El abogado expulsado de Podemos, por cuyas denuncias el juez Juan José Escalonilla ha impulsado una investigación e imputado a la cúpula de Podemos y al propio partido como persona jurídica por presunta financiación irregular, declaró ante el juez el pasado 29 de julio que "Podemos es actualmente un partido autoritario" informando del "pánico" de algunos de los empleados a sufrir represalias de parte de la dirección.

Afirma José Manuel Calvente en su declaración que los cinco contratos supuestamente fraudulentos se los pasaron a Mónica Carmona -también ex abogada de Podemos y cesada en diciembre de 2019- personas de Izquierda Unida "porque estaban asustados" de lo que estaban viendo. Carmona había pedido estos documentos a la dirección de Podemos pero, según consta en la declaración, éstos se habían negado a dárselos.

En el mismo testimonio, Calvente asegura que fue el ex gerente de la formación morada, Pablo Manuel Fernández Alarcón, el que le advirtió de que los contratos a Neurona y ABD Europa LDA podían constituir una forma de devolver a ambas firmas la financiación recibida para la campaña electoral de abril de 2019. Tanto él como a su compañera le extrañó que se contratase a una empresa externa para los comicios generales cuando "había personas preparadas para ello en el partido de brazos cruzados".

El abogado reseña que Mónica Carmona se asustó cuando saltó en la prensa las conexiones de la empresa Neurona con actividades presuntamente ilícitas: para las elecciones de abril de 2019, el partido contrató a una empresa recién constituida para prestar unos servicios que ya estaban siendo suministrados dentro del propio equipo.

Precisamente, Calvente afirma en su declaración que hay trabajadores "muy asustados" en la formación que le informan sobre "cosas muy raras" en relación a la financiación de la formación morada, lo que encendió todas las alarmas. "Algo estaba pasando", referencia el letrado.

Como ya informó este diario, el ex abogado de Podemos denunció ante la Guardia Civil la existencia de una trama delictiva en la que habría participado el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero -amigo íntimo del director de Neurona, César Hernández Paredes- y de la que habría obtenido comisiones ilegales de un presunto contrato ficticio con la consultora mexicana, que facturó 363.000 euros a Podemos por trabajos electorales en la campaña electoral de 2019.

Calvente informó al juez de las irregularidades cometidas por la formación y denunció que tanto él como las otras tres personas que habían iniciado una investigación interna sobre las anomalías financieras del partido -la ex abogada Mónica Carmona; Fernández Alarcón y su mujer, Gloria Elizo- fueron purgados de Podemos.

El letrado afirma además que la llamada como 'Caja de Solidaridad' del partido es más bien una 'caja B' utilizada por el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, para financiar pagos a entidades opacas sin identificar.