Siguen existiendo 17 modelos distintos para la vuelta al cole tras la presentación de un esperado proyecto gubernamental que es "insuficiente" y "superficial". La denuncia llega de un alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, pero la crítica al Ejecutivo ha sido unánime de puertas para adentro en todas las autonomías del PP -y alguna otra como País Vasco-, que ven que la propuesta conjunta del Ministerio de Sanidad y de Educación para la reapertura de las aulas "llega tarde" y es "muy poco ambiciosa".

Las autonomías cuestionan también que, frente a la férrea defensa que hizo ayer la ministra Celaá del "duro trabajo" que ha venido haciendo el Ejecutivo en materia educativa estos meses, el Gobierno "no le ha dado ninguna importancia a la vuelta a las clases" y los diferentes territorios saldrán del paso con sus propios planes, en muchos casos ajenos a las normas aprobadas en la Sectorial de este jueves.

Las asociaciones de padres y madres, así como sindicatos y sanitarios han puesto también en tela de juicio el denominado como plan Celaá por la "incertidumbre" y la "decepción" que genera el mismo. La conclusión es unánime: a una semana del arranque del curso escolar, ni profesores ni padres tienen certezas sobre cómo afrontarlo, mientras el virus avanza desbocado.

Gobierno y comunidades se reunieron ayer con la esperanza de elaborar un protocolo único y "sensato" para el regreso a las aulas en condiciones de seguridad. El objetivo era poner en común propuestas para que alumnos y profesorado pudieran afrontar el regreso a las aulas con criterios unificados y no desiguales en función del territorio.

Sin embargo, de las 29 medidas y cinco recomendaciones elaboradas por el departamento de Salvador Illa e Isabel Celaá, sólo un par de ellas se salen de la guía de recomendaciones que envió el Ministerio de Sanidad a los diferentes territorios -bajo el nombre Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en el curso 2020-2021- el pasado 22 de junio, tan sólo un día después del fin del estado de alarma en España. Y todas las comunidades, salvo Euskadi, suscribieron ayer las directrices de un protocolo prácticamente reciclado de hace dos meses, a pesar de que la situación epidemiológica es radicalmente opuesta a la que se registraba entonces.

"Es un acuerdo de mínimos con medidas generales que ya llevamos en nuestro propio protocolo", suscriben desde Madrid para justificar su apoyo al documento del Gobierno. En efecto, las únicas novedades respecto al borrador publicado hace meses son las del uso obligatorio de la mascarilla en niños a partir de seis años aunque se pueda mantener la distancia de seguridad; o la firme apuesta por la presencialidad en todos los niveles y el acceso a educación semipresencial a partir de 2º de ESO -en el documento de junio se apostaba por esta modalidad a partir de cuarto de secundaria-.

Y ni si quiera serán unas pautas que sigan comunidades autónomas como Cataluña, que ya ha apostado por mantener la obligatoriedad de la mascarilla en alumnos mayores de 12 años; o País Vasco, que mañana prevé publicar y aprobar su propio plan de regreso a las aulas.

Al margen de lo estipulado por cada comunidad autónoma -algunas como Castilla y León esperaban las pautas que marcase el Gobierno para definir su propia estrategia- el Gobierno se ha limitado a ratificar con el concurso de las autonomías pautas muy generales y básicas, como el lavado de manos (mínimo cinco veces al día); la toma de temperatura "tanto en domicilio como en el centro", según Celaá, sin especificar quién la realizará y cómo se acreditará si se realiza en el hogar; ventilar, limpiar y desinfectar con asiduidad; mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos que no pertenezcan a un grupo estable de convivencia; mantener comedor y transporte escolar con medidas básicas de seguridad e higiene; o prohibir el público en eventos deportivos o funciones escolares.

Sin embargo, se han desatendido otras cuestiones básicas para padres, madres y profesores, como la ratio de alumnos por aula -que deberán definir las comunidades autónomas-; si se realizarán o no PCR al personal educativo y en qué situaciones; la definición de una modalidad semipresencial con garantías con el refuerzo de la educación online, sobre todo en caso de que la situación se agrave y los centros se vean obligados a cerrar; la contratación de profesorado adicional; o la creación de la figura del enfermero escolar, para lo que "no hay nada cerrado", según la minsitra de Educación.

Tampoco hay certezas sobre cómo actuar en caso de positivos confirmados en los centros educativos. Sólo se sabe que no se procederá a la clausura de los colegios a no ser que se considere que la transmisión se ha descontrolado y generalizado, una apuesta cuanto menos arriesgada y que choca con el protocolo adoptado por países como Italia, que procederán al cierre de aulas con un sólo caso confirmado.

En este caso, el ministro de Sanidad tampoco concretó con las comunidades autónomas cuál sería el número de contagios suficiente para proceder al cierre temporal de un colegio, y tan sólo se informó de que en caso de que los positivos se registren en grupos estables de convivencia -previstos para niveles hasta segundo de primaria- se procederá a decretar cuarentena para toda la clase; mientras que si se dan positivos fuera de los denominados como 'grupos burbuja', sólo se tomarán medidas con los "contactos estrechos".