El Grupo Popular ha pedido que la votación de la toma en consideración para la derogación del delito de sedición -que pasa este jueves por la Cámara Baja- se haga por llamamiento de sus señorías, de modo que tengan que expresar de viva voz su posición al respecto. Esta estrategia persigue que los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, cuyos respectivos presidentes autonómicos -Emiliano García Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara- han mostrado en mayor o menor grado sus reticencias a esta medida, se retraten públicamente.
El anuncio lo ha hecho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha retado a esos parlamentarios a que "sean coherentes y hagan lo que prometieron a sus electores", esto es, votar en contra de la derogación de la sedición conforme al espíritu de las propuestas que hizo su jefe de filas, Pedro Sánchez, durante la última campaña electoral. Entre ellas estaban endurecer las penas por rebelión, penar los referendos ilegales y asegurar el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por el procés.
Génova quiere identificar con el "sanchismo" a los territorios críticos como Castilla-La Mancha
Génova y la dirección del Grupo estudiaron en su momento pedir el voto secreto, en urna, tal y como informó El Independiente, en un intento por romper en dos al grupo socialista. Pero descartada esta vía por dificultades reglamentarias, han optado por otra diametralmente opuesta, esto es, hacer que los parlamentarios de los territorios críticos tengan que alinearse públicamente con Sánchez. Normalmente este tipo de estrategia provoca un cierre de filas en el adversario, lo que, a fin de cuentas, también se convierte en munición para el primer partido de la oposición.
"Vamos a poner el foco sobre cada cada parlamentario del PSOE de Toledo, Guadalajara, Zaragoza, Teruel o Cuenca que vote a favor de la derogación", advirtieron desde Génova, adelantando cuál será su estrategia de cara a las locales y autonómicas.
La petición del PP debe aceptarse de forma automática por la Mesa del Congreso puesto que cumple las condiciones que exige el artículo 85 del reglamento de la Cámara, esto es, que lo pidan al menos dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los diputados y el PP suma de sobra esa quinta parte.
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