofensiva contra Iglesias para acelerar el desgaste de la coalición

La oposición presionará ante las repercusiones, políticas y judiciales, que podría tener el 'caso Dina' sobre la trayectoria de Iglesias | El PP explotará el argumento del 'silencio cómplice' de Sánchez y le insistirá para que corrija a su vicepresidente

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el Palacio de la Moncloa. EFE

Otra vez las ‘cloacas’ del Estado, y otra vez en campaña. En los últimos días, Pablo Iglesias ha recuperado la diatriba contra la prensa crítica a raíz del vuelco en torno al ‘caso Dina’, con la única y trascendental diferencia de que ya no es sólo el dirigente de Unidas Podemos, sino el vicepresidente del Gobierno de España.

El líder morado no sólo no rectificó en los señalamientos contra periodistas que, como Vicente Vallés, han analizado las contradicciones e incoherencias alrededor de la intrincada investigación que comenzó con el robo del teléfono de la ex asesora de la formación, Dina Bousselham, en noviembre de 2015, sino que ha redoblado el desafío pidiendo «naturalizar» tanto el insulto como la crítica a los periodistas desde las redes sociales.

Asociaciones de periodistas se han movilizado ante las «gravísimas» declaraciones del vicepresidente segundo contra la libertad de prensa, «impropias de un sistema democrático», según denuncian asociaciones como FAPE o la Agrupación de Periodistas de UGT. Y en el terreno político, la oposición se ha movilizado para que el período estival no consiga apartar el foco parlamentario sobre Iglesias, conscientes del recorrido no sólo político sino también judicial que puede llegar a tener para el vicepresidente segundo tanto sus declaraciones sobre la prensa como el propio ‘caso Dina’, que todavía podría albergar algún giro más de guion. Las consecuencias del escándalo en el seno de la coalición gubernamental pueden ser, cuanto menos, significativas. La oposición lo sabe. Y por ello no cejará en acelerar el desgaste de la confianza entre los socios de Gobierno.

Por el momento, el PP ya ha registrado una batería de más de 80 preguntas en el Congreso para inquirir al Gobierno sobre lo que denominan como «caso Iglesias», con cuestiones que versan desde las incongruencias en torno a los chivatazos de la Fiscalía a la abogada de Podemos que contradice la versión mantenida por el propio Iglesias, hasta la posibilidad de que el vicepresidente segundo pudiera haber incurrido en un caso de violencia de género por retener durante meses la tarjeta SD de Dina Bousselham a sus espaldas. Las preguntas van dirigidas no sólo a Iglesias, sino también al presidente del Gobierno y al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

La estrategia que mantendrán desde Génova es clara: no centrarán tanto el ataque contra Iglesias como sí lo harán contra «su jefe», Pedro Sánchez, al que presionarán para que se pronuncie sobre las «actuaciones y declaraciones contra la prensa y la justicia» de su vicepresidente. El PP quiere que el foco se sitúe sobre el presidente del Gobierno, al que responsabilizan ya de los «intolerables ataques a los medios de comunicación». «Con su silencio, Sánchez avala el ataque de su vicepresidente a los periodistas críticos», añaden fuentes del partido.

Más allá de dirigentes de su propio partido, Iglesias ha contado con el único apoyo, si se le puede llamar así, del silencio del jefe del Ejecutivo respecto a la polémica. Ni un reproche, matiz o aclaración se produjo tampoco este martes de parte de los presentes después de que el también ministro de Derechos Sociales volviese a sacar a la palestra el nombre de periodistas como el del propio Vallés, Javier Negre, Eduardo Inda o Esteban Urreiztieta. Y a pesar de la insitencia de algunos periodistas presentes en la sala durante la rueda de prensa, ni José Luis Ábalos, ni Juan Carlos Campo, ni María Jesús Montero quisieron poner una coma al discurso del dirigente de Podemos.

Reunión de la Diputación Permanente

Tanto PP como Ciudadanos y Vox han pedido por activa y por pasiva la comparecencia del vicepresidente segundo en la comisión de Justicia para que dé explicaciones sobre las últimas informaciones en torno al ‘caso Dina’ y el complicado lugar en que dejan algunas de ellas a Pablo Iglesias, hasta tal punto que la construcción del discurso de las ‘cloacas’ del Estado para perjudicar a su formación se le podría terminar volviendo en contra. De hecho, el magistrado que instruye la causa, el juez García Castellón, ha retirado a Iglesias la condición de perjudicado que mantenía hasta ahora, mientras avanza la investigación.

Para forzar la comparecencia de Iglesias durante el verano, la oposición en bloque se ha unido para solicitar la reunión de la Diputación Permanente -el órgano que rige la actividad parlamentaria durante el período estival- en el mes de julio, para mantener vivo el foco mediático y el recorrido judicial del caso.

Muy críticos han sido con esta cuestión desde Ciudadanos, donde califican de «vergüenza» las declaraciones contra la prensa que hizo ayer Iglesias desde Moncloa y que levantó un polvorín de críticas desde diversos cuadros del partido naranja.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, llegó a deslizar que si Iglesias rechaza explicar el «turbio y oscuro» caso que le rodea ante el Parlamento, es que «tiene algo que ocultar».

En las últimas semanas, Ciudadanos ha transitado por la senda pactista con el Gobierno, con el que se sentará a negociar incluso los Presupuestos siempre y cuando consigan alejar a Sánchez de la «influencia radical» de su vicepresidente en la elaboración de las cuentas. Iglesias abogó este martes por su predisposición a pactar las cuentas con el bloque de la investidura y no con la «derecha moderada» como ha tildado a los liberales. En un punto más alejado se encuentra Pablo Casado. Fuentes de su entorno reconocen la complicada coyuntura que tendría que darse para aprobar las cuentas de Sánchez, en que éste tendría directamente que «cercenar a Podemos» del acuerdo para sentarse si quiera a negociar.

Por su parte, Vox ha decidido ir un paso más allá. Las iniciativas de PP y Cs resultan tibias al lado de la iniciativa de los de Santiago Abascal, que han pedido personarse como acusación en la propia investigación judicial. La formación ya llegó a denunciar a Iglesias ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos de falso testimonio, revelación de secretos, estafa procesal y tráfico de influencias, entre otras causas.

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