El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas para hacerse cargo de los más de mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en las Islas Canarias y quieren pedir asilo, insistiendo así en su llamamiento inicial ante el "claro incumplimiento" del mismo. Además, avisa de que si vuelve a desoír sus órdenes adoptará medidas coercitivas.

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Así consta en un auto, que ha consultado El Independiente. En él, los magistrados constatan que la Administración del Estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares acordadas en marzo. “Hasta el momento […] ninguno de los menores solicitantes de protección internacional […] ha sido evaluado individualmente con la finalidad de poder tener acceso al sistema estatal de acogida”, afirman.

El Supremo subraya que el Ejecutivo ni siquiera ha elaborado un listado completo y detallado de los menores en esa situación —"en torno al millar, muchos de ellos sin ni siquiera haber podido formalizar aún su solicitud en el transcurso de un año"—, algo que considera "presupuesto necesario" para su integración en el sistema de protección internacional. Además, critica que el Gobierno sólo haya comenzado a solicitar colaboración a Canarias en los días previos a la vista pública, celebrada el pasado 29 de mayo.

Asimismo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerdan que estos menores tienen derecho a alojamiento, alimentación, educación, acceso a intérprete, documentación, asistencia jurídica y otras condiciones materiales y legales que derivan directamente de la normativa europea y española sobre asilo. La Administración estatal, sin embargo, "ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes".

En consecuencia, la Sala fija nuevos plazos y condiciones: el Gobierno deberá dotar en 30 días a las oficinas responsables de los medios necesarios para tramitar las solicitudes en un máximo de seis días desde que el menor manifieste su voluntad de pedir asilo. Además, en 15 días debe establecer un sistema de colaboración efectivo con Canarias, identificar a los responsables ministeriales implicados y rendir cuentas quincenalmente ante el tribunal.

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