El PNV concede oxígeno a Sánchez para acercarse al fin de legislatura en plena tempestad por Zapatero y el 'caso Leire'

Sobre el papel, a esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno le queda algo más de un año. Hasta julio de 2027. Pero, en realidad, la fecha de las elecciones generales sigue siendo una incógnita. Pedro Sánchez, el único que tiene la potestad para convocarlas, repite que serán en 2027, que no habrá superdomingo —es decir, que no coincidirán con las municipales y autonómicas de mayo—, pero lleva tiempo sin entrar más al detalle, y en su propia dirección asumen que podría situarlas en cualquier momento del próximo año antes del parón veraniego. La meta es llegar a 2027, y a partir de ahí se verá. Al margen del devenir de los casos judiciales —José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez— que le acechan a él y al PSOE.

En medio de un ambiente cada vez más hostil, con una agenda política que el Ejecutivo lleva semanas y semanas sin poder controlar, este miércoles centelleó una débil luz para los socialistas. Esa fue, al menos, su lectura. El PNV le adelantó que estaba dispuesto a negociar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, y a continuación le advirtió de que si no logra sacarlos adelante, disuelva las Cortes Generales y convoque las generales. Aunque los nacionalistas vascos insisten en que para ellos nada ha cambiado, que quien se ha movido ha sido Sánchez al anunciar que esta vez sí presentará su proyecto de cuentas públicas —su Gobierno no lo ha hecho en toda esta legislatura—, y que por tanto ellos se limitan a aceptar ese diálogo, los socialistas interpretan que ganan "seis meses" de crédito. Porque el texto podría ser rechazado, si no obtiene los apoyos, como parece previsible, a final de año, de tal modo que las elecciones se podrían celebrar a lo largo del primer semestre de 2027. Dicho de otro modo, Sánchez podría lograr su objetivo de agotar el mandato sin chocar con su socio preferente y al que más se preocupa de mimar, el PNV.

La sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de este miércoles se vislumbraba turbulenta antes de comenzar, porque a la hora en que arrancaba, a las 9, Zapatero tenía que enfrentarse a su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y fue crispada, sin duda. Alberto Núñez Feijóo y los diputados del PP gastaron mucha pólvora para dibujar a un presidente asediado por la corrupción. Pero también como un "cobarde" y un "no demócrata" por no querer que se discutiese y votase en el pleno de la Cámara baja una enmienda de Junts a una moción de los populares que pedía elecciones ya. La Mesa, con el voto de PSOE y Sumar, había frenado ese texto con el argumento de que la disolución de las Cortes es una prerrogativa exclusiva del presidente.

El PNV, el día anterior, había eludido anticipar su posición, y ya no tuvo que hacerlo al ser vetada la propuesta. Pero este miércoles dejó claro que su vía no es la de Junts, por mucho que ambos grupos hayan pedido a Sánchez que anticipe los comicios, que la legislatura no da más de sí. La portavoz nacionalista, Maribel Vaquero, fue indudablemente dura. Le dijo al presidente que es "evidente" que ha perdido la mayoría de investidura, que el Gobierno está "nadando el último largo de la legislatura", que apenas queda carrete, que el Ejecutivo está "acabando con la fe" de su grupo parlamentario, que la disposición de su partido al diálogo "está siendo sometida a una prueba de resistencia diaria" que "merma la voluntad política" de los jeltzales hacia la Moncloa.

Sin embargo, sí, el PNV no quiere romper, menos aún teniendo en cuenta que su socio, en la mayoría de las instituciones vascas, es el PSE. Así que quiere hablar de Presupuestos, aunque el Gobierno lleve tres años "mareando la perdiz con ellos", le recriminó Vaquero, "diciendo que los va a traer y sin dar el paso". "Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer". "Usted necesita, como respirar, el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los Presupuestos Generales del Estado. Llevamos tres años reclamándolos y con más insistencia se cabe este último año porque de él dependen medidas energéticas para nuestra industria, que necesita asegurar su competitividad y puestos de trabajo. Dependen los autónomos, las familias, la dependencia, los que esperan un fondo suficiente para las víctimas del amianto. Presidente, la lista de los que esperan es muy larga. La economía, las instituciones y la sociedad necesitan previsibilidad, conocer las prioridades y rumbo de un Gobierno. Necesitan certidumbres y no las tienen", le insistió la portavoz. Vaquero le reprochó que, con prórrogas sucesivas, el Ejecutivo haya construido, "sin debate parlamentario, un Presupuesto paralelo". Y por último le emplazó a una "negociación presupuestaria" si realmente el anuncio de que llevará las cuentas a la Cámara es "real".

El presidente se mostró dispuesto a "dialogar, negociar y acordar" los PGE con los grupos —y serán, reiteró, ambiciosos en lo social, "coherentes" con la transformación energética y digital y el rigor fiscal que ya aplica su Ejecutivo—, pero también medidas más inminentes como el real decreto ley de prórroga del escudo social que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de junio, según había anunciado minutos antes él mismo. "Presenten los Presupuestos —le replicó Vaquero—, es su obligación. Pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".

Vaquero "repite el mensaje" de Esteban

Es decir, que el PNV sí quiere primero explorar la vía de los PGE y, si finalmente estos son tumbados, entonces Sánchez no tendría más remedio que llamar a las urnas. Fuentes de la formación jeltzale explican que Vaquero estaba expresando lo mismo que el presidente del partido, Aitor Esteban, hace unas semanas, cuando advirtió al líder socialista de que no podía irse más allá de 2026 para ubicar las generales. "Él ya dijo que la situación política es insostenible porque no hay mayoría para ir sacando cosas adelante, porque este Gobierno lleva tres años sin Presupuestos, y además se le sumaba que hay varios casos de corrupción que rodean al presidente o al partido. Maribel ha repetido ese mensaje", señalan.

Entonces, ¿qué cambia? Según el PNV, ha sido el Ejecutivo quien ha mostrado un "propósito" para esta recta final, ya que Sánchez anunció el 3 de junio desde Barcelona que presentaría unas nuevas cuentas públicas. La portavoz, rubrican, fue "muy clara" al mostrar su desconfianza, pero también le concedió el beneficio de la duda: que presente los PGE, que los intente negociar y aprobar. Y si no, pues entonces la convocatoria electoral será ya ineludible. "Eso nos lleva a finales de año. Es decir, el mismo plazo que dio Aitor Esteban en su momento, porque para entonces ya sabremos si los Presupuestos son o no viables, si tienen o no apoyos. Estamos en el mismo sitio. Nosotros no nos hemos movido. Quien se ha movido es el Gobierno", inciden desde la formación nacionalista. Dicho de otro modo: "Hace un mes no existía la perspectiva de unos PGE. No es que nosotros demos una tregua al Gobierno, es el Gobierno el que se ha agarrado a una botella de oxígeno en la que no se sabe si hay aire todavía".

En el Ejecutivo, no obstante, sí recibieron con satisfacción las palabras del PNV. "Lo importante es que se abren a negociar los Presupuestos, y somos optimistas y esperamos que encuentren la mayoría parlamentaria", contaban en la Moncloa. Desde la dirección socialista observaban que los jeltzales conceden "seis meses" de margen a Sánchez. "Y eso nos posibilita agotar la legislatura, como queremos, y llegar a 2027", apuntaba una destacada integrante de la cúpula. "Elecciones en 2027. Lo que venimos diciendo desde el primer día de esta legislatura", confirmaba otro miembro del núcleo duro del partido.

Y es que el presidente puede jugar con los tiempos. La semana que viene, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el cuadro macroeconómico, pero queda por saber si también convocará previamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que dé el visto bueno a la senda de estabilidad, que después aprueba el Ejecutivo y que es enviada a las Cámaras —junto con el techo de gasto, que no se vota— para su validación. Si esos objetivos de déficit y deuda son rechazados dos veces, entonces el Ejecutivo está obligado a elaborar los PGE con la senda anterior, que da menos margen a CCAA y ayuntamientos.

El paso trascendental, sin embargo, es la aprobación del proyecto de cuentas públicas por Consejo de Ministros y su traslado al Congreso. La Constitución impone que los PGE lleguen a la Cámara baja antes del 30 de septiembre de cada año, obligación que el Ejecutivo ha incumplido en lo que va de legislatura. Ahora, el Gobierno podría acatar esos plazos pero también demorarse unas semanas, por lo que el debate de totalidad podría celebrarse no en octubre, sino más adelante. Si los PGE decaen entonces por falta de apoyos, Sánchez podría tener en sus manos la excusa para convocar las generales, usando el proyecto como una suerte de programa electoral. Pero, en cualquier caso, todo apunta a que, calculando esos tiempos, llegaría a la meta, la barrera fetiche de 2027. La que él busca.

En Ferraz asumen que Sánchez ubicará las generales cuando él crea que le convenga más al partido, cuando entienda que está más fortalecido para enfrentar una campaña que seguramente será durísima, a todo o nada. Unas elecciones que podrían celebrarse antes o después de las municipales y autonómicas de mayo. En la cúpula recalcan que "no es verdad" que la inmensa mayoría de alcaldes deseen que las generales vayan por delante de las locales y las regionales. En cualquier caso, el presidente tendrá en cuenta, repiten, la fecha que mejor le permita retener la Moncloa.

Zapatero no convence al juez: sigue viendo indicios de criminalidad

La pequeña ventana que dejó asomar el PNV llegaba en un momento complicado para Gobierno y PSOE. En plena declaración judicial de Zapatero. Los socialistas, con todo, pudieron respirar cuando Calama desoyó la petición de la Fiscalía y del PP y rechazó la retirada del pasaporte del expresidente y su comparecencia cada 15 días en el juzgado. Entiende el magistrado que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia que "dificulta de manera evidente" que pueda huir de la Justicia.

No obstante, el juez no quedó convencido tras un interrogatorio de apenas tres horas, mucho menos de las dos jornadas previstas. Entiende que la declaración del investigado "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba". Entre esos indicios, la "trazabilidad de diversas transferencias" entre las cuentas bancarias de Zapatero "en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra". También la utilización de sociedades pantalla para "canalizar estos pagos". El expresidente negó haber influido en el rescate y atribuyó el dinero ingresado a sus trabajos de consultoría. Calama también destacó las casi 80 piezas de joyería halladas en la oficina del exmandatario del número 35 de la calle de Ferraz, superior a 1,3 millones de euros de valor, "sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".

El exlíder socialista no quiso responder preguntas sobre el ajuar de alhajas, aunque prometió hacerlo en cuanto recabe la documentación, ni sobre las conversaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra. El magistrado concede que, pese a los indicios, la investigación se halla aún en un estado "embrionario", de forma que puede evolucionar en el sentido de que se consoliden o bien lo contrario, que se disipen por las diligencias que se practiquen y que pongan en duda el relato tejido hasta ahora en su imputación.

Ferraz, igual que la Moncloa, creen que el expresidente superó la prueba, por lo que mantienen plenamente su apoyo. Respaldan su proclamación de inocencia, aplauden que pusiera a disposición del juez una autorización universal para que chequee que no tiene activos fuera de España. "Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos". El partido continúa asimismo "reivindicando el legado" de Zapatero, "un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España". Una herencia, creen, que "sigue plenamente vigente".

En el partido, aquellos cuadros que se mantenían más prudentes en los últimos días, que se consideraban decepcionados con el expresidente, mantenían su distancia tras su declaración. En Ferraz reconocen que hay inquietud en los dirigentes, pero la militancia, insisten, está entregada. Las bases, dicen, están "hartas del hostigamiento judicial", de la acumulación de "coincidencias" y de casos, porque a Zapatero se suma la investigación por las cloacas, con la exmilitante Leire Díez como protagonista. Creen que hay una cierta cacería y el ánimo en esas bases, señalan, no está como el año pasado, cuando cayó Santos Cerdán y todo el PSOE asistió avergonzado y conmocionado a los audios vomitivos en los que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García hablaban de mujeres prostituidas como si fueran mera mercancía.

El miércoles del miedo, en definitiva, se cerró con un mínimo alivio para el PSOE. Por la situación procesal del expresidente, que no cambia (aunque no persuadió al juez), y por el pequeño margen concedido por el PNV.