La doctrina de la Fiscalía General del Estado deja negro sobre blanco en un documento interno que si un juez acude a Europa para plantear una cuestión prejudicial el procedimiento queda suspendido hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva el asunto. Es decir, apuntala la idea de que si el Tribunal Supremo plantea una duda en el marco de la amnistía los líderes del procés no podrán tener su pena condonada hasta que la Justicia comunitaria resuelva el asunto.
El compromiso que Junts ha arrancado al PSOE de suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que habla precisamente de la cuestión prejudicial ha suscitado dudas sobre si a partir de ahora las causas que se lleven a Europa por los jueces no van a suspenderse. Pero distintas fuentes jurídicas niegan este extremo y aseguran que esto no es negociable a nivel estatal porque se trata de normativa comunitaria. La única diferencia que llegará tras eliminar dicho artículo es que tendrán que hacerse tantas cuestiones prejudiciales como jueces tengan dudas, no vale con una única del alto tribunal, como avanzó El Independiente.
Si un tribunal desarrolla al TJUE una duda sobre la aplicación de una ley (en este caso la amnistía) en el marco de un procedimiento, este queda en pausa hasta que Luxemburgo resuelva el asunto. Allí los magistrados deben escudriñar si la ley nacional tiene encaje en la normativa europea y lo que decidan aplica a los Veintisiete.
El hecho de que paralice no está únicamente en los textos comunitarios, sino que la propia Fiscalía española lo ha desarrollado en una instrucción (1/2016) de obligado cumplimiento para todos los fiscales para que la actuación sea uniforme.
En esta orden que firmó la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y que, según las fuentes fiscales consultadas, sigue en vigor todavía hoy, se cimentan las bases "sobre la intervención del Fiscal en las cuestiones prejudiciales europeas". A lo largo de diez páginas se detalla cómo deben proceder los funcionarios en estos procedimientos y explicita que "parece conveniente" asumir la pauta de que si un juez acude a la Unión hay que suspender el proceso.
La instrucción añade que como la Ley Orgánica del Poder Judicial no especifica la forma en la que debe darse audiencia a las partes en este tipo de procedimientos, los fiscales interesarán el traslado de las alegaciones por escrito. "Partiendo de que el efecto del planteamiento de la cuestión deriva en un resultado de singular trascendencia como es la suspensión del proceso nacional hasta que el TJUE se pronuncie, causaría absoluta indefensión a las partes no oírlas sobre este extremo", rubricó la jefa del Ministerio Público entonces.
En el apartado de conclusiones, la exfiscal general no deja margen a error: "Debe entenderse que la presentación de una cuestión debe ir seguida de la suspensión del proceso a quo, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
La Fiscalía sigue recabando datos
Por el momento, el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mantenido al margen de cualquier comentario o análisis sobre la amnistía y ha defendido que esto llegará cuando la norma termine su recorrido parlamentario.
Lo único que sí ha solicitado ha sido una recopilación de todos las causas y el estado de las mismas que afecten a procedimientos vinculados al procés. La petición fue enviada a la Fiscalía Superior de Cataluña --pues es allí donde residen la mayor parte de casos porque el proceso secesionista se ubicó allí-- como a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde hay algunos casos concretos como el relativo a los líderes del procés y el de 'Tsunami Democrátic'. Según las fuentes consultadas todavía no ha podido completarse el número total, pero será en los próximos días cuando se pueda dar una cifra.
Este dato es importante porque los cálculos del PSOE y de los independentistas difieren mucho sobre cuánta gente se puede ver afectada. Si el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calculado que habrá unos 400 beneficiados por este perdón absoluto, algunos miembros de Junts y ERC hablan de cerca de 2.000 personas.
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