"En junio nos decían que estábamos muertos. El debate público giraba en torno a cuándo Pedro Sánchez iba a convocar elecciones. Ahora, el debate está en cómo es posible que se haya podido recomponerse y quien está pasando apuros es el PP". La Moncloa resume una impresión que corre también en el PSOE. La lectura de que el clima ha cambiado en muy poco tiempo y el viento ha rolado a su favor. El dolor, la zozobra, el miedo, la vergüenza que quebraron los ánimos del partido hace tres meses, cuando se hizo público el devastador informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, cuando se conocieron las conversaciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su exasesor, hablando de mujeres prostituidas como si fueran tratantes de ganado, cuando el juez instructor del Supremo Leopoldo Puente mandó a prisión preventiva a Cerdán —y allí sigue—, parecían no tener fondo. Los socialistas se sentían sin fuerzas, derruidos, y su líder había acusado el golpe. Se le veía demacrado, con varios kilos menos, tocado. Pero él decidió seguir, mantener viva la llama de una legislatura amarga y complicada.

El pasado lunes, Sánchez se dirigió a sus diputados, senadores y eurodiputados en el Congreso. El tono era distinto. Y su ímpetu: a la ofensiva, no a la defensiva. Físicamente, se le notaba más recuperado. Sobre todo, aseguran en su equipo, más rehecho. "Trasladaba más seguridad, más compostura —afirma una integrante de su dirección—. Transmitía energía... y resiliencia". La marca de la casa. La resistencia. La que, creen, logra desquiciar a un PP que "quiere verle a trocitos, pero se va a quedar con las ganas". El presidente manifestó su apoyo a los manifestantes que, la víspera, lograron interrumpir la última etapa de La Vuelta —una protesta mayoritariamente "pacífica" para el Gobierno—, pidió expulsar a Israel de las competiciones internacionales.

Sánchez reaparece en el inicio de curso a la ofensiva y más recompuesto, trasladando "energía y resiliencia". Gaza, el tema que ha logrado colocar en agenda, seguirá en primera línea, por el arranque del 80º periodo de sesiones de la ONU y el decreto de armas

Gaza. El "genocidio" en la Franja perpetrado por Israel, los más de 60.000 muertos —de ellos, cerca de 20.000 niños, aunque las cifras podrían ser 10 veces mayores, según la ONU—, los más de dos millones de desplazados, las 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, han colonizado la actualidad nacional e internacional en las últimas semanas. El Gobierno sabe que ha logrado recuperar un bien muy preciado, el control de la agenda política, el que perdió por completo en el segundo trimestre del año, y cree haber dejado "desubicado" al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. La próxima semana no se bajará del tren. Con menos razón aún, porque en Nueva York se abre el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la conversación planetaria girará en torno a la matanza incansable de Israel sobre Palestina. Y el martes, además, el Consejo de Ministros —aunque con el jefe del Ejecutivo en la ciudad estadounidense— aprobará el real decreto ley de consolidación del embargo de armas, que en un mes deberá convalidar el Congreso.

Pero Sánchez también recibió en los últimos días su dosis de recuerdo de la debilidad parlamentaria de su Ejecutivo. Administrada por Junts y Podemos.

Son, y nadie en el Gobierno y en el PSOE lo niega, sus socios más rebeldes, los que más les inquietan. Los más distantes, los que suben el precio de su apoyo. Los que aprietan más y más. Mucho. Aunque no ahogan al presidente. No, al menos, por ahora, porque ninguno ha planteado derribarle vía moción de censura. No exigen un anticipo electoral. Ni quieren verlo caer para que sea el PP, de la mano de Vox, quien ponga un pie en la Moncloa.

El PSOE avisa de que la enmienda para que las grandes empresas atiendan en catalán ha sido pactada por Sumar y Junts, no por ellos, que negociarán hasta que el texto sea "razonable"

El martes, los posconvergentes lanzaron un comunicado desde Barcelona para anunciar un pacto con el Ejecutivo para "blindar" el catalán en el proyecto de ley de atención al cliente, por el que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos". Un acuerdo que de inmediato fue matizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que lidera Pablo Bustinduy (Sumar): esa obligación solo tendrían que asumirla las compañías de más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros y que operen en los territorios con lenguas cooficiales. El anuncio sorprendió a los dos socios de la coalición, a Sumar y al PSOE: no se lo esperaban, para empezar porque la enmienda al artículo 7.2 del proyecto, transaccionada no solo con Junts, sino también con grupos como ERC, Bildu o BNG, no estaba aún redactada. Tampoco tenía la conformidad del PSOE. La medida disparó enseguida la controversia. La patronal enseguida mostró su oposición. El ministro Bustinduy se vio obligado a aclarar los términos del consenso.

El expresidente catalán Carles Puigdemont (2d), acompañado por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras (i), y el secretario general del partido, Jordi Turull (d), encabezan en Waterloo una doble jornada de trabajo del grupo de JxCat en el Parlament, el pasado 15 de septiembre de 2025. | EFE / OLATZ CASTRILLO

En la Moncloa, mientras, se desentendieron de ese principio de pacto. "Es una enmienda en la que no participó el PSOE. La acordó Derechos Sociales con Junts, directamente. Por tanto, hay que negociar con nuestro grupo. No es meter mano. Es negociar con nosotros hasta que nos parezca razonable el texto. Habrá que estudiarlo y ver opciones", advirtieron a este diario en el equipo directo de Sánchez. La ponencia de la ley se reúne el próximo 23 de septiembre.

Una proposición de ley capital abocada al fracaso

También el pasado martes se incluyó en el orden del día del siguiente pleno del Congreso el debate de toma en consideración de la proposición de ley de delegación de las competencias migratorias a Cataluña, firmada por PSOE y Junts, y fruto de una larguísima negociación de más de un año. El texto, salvo mayúscula sorpresa, morirá el martes por el rechazo rotundo de Podemos a una ley que considera "racista". Los socialistas decían no esperar un castigo por los posconvergentes porque ellos, alegaban, habían "cumplido" su parte y no podían responsabilizarse del voto de un socio de investidura.

El propio Carles Puigdemont ya venía avisando desde semana atrás de que si no se avanzaba en los acuerdos de Bruselas —los suscritos para investir a Sánchez en 2023—, este otoño "pasarán cosas". Para Junts era y es fundamental que se garantice la oficialidad del catalán en la UE, que se aplique la ley de amnistía al expresident o que se materialice la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Y que se ejecuten las inversiones presupuestadas para Cataluña antes de hablar de unas nuevas cuentas públicas.

"Se repasaron todos los temas. Ellos quieren ver concreciones. Estuvieron cordiales, pero exigentes", y no se habló de los Presupuestos para 2026, precisan fuentes conocedoras del contenido de la reunión del jueves, fuera de España, entre Zapatero y Puigdemont

El ambiente de máxima tensión precedió el encuentro que este jueves, fuera de España, mantuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el diputado y miembro de la cúpula socialista Juanfran Serrano —ex mano derecha de Cerdán—, con la comitiva de Junts encabezada por el expresident. Aunque la opacidad planeó antes y después de la cita —nada nuevo bajo el sol, así sucede con todas las reuniones de carácter mensual, habitualmente en Suiza (no siempre) y con el mediador internacional—, fuentes conocedoras del contenido de la misma apuntaron que, básicamente, todo sigue igual de bloqueado. Sin avances "sustanciales": "Se repasaron todos los temas. Ellos quieren ver concreciones. Estuvieron cordiales, pero exigentes". Y no se habló de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, precisaron. En público, boca cerrada. "Conversaciones discretas y acuerdos públicos", recordó este viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la gala de entrega de los I Premios Pedro Zerolo, en el Teatro Magno, el pasado 30 de junio de 2025, en Madrid. | EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

Pasadas las 21 horas del jueves, en otro escenario, en la Moncloa, los periodistas preguntaron al presidente Sánchez, tras su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, si había sido información del resultado del encuentro de Zapatero con Puigdemont. "No tengo información, por tanto, no he tenido... He estado toda la tarde liado. Cuando tenga información la sabrán ustedes, seguro antes que yo", despachó. Sin embargo, unas palabras del mandatario germano sí fueron más determinantes: dio largas a la posibilidad de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos en la UE. Dijo comprender "muy bien" el interés del Gobierno español. "¿Cómo resolverlo? Eso ya lo tendremos que ver", respondió. Merz apuntó que "a medio plazo" una "muy buena solución" podría ser la inteligencia artificial, porque abaratará los costes y permitirá prescindir de traductores, aunque para llegar a ese punto "todavía pasará un poco de tiempo". En definitiva, Alemania se seguirá oponiendo a la solicitud de España, y para aceptarla se requiere la unanimidad de los Veintisiete.

En el Gobierno no esperan ser castigados por Junts por la caída de la cesión migratoria a Cataluña, ya que consideran que han "cumplido" y es Podemos quien la tumbará. El catalán en Europa no saldrá adelante pronto: Merz verbalizó a las claras su rechazo

El Ejecutivo se defiende, frente a Junts, recordando que no está en su mano satisfacer algunas de sus exigencias: el desbloqueo de la ley de amnistía depende de los tribunales; la oficialidad del catalán, del plácet de países como Alemania que hoy por hoy se siguen oponiendo; la cesión migratoria, de Podemos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), ofrece una rueda de prensa junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, tras su encuentro este 18 de septiembre de 2025 en el palacio de la Moncloa. | EFE / ZIPI

Pensar que los posconvergentes puedan apoyar la senda de estabilidad o, posteriormente, el proyecto de Presupuestos, parece casi misión imposible. En el Gobierno, sin embargo, insisten en que nada está dicho y en que la negociación recae directamente en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No les vemos a Junts muy diferentes a como estaban. Ellos van tema por tema, carpeta a carpeta, y lo llevan a gala", indican. Puigdemont ha convocado para el próximo lunes a la dirección del partido, justo después de la cita con Zapatero. "No esperamos un castigo por parte de ellos —replican por su parte en el puente de mando monclovita—. Es que vamos a votar con ellos la delegación migratoria, como prometimos. Ellos saben que nosotros hacemos todos los esfuerzos, al margen de lo que verbalicen".

Podemos "pide la luna"

Con Podemos, el Ejecutivo reconoce un distanciamiento evidente en los últimos meses. Y le inquieta, y asume que tanto los morados como los posconvergentes son los dos socios más complicados de gestionar. La formación de Ione Belarra, de cara a la negociación de las cuentas de 2026, exige la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel —que también pide Sumar pero a la que se niegan la Moncloa y Exteriores con el argumento de que no ayuda a la solución de los dos Estados—, la reversión del aumento del gasto militar —lo que haría estallar los acuerdos de España con la OTAN— y la bajada de un 40% del precio de los alquileres. "Es que cuando nos piden esa bajada del 40% es lo mismo que darnos un no. Es su manera de trasladar un imposible. No se puede pedir la luna", señalan molestos en el corazón del Ejecutivo.

Los morados también están en peticiones de máximos, muy duras. Montero quiere llevar al Congreso "lo antes posible" la senda de estabilidad, pero no se marca aún ningún 'deadline' para entregar los Presupuestos

Hacienda aún no tiene fecha para su propuesta de senda de estabilidad, que cuando esté lista deberá ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de pasar por el Consejo de Ministros, y luego habrá de ser respaldada por Congreso y Senado. La idea de Montero, eso sí, es que llegue "lo antes posible" a las Cortes. Pero, por ahora, no hay deadline, no hay fecha tope para entregar el proyecto de Presupuestos de 2026 al Parlamento para que arranque su tramitación.

El resto de socios son, para el Gobierno, más "proclives" al entendimiento. Bildu y PNV son los aliados más seguros. Y hasta ahora lo era ERC, pero también ha subido el listón. Este viernes, registró en el Congreso, y en solitario (sin el concurso del PSOE, por tanto), su proposición de ley para que la Generalitat pueda recaudar y gestionar el IRPF. El texto de los republicanos [aquí en PDF] plantea la reforma de tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula el sistema de financiación de las comunidades del régimen común y la de cesión de tributos a Cataluña.

Proposición de ley de ERC de delegación del IRPF a CataluñaDescarga

La redacción señala que la Generalitat asumiría a partir de 2026, por delegación del Estado, las "competencias de aplicación, revisión de actos y potestad sancionadora en relación con el IRPF", aunque se establece un periodo transitorio, dada la dificultad de la cesión. Los independentistas quieren que se cumpla su acuerdo con el PSC que sirvió para investir a Salvador Illa como president, Hacienda se agarra a lo suscrito con la Generalitat el pasado julio.

ERC registra su proposición de ley para que la Generalitat gestione y recaude el IRPF a partir de 2026, con un periodo transitorio, una redacción que el Ejecutivo no ve asumible

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, asumió que el Gobierno central se niega y le reprochó su "inmovilismo", en declaraciones a los medios desde Vacarisses (Barcelona). Y reiteró que su partido no se sentará a negociar ni los presupuestos catalanes ni los del Estado mientras no haya avances en el modelo de financiación. Para Hacienda, la proposición de ERC es "inasumible". "Ellos están en que el IRPF debe ser suyo, y nosotros creemos que debe hacerse progresivamente", responden en Hacienda.

Cambio de estrategia claro en la Moncloa

En cualquier caso, el Gobierno ha encarado el nuevo curso político de una forma completamente distinta a como acabó el anterior. De quedarse a la defensiva a pasar a la ofensiva. De temer las derrotas parlamentarias (e intentar evitarlas) a salir a pecho descubierto al Congreso, asumiendo perder el pulso a cambio de retratar a los demás grupos. Pasó con la reducción de la jornada laboral, que decayó la semana pasada por el voto conjunto de Junts, PP y Vox y que en el fondo el Ejecutivo siente haber "ganado en la calle". Y pasará con los Presupuestos: Sánchez ya ha dicho que los llevará al Congreso, con o sin apoyos y, si se los tumban, no convocará elecciones.

Ni siquiera el decreto ley de embargo de armas tiene los votos garantizados. Los posconvergentes, con una posición más proisraelí —Puigdemont ya consideró un "error" boicotear productos y empresas procedentes del país hebreo—, podrían dejarlo caer. "Si perdemos esa convalidación, en realidad también habremos ganado. Es una votación win-win", señalan en la Moncloa.

La Moncloa ha pasado de temer la derrota en votaciones parlamentarias a aceptar que puede perder varios pulsos en la Cámara pero ganarlos en la calle al lograr retratar a todos los grupos. El caso claro serán, en principio, los Presupuestos del año próximo

Los colaboradores del presidente no eluden las dificultades parlamentarias, porque están siempre presentes. Pero insisten en que siguen siendo más las victorias —"26 de 29 votaciones ganadas esta semana", presumen— y en que, como dijo Sánchez el miércoles en el Congreso, este es un Gobierno "estable" si se compara con el baile de primeros ministros en Francia, Reino Unido o Austria. Y, en todo caso, cabe poner el acento ahora más en un tema capital: Gaza.

Desde el Gobierno niegan que se hayan sacado "un conejo de la chistera". Simplemente, alegan, la actualidad manda y Sánchez ha sabido capitalizarla. "Antes del verano, el PP marcaba la agenda y ahora nosotros hemos empezado con fuerza. Lo que ha ocurrido es que los temas serios han vuelto a la primera línea. Y lo que está ocurriendo en Gaza es tan potente que no hay agenda que lo pueda modificar. El juez Juan Carlos Peinado interrogó la semana pasada a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y apenas fue noticia. El PP, en cambio, se ha encontrado con su triste realidad: que llegan los temas serios y no tienen posición y se quedan desubicados", relatan en la Moncloa.

En el Gobierno alegan que lo que está ocurriendo es tan potente que no hay agenda que lo pueda tapar. Reconoce, eso sí, que explota la división en el PP, que los votantes sepan que "a la hora de la verdad quien sabe gobernar es Sánchez" y no Feijóo

El genocidio en Gaza —"masacre" lo llamó Feijóo el miércoles en el Congreso— ha dejado al desnudo la división en la derecha, entre el ala dura del PP que representan Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar, y el sector más moderado. Y en medio, advierten en el PSOE, Feijóo. De ahí que Sánchez se lanzara esta semana contra la presidenta madrileña, dada la "incapacidad" del dirigente gallego de capitanear su partido y de fijar una posición única. "Claro que explotamos la división del PP —admiten en el equipo del líder socialista—. Es que queremos que los que voten a Feijóo se den cuenta de cuando llega la hora de la verdad quien sabe gobernar es Sánchez. A diferencia también de [Alfonso Fernández] Mañueco o de [Carlos] Mazón [los presidentes de Castilla y León y Comunidad Valenciana]. Queremos que la gente responda a la pregunta de si quieren a un Sánchez al frente cuando vienen mal dadas. El PP, en cambio, ha apostado todo a la campaña electoral y al derrocamiento del Gobierno basándose en el desprestigio y la deshumanización del rival, y se le ven las costuras". Feijóo sorprendió el miércoles al dedicar su réplica al presidente en la sesión de control en el Congreso no a los casos de corrupción que manchan al Ejecutivo, sino a Palestina. Para atacar al líder socialista, pero también para endurecer su posición contra Benjamin Netanyahu.

Los "subtemas" con forma de anuncios

Creen en el Ejecutivo que, tras los incendios del verano y el agravamiento de la guerra en Gaza, al PP le habría salido "gratis" apoyar al Gobierno en su oferta de pacto de Estado frente a la emergencia climática o de medidas contra el "genocidio" en Palestina. "Pero están cerriles, atrapados por el PP de Madrid, el PP de Ayuso, porque Feijóo se ha echado en sus brazos para no ser desalojado y la consecuencia es que está muy desdibujado", completan. Gaza no saldrá en los próximos días de la actualidad: por la Asamblea General de la ONU y por el Consejo de Ministros del martes que dará luz verde al decreto ley de embargo de armas. "A tope" continuará la coalición potenciando este marco favorable y que le hace conectar con una mayoría del electorado, incluso el que se declara conservador: el 82% de los españoles, según ha detectado el Real Instituto Elcano y ha repetido Sánchez, califica de "genocidio" lo que ocurre en la Franja.

No hemos parado. Hemos recuperado la iniciativa. El PP nos la quitó en el segundo trimestre de 2025 y ahora nosotros tenemos una posición de fuerza, con un Feijóo al que las encuestas no le acompañan y desdibujado", destacan en el núcleo duro de Sánchez

El núcleo duro del presidente remarca que también ha "acertado" con los "subtemas" que han ido configurando la actualidad de las últimas semanas: desde el apoyo a las protestas propalestinas horas antes incluso de la última etapa de La Vuelta —el PP interpretó que Sánchez "alentó" las manifestaciones—, hasta anuncios como la revocación de la autorización de más de 53.000 pisos ilegales, las medidas de ayuda al acceso a la vivienda para jóvenes, el anteproyecto de ley antitabaco o la reducción de la jornada lectiva de los profesores —un máximo obligatorio y por ley de 23 horas en segundo ciclo de infantil y en primaria y un máximo de 18 horas para ESO y bachillerato—. "No hemos parado. Hemos recuperado la iniciativa claramente. El PP nos la quitó en el segundo trimestre de 2025 y ahora somos nosotros los que tenemos una posición de fuerza, con un Feijóo al que las encuestas no le acompañan y desdibujado", destacan. En la Moncloa apuntan a encuestas como la de GAD3 para Abc, que pintó a un PP con los mismos 137 escaños que en 2023 y un Vox disparado (de 33 a 61 escaños). Los socialistas creen haberse recuperado de la brutal caída que siguió al estallido del caso Cerdán y en condiciones de crecer.

El dominio de la agenda, en un mandato en la que la producción legislativa es mucho menor y en el que ha aumentado la polarización, se ha convertido en la madre de todas las batallas. En el asidero al que el Gobierno quiere seguir aferrándose, consciente de que cada vez trenzar acuerdos con sus socios será más complicado. "Es verdad que al principio teníamos más cerrado el apoyo de Junts y Podemos, pero luego ese respaldo se ha ido erosionando, por el caso Cerdán, por la cercanía del ciclo electoral", explican en la Moncloa, mirando, obviamente, a los comicios que marcarán este curso: los de Castilla y León y Andalucía, en principio previstos para la primavera de 2026. "Nuestros socios no están donde estaban, y nosotros nos hemos tenido que mover, pelear en el Congreso. Y aunque perdamos votaciones podremos decir al ciudadano que unos estuvimos aquí y otros en el lado contrario", acaban en el núcleo de Sánchez.

El Ejecutivo explica que la cercanía electoral también aleja a sus socios. Pero ahora su empeño es seguir controlando la agenda: "Vamos a seguir por aquí. No nos vamos a poner la zancadilla nosotros mismos, más cuando el PP se ha metido en un callejón"

El balance, en estas primeras semanas de curso, se salda en verde para el Gobierno. Porque ha recuperado terreno, ha impuesto su agenda, ha evidenciado la división de la derecha y a su vez esta, extremando su postura, defienden, está "excitando al electorado progresista", despertándolo, algo capital para cuando se acerquen las urnas, porque uno de los problemas que encaraba el PSOE era precisamente la desmovilización de sus filas. "Nosotros vamos a seguir por aquí. Liderando la línea —prometen en las alturas del Ejecutivo—. No nos vamos a poner la zancadilla nosotros mismos, más aún cuando el PP se ha metido en un callejón".